El reto a un Estado de derecho
"Si la autoridad no tiene oídos para escuchar, es que tampoco, tiene cabeza para gobernar". (Anónimo popular.)En nombre de los perjudicados por el escándalo Matesa -que en 1969 conmovió a la opinión pública y fue calificado como el proceso del régimen-, creemos que ha llegado el momento de aclarar definitivamente este asunto ante la historia y el pueblo, que así lo entendió cuando, a través de sus legítimos representantes y mediante una ley expresa para este caso concreto (ley 44/1981, disposición transitoria), propuso el arbitraje o la transacción, excluyendo cualquier otra posibilidad, para la "liquidación definitiva de las cuentas pendientes de Matesa", sumidas, como no podía menos de suceder, en un increíble caos jurídico y económico.Matesa adquirió una idea francesa -nueve patentes- en 1957, las desarrolló -más de 100 patentes y depósitos-, las ofreció en la Feria Textil de Milán 1959 y tuvo tanto éxito que el propio ministro de Industria -poco después presidente del Banco de Crédito Industrial- se presentó espontáneamente en Matesa (Pamplona) y le convenció de que debían explotarse desde España, ya que la exportación empezaba a ser un objetivo prioritario. Al renunciar a la venta de licencias, implícitamente se le obligó a transformarse en una multinacional, posibilidad que la ley aún no consideraba en EspañaAcusacionesLa sentencia se basó (1976) en que el Banco de Crédito Industrial -que no concedía los créditos más que si estaban asegurados, y lo estaban todos- y Crédito y Caución, SA -que no aseguraba más que si el prestatario, español o extranjero, merecía su confianza; se la merecieron todos-, desconocieron las relaciones entre Matesa y algunos compradores (filiales, red comercial y distribuidoras), por lo que se entraba en el campo del engaño, imprescindible para poder calificar de estafa los hechos probados.
Pero, desgraciadamente, fue la justicia la que ignoró la correspondencia entre aquéllos -cartas de 6 de junio de 1967, 15 de junio de 1967, 21 de marzo de 1968, etcétera-, ya que demostraba exactamente todo lo contrario.
La otra grave acusación, los stocks de telares -forzados por la obligada fabricación en serie, tampoco prevista por la leyfueron tranquilamente vendidos por la administración judicial de Matesa (1969-1985) a pesar de las precarias condiciones en que quedó la empresa tras el escándalo; incluso dejó para la subasta un infravalorado activo de 1.190 millones de pesetas.
Pero si durante la dictadura la necesidad política exigió enmascarar la verdad, y lo que entendía como bien público justificaba cualquier mal particular, en una democracia el derecho del Estado debe someterse inexorablemente: al Estado de derecho, porque las injusticias hechas a unos hombres son una amenaza para todos»
En julio de 1969 era de todos conocido el enfrentamiento interno entre los ministros tecnócratas y azules del Gobierno y los hechos sucedieron así:
16 de julio. Los ministros económicos -tecnócratas- llegan a un acuerdo con los accionistas de Matesa para regularizar la red comercial, stocks e inversiones exteriores, y todo ello, más el resto de su patrimonio familiar, se pone en garantía del buen fin de los créditos, cuyo vencimiento se extendía a lo largo de los siguientes cinco años. El balance consolidado de Matesa, oficial y recientemente auditado, correcto y equilibrado, ascendía a 11.755,4 millones de pesetas. Seguía el apoyo a Matesa.
21 de julio. El Consejo de Ministros aprueba el acuerdo.
22 de julio. Nombramiento de don Juan Carlos como sucesor a título de Rey.
23, de julio. Pero, inexplicablemente -entonces-, el director general de Aduanas denuncia a Matesa ante Delitos Monetarios, que interviene la empresa y encarcela a accionistas y directivos.El escándalo estaba servido (escándalo, derivado del griego scandalón, que significa trampa u obstáculo para hacer caer). Efectivamente, todos los medios de comunicación oficiales (Prensa, radio y televisión, en manos de los azules) lanzan una campaña de desprestigio contra los ministros tecnócratas, que termina con el procesamiento de tres de ellos -por el Tribunal Supremo en Pleno, por primera vez en la historia- y de siete altos funcionarios más, todos ellos de una honradez fuera de duda.
Pero como para llegar aquí fue necesaria la intervención de todas las instituciones del régimen, Franco se inventó un indulto previo y vinculante (octubre de 1971) que impidió a los procesados no sólo defender su honor públicamente -como hubiera sido su deseo-, sino poner en evidencia todas las falsedades y servilismos a que hubo que recurrir para montar el escándalo. También se nos indultó la multa de 1.658 millones que nos impuso Delitos Monetarios, ahorrándose a su vez lajugosa prima que correspondía a los denunciantes.
El escándalo hirió de muerte a Matesa, que, tras un año de parálisis casi total, tan sólo pudofacturar unos 22.000 millones (en pesetas de hoy) hasta la sentencia Matesa (1976) y 6.000 millones (ídem) desde entonces hasta su desaparición en marzo de 1983.El autodesprestigio internacional fue decisivo, abandonando a más de 700 clientes en 50 países, pero dejando como herencia una tecnología -tejer sin lanzadera que se ha impuesto a nivel mundial.El progreso no es una simple crónica: es una epopeya. Durante estos 16 años de administración judicial se impagaron los créditos y se perdieron los 11.755,4 millones del activo inicial. También se traspapelé el acta del Consejo de Ministros que aprobaba el acuerdo con los accionistas (Ministerio de Hacienda, 6 de agosto de 1969, salida 7.9 10).Fraude administrativoHasta la intervención de Delitos Monetarios -y luego de la justicia- Matesa estaba totalmente al corriente: se habían ya pagado unos 4.000 millones a la banca -oficial y privada- y 400 de impuestos, 500 de intereses y 600 en primas de seguros aproximadamente.Porque el Estado -evitemos los organismos interpuestos no dejaba un duro sin la previa concesión, suscripción y pago de las obligatorias pólizas de seguro de Crédito y Caución, SA, que le garantizaban la recuperación, en caso de siniestro, del 90% del préstamo. El 10% restante, avalado por los accionistas, fue religiosamente liquidado por uno de ellos, en 1973, tras una transacción impuesta. Recuérdese además que todos los préstamos vencieron durante la administración judicial.
Crédito y Caución, SA, que tenía el monopolio de este tipo de seguros a la exportación, retenía una pequeña parte del riesgo y reaseguraba el resto -también obligatoriamente- en el Consorcio de Compensación de Seguros, organismo autónomo del Ministerio de Hacienda, quien, a su vez, debía "retroceder los excedentes de sus riesgos comerciales en instituciones reaseguradoras extranjeras", según el decreto 2881/1966, de 10 de septiembre. Hecho este preámbulo, veamos lo que pasó:
El 26 de noviembre de 1969 Crédito y Caución, SA, presionada por el Consorcio de Compensación de Seguros, comunica al Estado (Banco de Crédito Industrial, BCI) que declara nulas las pólizas de seguros. En mayo de 1970, don José María Gil-Robles, que dirige la defensa de los procesados por el caso Matesa, considerando fundamental la validez de los seguros, inicia una profunda y larga investigación sobre el tema.
El Consejo de Ministros acuerda reclamar judicialmente -el 11 de septiembre de 1970contra Crédito y Caución, SA, pero, incomprensiblemente, los juzgados y audiencias declaran nulos los seguros por los que Matesa pagó 600 millones.
. Sorprendida la defensa por estas sentencias contra el Estado y el derecho, intensifica su investigación y da, finalmente, con la clave: el Consorcio de Compensación de Seguros, incumpliendo el decreto 2881/1966, "no había retrocedido eficazmente los riesgos en la forma prevista" (como incluso reconoce actualmente el Instituto de Crédito Oficial, ICO, cuaderno número 2 de 1987).Pólizas nulasEl Consorcío habia quedado con el culo al aire, como vulgarmente se dice, y el Estado estaba pleiteando contra el Estado. En estas circunstancias -según vio claramente nuestra defensa-, la Administración era la mayor interesada en llegar al juicio Matesa con las pólizas totalmente nulas: en primer lugar, para justificar el escándalo con unas condenas penales y económicas verdaderamente fuertes -absolutamente imposibles en caso contrario-, y en segundo, para enterrar definitivamente el fraude administrativo en que se había incurrido.
En último lugar, también recuerdo las palabras de mi querido y admirado abogado, don José María Gil-Robles: "La mayor dificultad para su absolución, querido Juan, son los seis años de prisión preventiva que lleva usted a cuestas, y a las instituciones hay que protegerlas... En algo tan grave nunca se equivocan...".
