El ministro de Sanidad niega que se vayan a reducir las prestaciones y promete aumentar los presupuestos

El ministro de Sanidad y Consumo, Julián García Vargas, aseguró ayer que el Gobierno tiene el propósito de. aumentar los presupuestos sanitarios, para equipararlos a los europeos, y que no se van a reducir las prestaciones sanitarias que ahora ofrece la Seguridad Social. García Vargas afirmó que las declaraciones que efectuó la semana pasada han sido malinterpretadas por sus adversarios políticos a causa del periodo electoral. El ministro reiteró que la limitación de los recursos obligará a establecer prioridades a la hora de decidir qué nuevas prestaciones debe ofrecer la Seguridad Social.

"Existe el firme propósito de seguir elevando los gastos públicos sanitarios hasta igualarlos progresivamente con la media de la Comunidad Europea (CE), pero no somos un país rico, no podemos equivocamos y, tenemos que dirigirlos hacia las prestaciones y los servicios que son más necesarios", dijo el ministro al abrir el I Congreso Europeo de Economía de la Salud, que ayer se inició en la facultad dé Económicas de la universidad de Barcelona.

El ministro, que cuidó exquisitamente las expresiones de su discurso, indicó qué las reformas en curso persiguen precisamente una mayor eficiencia de los recursos disponibles. Indicó que en los próximos años se desarrollará el Servicio Nacional de Salud previsto en la ley General de Sanidad de 1986, con una estructura descentralizada en favor de las comunidades autónomas y coordinado a través del Consejo Interterritorial, cuyo objetivo más inmediato es, según dijo tras el discurso, homologar criterios de prestaciones sanitarias, ya que en estos momentos no todas las comunidades ofrecen las mismas prestaciones.

García Vargas afirmó que el Servicio Nacional de Salud deberá seguir siendo "mayoritariamente público" en lo que se refiere a la titularidad de los recursos, aunque deberá contar con la oferta sanitaria privada mediante el establecimiento de los correspondientes conciertos. El ministro indicó que la oferta privada "deberá centrarse en los cuidados intermedios y partir preferentemente de entidades sin fines de lucro".

La gestión de los centros sanitarios públicos deberá regirse por criterios "de empresa de servicios". Al respecto, el ministro señaló la conveniencia de aplicar en un futuro inmediato las "auditorías de rendimientos y resultados en términos de salud" como incentivos generales.

Entre los objetivos para los años noventa, el ministro resaltó: "Se debe invertir preferentemente en centros de cuidados intermedios, hospitales de día y asistencia a domicilio, que hoy son nuestros principales puntos débiles, con perjuicio del buen funcionamiento hospitalario". El sistema de prioridades deberá ser especialmente claro, afirmó García Vargas, en la introducción de nuevas tecnologías que "deberán cubrir en primer lugar las necesidades más perentorias, a las personas más débiles o los servicios más saturados".

Para ello, se establecerán a través del Consejo Interterritorial que reúne a las distintas autonomías "unos criterios de incorporación de nuevas prestaciones que permitan a los ciudadanos disponer (le un catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud, del que España carece todavía a diferencia del resto de países europeos". Es decir, qué entra y qué no entra en la Seguridad Social.

Pero, a juicio del ministro, "el establecimiento de prioridades no puede dejar de aplicarse también a las nuevas inversiones en servicios y prestaciones ya existentes, y dar también preferencia a las que traten patologías más serias y las que afectan a más personas". "Como ven", añadió "no se trata en absoluto de reducir las prestaciones existentes, ni de dificultar la incorporación de otras nuevas, a lo que no me he referido nunca y que desmienten los propios hechos".