Gobierno-sindicatos, plan de paz
Me parece, no sé si me equivoco, que una buena y amplia parte de las gentes de este país está casi por igual perpleja y escindida ante dos hechos que no acaba de comprender y, menos aún. de justificar: uno -prioritario en el tiempo y con mayor carga de responsabilidad política-, que el Gobierno y, dentro de él, los tecnócratas y científicos economicistas hayan dejado llegar las cosas a esta situación y a este punto de no entendimiento con unas centrales sindicales que, durante todos estos años, para nada han dado muestras de extremismo, radicalismo o intolerancia; dos, que justamente por eso -y aunque pueda alegarse agotamiento final, saturación, la gota, el PEJ, que desborda el vaso- se esté viendo tal vez como excesivamente rápida y desproporcionada, como, por tanto, no del todo justificada, la escalada hacia ese último recurso que es siempre para la clase obrera la huelga general.Ante esta situación, y como el tiempo urge -prácticamente se está agotando ya el breve margen disponible-, me atrevo a hacer aquí la siguiente pro puesta, heredera de otras mil que a se han hecho para una -¿todavía posible?- reapertura de diálogo y negociaciones que eviten, aun sin dramatizar graves consecuencias objetivas, no queridas en el fondo por ninguna de las dos partes y, desde luego, que tampoco por la inmensa mayoría de los ciudadanos.
Dicha propuesta -sólo metafóricamente plan de paz, pues tampoco se trata de ninguna guerra- incluiría, entre otras posibles, las siguientes condiciones, ya bien conocidas, por lo dernás, por los frustrados interlocutores:
1. Retirada inmediata por el Gobierno del denominado Plan de Empleo Juvenil (el ya citado PEJ), como signo inicial de, por su parte, buena disposición para la negociación, y el compromiso serio de sustitución por otro elaborado en colaboración con los principales actores socia es en él en mayor medida implicados.
2. Reunión, también inmediata de las cumbres gubernamental y sindical, con objeto de establecer un plan firme de conversaciones y de negociación sobre la política económica y laboral del país, donde se plantearía, por supuesto, el estudio de la, medidas concretas reclamadas por los sindicatos en el escrito de comunicación al Gobierno de la decisión de convocatoria de paro general. Lo anterior no excluye, desde luego, la intervención en su momento de la patronal y, sobre todo, para nada afecta ni debe afectar a la plena legitimidad y soberanía, eni última y decisiva instancia, de la institución parlamentaria, demás órganos de carácter constitucional.
3. Compromiso explícito de renunciar a interpretaciones de tales diálogos e hipotéticos, necesar¡os, acuerdos en términos del tradicional trágala, de la díaléctica -una vez más a superar- de vencedores y vencidos. Podría llegarse, pues, a la publicación de un texto o documento común inicial recogiendo ese prepósito de resolver por dichas vías los problemas aquí en este momento, y en un futuro próximo, planteados. Si se considera se oportuno por ambas partes, cabría incluso admitir la presencia en todo este proceso de un reducido número de personas de calificada notoriedad profesional e intelectual, tanto a efecto de ampliar y hacer más plural el testimonio como de facilitar eventualmente las vías de tan necesario entendimiento.
4. Desconvocatoria, si los puntos anteriores se aceptan, de la huelga o paro general previsto, y ya en muy avanzado estado de preparación, para el próximo día 14 de diciembre, así con lo de las manifestaciones concurrentes con ella. Tanto poder y legitimidad se prueban al convocar una huelga como al desconvocarla o, es bien conocielo, al saber terminarla. Entre otras cosas, todo este movimiento y actividad de las últimas semanas habría ya servido, y debería seguir valiendo, para avanzar en una socialmente más amplia y detenida consideración, en un mejor y más riguroso conocimiento -una más democrática toma de conciencia decíamos hasta hace muy poco-, acerca de los problemas económicos y, conectados a ellos, de los problemas; políticos y sociales que -con un país en marcha, quede esto claro tenemos, no obstante, penclíentes todavía de resolución y hasta de adecuado planteamiento. Ésta sería, a mi juicio, la mejor conmemoración que en este diciembre de 1988 podríamos hacer de los 10 primeros años de vida de nuestra democrática y progresista Constitución.
Nota final: En mi opinión, todo lo anterior valdría, aunque fuese ya tarde o insuficiente, para desconvocar. Si al fin se va, pues, a la huelga general, que es una huelga legal, que lo sea para bien y que lo sea en paz. Y que todos sepamos sacar de ella útiles y justas enseñanzas: "Se gane o se pierda", ¿por quién?, la huelga no deslegitima ni al Gobierno ni a los sindicatos. Lo que, antes o después de ella, puede, en cambio, contribuir a la lenta desleglumaclón de ambos, a la pérdida de confianza ante amplios sectores del país, es precisamente el dogmatismo y la cerrazón ante las posicíones y los argumentos ajenos, la incapacidad o la no voluntad para el acuerdo y el entendimiento, siquiera sea parcial y progresivo, dentro siempre de un marco realista y, por supuesto, constitucional.
