Un paso adelante
EL CONSENSO logrado en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU sobre el tema cubano ha puesto fin a un debate que ha sido manipulado desde sus inicios por la voluntad de Estados Unidos de imponer un castigo político al régimen de Fidel Castro. España, respaldando al grupo de países latinoamericanos, ha desempeñado un papel importante en este desenlace, facilitado por la decisión cubana de invitar a miembros de la comisión de la ONU a viajar a su país e inspeccionar el estado de los presos políticos. Ello permite a la diplomacia norteamericana proclamar que ha logrado su objetivo; pero lo cierto es que Washington perseguía otros propósitos y con su actitud había hecho prácticamente imposible un resultado favorable en él terreno de los derechos humanos. Al final, no tuvo más remedio que sumarse al consenso general, renunciando a que su propuesta fuese sometida a votación.La posición de los representantes norteamericanos, que utilizaron presiones de todo tipo, había causado irritación entre los países latinoamericanos y los miembros europeos de la OTAN, que veían cómo eran sometidos a una especie de test de fidelidad. En un viaje especial que realizó a Ginebra el delegado de EEUU en la ONU, general Vernon Walters, hizo una distribución previa de premios y castigos: votar contra la moción patrocinada por su país equivalía a un "gesto inamistoso"; abstenerse sería una "actitud lamentable". Con esa actitud se dificultaba que los países pudiesen votar en función del contenido real de las mociones.
Para esta discusión, Estados Unidos nombró como su representante a un antiguo preso cubano nacionalizado. Si quiso dar así más relieve a su actitud, ¿por qué no fue delegada de EE UU, cuando se trató de Chile, la viuda de Orlando Letelier, el ministro de Salvador Allende asesinado en Washington por agentes de Pinochet? A lo largo de estos años, la Administración Reagan ha instrumentalizado de modo abierto el tema de los derechos humanos, de forma que las acusaciones -por muy ciertas que éstas fueran- se han esgrimido antes en función de la coloración política de los Estados afectados que de la naturaleza real de las transgresiones denunciadas, lo que acaba por dañar la causa de los derechos humanos.
La invitación que Cuba ha hecho a la comisión de la ONU tiene un valor que desborda el debate en que se ha producido. Habitualmente, cuando los cubanos -como también los soviéticos y otros países socialistas- son acusados de no respetar los derechos humanos, contraatacan afirmando que los países capitalistas desprecian derechos sociales tales como el que los ciudadanos tienen al trabajo, la vivienda, la salud, etcétera. Esa respuesta implica una falacia. Que haya presos políticos, y que éstos sean maltratados, supone una responsabilidad de gobierno -y una posibilidad de corrección- muy distinta de la que se puede tener respecto del paro o de la falta de viviendas.
Al aceptar que la comisión de la ONU visite sus cárceles, Cuba ha dado un paso hacia el reconocimiento de un principio que se abre camino en el mundo. El respeto de los derechos humanos, con rango ya de ley internacional, debe traducirse en hechos que impliquen, en la práctica, retrocesos del principio de soberanía nacional. Ya no debe regir, sobre los derechos humanos, la actitud clásica del Estado nacional: "es cosa mía". La comunidad internacional tiene derecho a decir "es cosa nuestra" y atribuirse un derecho de inspección. Si Estados Unidos se hubiese encastillado en su propuesta es muy probable que hubiese puesto en peligro lo que objetivamente ha constituido, a la postre, un avance sin precedentes en la lucha internacional por la defensa de los derechos humanos.
