El PCE alega contra la propuesta de archivar el caso del espionaje a los partidos

El Partido Comunista de España (PCE) presentó ayer ante la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Madrid sus alegaciones sobre el caso de espionaje policial a partidos políticos, sobre todo al PCE y al Partido Popular -antes AP-, después de que el fiscal ha solicitado el archivo de esas diligencias al entender que no hay indicios de actividad delictiva. El PCE replica a los argumentos de la fiscalía, en concreto el de que no hay malversación del presupuesto al pagar con fondos reservados a los "colaboradores".

El representante legal del PCE, José Luis Núñez, presentó ayer en la Audiencia Provincial sus alegaciones, y en breve lo hará la representante legal del Partido Popular, Rosa Vindel. La sala quinta tendrá que decidir, después de escuchar las razones del fiscal y de los presuntos afectados, si ordena o no el procesamiento de Jesús Martínez Torres, comisario general de Información, y de Alberto Elías Hernández, jefe de la brigada de Interior.Por su parte, el comité central del PCE, en su última reunión, ha hecho una declaración en la que protesta por la actitud "pasiva" de la fiscalía, y observa en este caso "concurrencias" con el caso Amedo. Este partido político seguirá adelante con sus acciones legales, y lo mismo hará el Partido Popular, según dijeron fuentes jurídicas de la organización que lidera Manuel Fraga.

En sus alegaciones, el PCE llama la atención sobre el hecho de que el fiscal pida ahora a la Dirección General de la Policía si ha autorizado o no la destrucción de libres con antigüedad superior a un año, cuando pudo hacerlo hace "muchos meses", afirmó el letrado del PCE. Desde la Dirección General de la Policía se afirmó que los libros en los que figuraba precisamente la información sobre los partidos políticos habían sido destruidos por razones de seguridad".

El fiscal, al pedir el pasado 1 de junio que se archivaran las diligencias, informaba que no había nada nuevo, y se remitía a que el Tribunal Supremo había declarado la exención de responsabilidad del vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, y del entonces ministro del Interior, José Barrionuevo. El PCE recuerda que el Tribunal Supremo sólo declaró exentos de responsabilidad a esas personas con fuero especial por sus cargos, pero no a los miembros de la policía presuntamente implicados.

Los argumentos del juez

Por otra parte, como "elementos nuevos" en las alegaciones, se apela al auto del juez José María Vázquez Honrubia, que para los representantes de este partido siguen siendo válidos y esclarecedores.

Especialmente llaman la atención sobre el siguiente párrafo del auto escrito por el juez: "La prueba testifical de dos antiguos miembros de la brigada, el señor Félix Gallego y el señor Medina, que han declarado, el primero, tanto en la información interna abierta por la propia policía, y que fue archivada, como ante esta autoridad judicial, que le fue encargado hacer informaciones sobre el Partido Socialista Obrero Español, y el segundo, en su larga, prolija y contundente declaración en este juzgado, que, en síntesis, ha ratificado que se hacían investigaciones sobre partidos y personas, elevando los resultados por la vía jerárquica correspondiente".

"Como ante los recelos y las desconfianzas surgidas por los avatares de la política y por la adscripción ideológica de los funcionarios al mando se llegó a 'puentear' a la brigada en determinado momento, pasando las informaciones sin interés policial pero con interés político a la comisaría general de Información hasta la llegada del comisario Elías, de plena confianza del señor Martínez Torres". "Éste reestructuró la brigada dando las órdenes para que se investigara a partidos concretos, lo cual ha sido ratificado por el señor Félix Gallego".

Por último, el PCE considera muy grave que el fiscal diga que no puede haber malversación de fondos porque no se ha probado el pago a los colaboradores, "pero, aun en el caso de que se hubiera probado, uno de los destinos lógicos de los fondos reservados de la Policía es el pago a los colaboradores".

El representante legal del PCE, José Luis Nuñez, no discute la práctica habitual en la Policía de pagar a informadores, pero discrepa totalmente de que se utilicen fondos reservados para remunerar a colaboradores a los que se encarga de espiar a partidos políticos democráticos.