La fiscalía no ha hecho una sola investigación en el sumario sobre los GAL
La actitud de la Fiscalía General del Estado en el sumario sobre las implicaciones de policías e instituciones con los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) se ha caracterizado por no haber emprendido una sola investigación. El fiscal de este caso, Ignacio Gordillo, ni siquiera realizó preguntas a los policías José Amedo y Michel Domínguez el miércoles, cuando fueron citados por el juez e ingresados posteriormente en la prisión de Logroño. El plazo para elevar recurso al auto de prisión de los policías concluyó el sábado, y el fiscal, como era previsible, se ha abstenido de presentarlo.
El fiscal general del Estado, Javier Moscoso, no ha ordenado ninguna investigación sobre la supuesta implicación de policías e instituciones con los GAL después de los numerosos indicios de delito aportados por la justicia francesa, portuguesa y española, que han llevado a la cárcel a los policías José Amedo y Michel Domínguez.La Fiscalía General del Estado está facultada para realizar ese tipo de investigaciones, y especialmente si afectan a un asunto tan grave como la posible conexión de funcionarios españoles con una banda terrorista. Fuentes judiciales opinan que el actual método de designación del fiscal general del Estado por el Gobierno dificulta que investigue las irregularidades que puede cometer el Ejecutivo que le ha nombrado.
Este periódico intentó ayer comunicarse con el fiscal del Estado, Javier Moscoso, pero estuvo ilocalizable en su domicilio. Sin embargo, Moscoso se negó recientemente a opinar sobre el caso argumentando que el asunto se encuentra sub júdice, pero tampoco explicó por qué, después de varios años de razonadas implicaciones de funcionarios españoles en las actividades de los GAL, la Fiscalía no ha abierto ninguna investigación sobre ese delicado asunto como debería ser lo lógico y obligado, en opinión de fuentes próximas al caso.
Moscoso tampoco quiso explicar si la Fiscalía -personada, obviamente, en el sumario- iba a recurrir el auto de prisión dictado por el juez Garzón contra los dos policías implicados, aunque añadió que Ignacio Gordillo es un funcionario competente y le informaría sobre cualquier paso que decidiera tomar.
El fiscal no ha recurrido ese auto, como era previsible, dado que el plazo de tres días para presentarlo ha concluido ya.
La posición de la Fiscalía coincide plenamente con la postura del Gobierno, que no ha investigado nunca las actividades de los GAL, como reconoció recientemente la portavoz del Ejecutivo Rosa Conde
Esta actitud del Gobierno es duramente criticada por la oposición y especialmente por los partidos vascos, que opinan que esa postura del Ejecutivo viene a demostrar la ausencia de transparencia e iniciativa por aclarar un asunto que afecta a las estructuras básicas del Estado de derecho.
Obstaculizar
La postura del Gobierno, incluso, ha sido la obstaculización de dicha investigación, en opinión de las fuentes consultadas.
El Gobierno se ha negado a informar al juez sobre los fondos reservados del Ministerio del Interior, cuando el juez Garzón estima en uno de sus autos que existen suficientes indicios como para creer que parte de los mencionados fondos de ese departamento fueron desviados para financiar las actividades de los GAL.
Según fuentes próximas al caso, el juez tiene intención de seguir buscando esos datos por considerarlos de relevante importancia para la investigación.
El magistrado Baltasar Garzón no está de acuerdo con la respuesta de Barrionuevo y los razonamientos jurídicos de los servicios del Estado, y tiene intención de trasladar a la Sala Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional, que debe decidir sobre los procesamientos de los policías, su postura de obtener la información concreta sobre parte de esos fondos.
