Familiares de compañeros de Amedo fueron contratados para la jefatura de policía de Bilbao

El Gobierno Civil de Vizcaya contrató como auxiliares administrativos interinos en agosto, para la Jefatura Superior de Policía de Bilbao, a ocho familiares de otros tantos cargos públicos y funcionarios policiales, casi todos ellos relacionados por su trabajo con el subcomisario José Amedo. La convocatoria de plazas, que ha suscitado amplio malestar en medios policiales, es normal "por razones de seguridad", según el actual gobernador civil, Daniel Vega, que juzga "absurdo y descabellado" establecer cualquier posible vínculo entre estas contrataciones y el caso del subcomisario procesado por su relación con los GAL.

Entre los contratados se encuentran, según han informado fuentes policiales, una prima del entonces gobernador civil de Vizcaya, Iñaki López; una prima de la esposa del jefe superior de Policía de Bilbao, Miguel Planchuelo; una hija del comisario José Antonio Maeztu, antiguo secretario general de la jefatura, y un hijo de Antonio Zamora, subcomisario de la Brigada de Información y jefe de la misma hasta el año pasado.También han sido contratados mediante la misma convocatoria la esposa de José Pereiro, inspector jefe y responsable del grupo quinto de la misma Brigada de Información; la esposa de Carlos Cordero, inspector jefe y responsable del grupo segundo de la misma brigada; la esposa de Rafael Esguevillas, inspector de la Brigada de Policía Judicial, y una familiar próxima de Amparo Villoslada, habilitada de la Jefatura Superior.

Medios policiales de Bilbao consideran "sorprendente" el hecho de que estas ocho personas que han logrado colocar a un familiar en la convocatoria, hayan mantenido, con una sola excepción, una relación próxima por razones profesionales con el subcomisario José Amedo.

Estos medios, no obstante, no quieren "dar ninguna interpretación apresurada a esta circunstancia".

Además de Iñaki López y Planchuelo, responsables superiores del subcomisario procesado, Maeztu ha sido largo tiempo secretario general de la jefatura y hombre de la máxima confianza del jefe superior, mientras que Zamora, Pereiro y Cordero han sido compañeros próximos de Amedo en la Brigada de Información (antiterroristai). Finalmente, como habilitada, Villoslada es la persona encargada de entregar a los funcionarios y controlar las cantidades disponibles como gastos reservados.La adjudicación de plazas se efectuó en el mes de agosto, en plenas vacaciones de verano. La convocatoria está fechada el 8 de agosto y la resolución con los nombramientos se produjo el 30 del mismo mes, dos días antes del cese efectivo de Iñaki López en su cargo y de la toma de posesión del actual gobernador, Daniel Vega. Medios sindicales de la policía aseguran que la convocatoria fue "semiclandestina" y prácticamente nadie tuvo ocasión de conocerla. El subcomisario Amedo había ingresado en prisión, junto con el inspector Michel Domínguez, procesado en la misma causa, el 13 de julio.

Daniel Vega manifestó ayer que la convocatoria fue expuesta 15 días en el Gobierno Civil, en la Jefatura Superior de Policía y en la Delegación de Tráfico, según consta en los correspondientes registros de entrada y salida de los respectivos tablones de anuncios, y explicó su publicación en agosto por razones de urgencia en la incorporación del nuevo personal.

Además de los ocho citados, fueron contratadas otras siete personas, entre las que figuran familiares próximos de funcionarios del Gobierno Civil, pero sin relación directa con la policía.

Los sindicatos de funcionarios civiles representados en la Junta de Personal conocieron con antelación la convocatoria de plazasy no expusieron objeción alguna, según la explicación oficial."Personas de confianza"

Para Vega, el criterio de selección por parentesco familiar se aplica por razones obvias de seguridad. "No podemos permitir", explica el gobernador, "que entre cualquiera a trabajar en la jefatura de policía, mezclado con los funcionarios de la lucha antiterrorista. Deben ser personas de confianza acreditada, y el mejor criterio es el parentesco con nuestros propios funcionarios". El gobernador pidió que se piense en la posibilidad de que accedan a determinadas plazas en las comisarías afiliados al sindicato LAB, perteneciente, junto a ETA, a la KAS (Coordinadora Abertzale Socialista).

Daniel Vega consideró la contratación plenamente legal y subrayó el carácter interino, sin plazo fijo de finalización del contrato, de las plazas adjudicadas, aunque el tiempo de servicio a la Administración acumulado por los contratados les servirá de mérito en una futura oferta pública de empleo. El gobernador civil insistió también en la publicidad de la convocatoria, "a la que hubieran podido concurrir con similares garantías de seguridad esposas o familiares de todos los policías de Vizcaya", dijo, aunque reconoció que se presentaron poco más de 30 solicitudes para las 15 plazas.