El origen de las armas centra la investigación judicial sobre el asesinato de Santiago Brouard
VICTORINO R. DE AZÚALa procedencia de las armas empleadas para perpetrar el asesinato de Santiago Brouard se ha convertido en la clave de la investigación judicial sobre el caso, cuyas diligencias han experimentado una aceleración en las últimas semanas. Dos funcionarios de policía, el comisario jefe de la Brigada de Estupefacientes de Madrid, Fernando Cos Gayón, y el sargento de la Guardia Civil Juan José Peña Fernández, prestan declaración hoy ante el juzgado de Bilbao que instruye el sumario.Los dos abogados personados en el sumario, el acusador particular, Txema Montero, y el defensor del único procesado, José Emilio Rodríguez Menéndez, sostienen líneas de investigación contradictorias sobre el origen de las armas. Mientras Montero afirma que la pistola y la carabina fueron vendidas a los autores del crimen por el traficante Juan José Rodríguez Díaz, el Francés, procesado por colaboración necesaria, Rodríguez Menéndez asegura que las armas proceden de incautaciones policiales no declaradas a la autoridad judicial.
Según Rodríguez Menéndez, la carabina, una Army Jaeger de fabricación italiana, calibre 22, fue aprehendida por la policía en la sede de Madrid de la organización ultra Acción Sindicalista Nacional del Trabajo, vinculada al partido de extrema derecha Fuerza Nueva.El dirigente de este sindicato José Antonio Assiego fue detenido el 30 de enero de 1982 y acusado de tenencia ilícita de armas y explosivos.La pistola, una Lathy Husqwarna automática de diseño finlandés y fabricación sueca, fue incautada, siempre de acuerdo con la tesis de la defensa, a un clan de gitanos de ascendencia centroeuropea, los Montero Jodorovich, desarticulado en Barcelona el 4 de febrero de 1984.
Veintiuna personas de este clan fueron detenidas y acusadas de prestar apoyo a grupos autónomos anarquistas, a los que presuntamente suministraban explosivos, armas y municiones.Aprehensión de explosivos
Durante la operación fueron registrados ocho domicilios y descubiertos tres escondites, según la información oficial, y se encontraron minas, trilita y otras sustancias explosivas, detonadores, espoletas y bolígrafos pistola, aunque no consta que fueran halladas armas de fuego.
Ni de la incautación de la carabina ni de la pistola existe constancia judicial. El abogado José Emilio Rodríguez Menéndez sostiene que, siguiendo una práctica relativamente frecuente en las comisarías, los funcionarios las desviaron para uso de sus grupos respectivos, sin ponerlas a disposición del juez correspondiente.
La confirmación de esta hipótesis echaría por tierra el procesamiento por colaboración necesaria de Juan José Rodríguez Díaz, único encausado hasta ahora en el sumario 101/84, relativo al asesinato de Brouard. El Francés reconoció en Bilbao, en febrero de 1986, haber vendido a Alberto Granados Céspedes por 300.000 pesetas las armas, ambas modificadas, abandonadas en la consulta del pediatra por los autores del atentado el 20 de noviembre de 1984.
Rodriguez Díaz proporcionó algunos datos sobre la armería del Barrio Latino de París donde había efectuado la compra. El abogado de la acusación particular, Txema Montero, después de numerosas pesquisas, logró identificar el establecimiento y confirmó la venta, debidamente registrada. Tras su procesamiento, el 30 de octubre de 1986, El Francés se retractó de su declaración e impugné las condiciones en que se había producido, alegando indefensión.
Según sus declaraciones, aunque las armas que adquirió en París son parecidas a las usadas para dar muerte a Santiago Brouard, no son las mismas, y la carabina Army Jaeger ni siquiera es del mismo tipo que la depositada en el juzgado número 1 de Bilbao. Juan José Rodríguez Díaz asegura también que las armas que adquirió en París estaban neutralizadas y no servían para disparar.
El comisario jefe de la Brigada de Estupefacientes de Madrid, Fernando Cos Gallón, y el sargento de la Guardia Civil Juan José Peña están citados para prestar declaración hoy ante el juez Julio García Braga, que instruye el sumario. Con Cos Gallón mantenía relación, al parecer, el confidente Miguel Ángel López Ocaña, cuya declaración implicó en principio a El Francés, aunque luego en un careo se desdijera.
El sargento Peña está acusado de haber colocado en agosto de 1987, en compañía de un cabo de la Guardia Civil, una bomba con 250 gramos de Goma 2 en un hipermercado de Guipúzcoa con la intención de hacer chantaje al establecimiento.
