Mujeres maltratadas

EL TESTIMONIO aportado al Senado por la directora del Instituto de la Mujer, Carlota Bustelo, sobre los malos tratos a mujeres arroja una luz tétrica sobre la violencia oculta que germina en la intimidad de muchas parejas españolas y en el seno del mundo familiar. Las denuncias por malos tratos a mujeres en 1987 fueron 16.500, pero la cifra, con ser voluminosa, sólo representa el 5% de los casos ocurridos en la realidad. En 89 casos la agresión concluyó con la muerte de la mujer, y en otros 1.200, las lesiones ocasionadas fueron lo suficientemente graves como para ser constitutivas de delito.Pero el informe de la directora del Instituto de la Mujer no sólo tiene la virtud de poner a la vista de todos el trasfondo vergonzante de una sociedad que aúna la vanagloria de mantenerse fiel a los valores tradicionales de la familia con la insensibilidad ante la agresión, la prepotencia o el ejercicio del más rancio autoritarismo contra los miembros más débiles del grupo familiar. La conquista de la igualdad a todos los efectos en el seno de la pareja o la consolidación de unas relaciones respetuosas de unos para con otros en el ámbito familiar tiene mucho que ver con el nivel de formación cultural de sus miembros y, desde luego, con la evolución de usos y costumbres en el más amplio marco de la sociedad. La importancia del factor económico en la génesis de esta situación es evidente. La relación que existe entre la desigual situación económica de la mujer respecto del hombre y los actos de violencia, incluidas las agresiones sexuales, que se ejercen contra ella, ha sido claramente establecida por los expertos. Desde esta perspectiva, los comportamientos violentos contra las mujeres no son tanto accidentes en las relaciones entre individuos cuanto expresión del desigual poder del hombre y la mujer en la sociedad.

Está claro que superar esta situación depende en gran medida de la efectiva integración de la mujer en todos los engranajes de la actividad económica. Sin embargo, existe un aspecto más inmediato, por tener que ver sobre todo con decisiones de carácter político, que contribuye a que persista el maltrato a las mujeres en el seno de la pareja, y que también ha sido denunciado por la directora del Instituto de la Mujer en su comparecencia ante el Senado. Se trata del escaso interés de los poderes públicos en la erradicación de este problema social y de la pasividad o inhibición de las autoridades públicas y de sus agentes en la persecución de los casos de malos tratos denunciados. Es evidente que a esta actitud no es ajena la influencia que todavía tienen en los comportamientos de autoridades o de sus agentes sus prejuicios o manías personales respecto de la mujer. Hasta el punto de que, llegado el caso, no dudan en sacrificar a estos prejuicios o manías sus propios deberes de funcionarios públicos. No hay por qué dejar de reconocer, como lo ha hecho Carlota Bustelo, una mejora sensible en la actuación de la policía en su atención a las mujeres maltratadas. Pero todavía son muchas las comisarías o los cuartelilos donde la denuncia por malos tratos a mujeres no se tramita, o donde el funcionario de turno se permite dar consejos a la denunciante más de acuerdo a sus propios criterios que a los de la ley.

Para acabar con los malos tratos en el seno de la pareja es necesario, antes que nada, que el agresor no sea alentado por la creencia de que su acción va a quedar impune al amparo de unas relaciones de naturaleza personal. El papel de los jueces para que ello no sea así es fundamental. De ellos depende que el delito de lesiones no deje de serlo cuando el maltrato o el daño físico se produce en el marco familiar, o que la violación o la agresión sexual no sean tales cuando tienen lugar en el seno de la pareja.