Insuficiencias de la ley
El aborto vuelve a ponerse de actualidad de manera periódica en España. La ley de interrupción voluntaria del embarazo actualmente en vigor pretendía, o al menos eso aseguraba el Gobierno y el PSOE, resolver la mayoría de los problemas que Creaba el aborto en nuestro país, y ello no ha sucedido. En su momento, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, como otros muchos sectores políticos y sociales, señalamos que la ley, por su ambigüedad y por su limitación, no sólo no resolvería los problemas de los abortos, sino que además crearía otros sobreañadidos, obligando a corto plazo, si se quería afrontar el problema en toda su dimensión, a una nueva legislación que fuera homologable a la de otros países de nuestro entorno sociopolítico.
La aplicación de la ley
Los hechos son bastante contundentes. Desde la aplicación de la ley. de "interrupción voluntaria del embarazo", tras la sentencia del Tribunal Constitucional, se han realizado pocos abortos en nuestro país, y los que se han hecho han seguido un rosario de incidentes, procesamientos, etcétera, que demuestran la poca viabilidad práctica de la misma.Los datos oficiales señalan que todavía el 40% de los abortos siguen realizándose en el extranjero, y que de los que se realizan en nuestro país, el 97% lo son en clínicas privadas.
Esta situación es entendible si se considera la verdadera persecución que se realiza tanto sobre los profesionales sanitarios dispuestos a colaborar en este tema como sobre las mujeres que se deciden a acogerse a las posibilidades de la legislación vigente.
Si en un primer momento los médicos antiabortistas encabezaron el movimiento interesado en impedir la aplicación del mismo en nuestro país utilizando la llamada objeción de conciencia, para, en algún caso, incluso, negar la asistencia a mujeres que habían abortado, la realidad es que la permisividad de la Administración hacia estos sectores y la marginación profesional que se ha impuesto a los médicos abortistas han hecho innecesarias las presiones de este grupo.
Ahora parece que son sectores judiciales los que toman la iniciativa. Se ha procesado a cuatro médicos navarros y a una mujer en un caso de aborto que difícilmente puede pensarse no está incluido en la legislación actual; se realiza una redada en una clínica vallisoletana sin el más mínimo respeto a los derechos de los pacientes que en ella se encontraban, ni del personal que allí trabajaba, secuestrando unos centenares de historias clínicas; a la vez continúan pendientes de juicio en Salamanca, en Madrid, en Málaga y en Valencia profesionales sanitarios acusados de participar en abortos ilegales, y todavía en algún juzgado de Madrid continúan miles de historias clínicas de mujeres que acudían a varios centros de planificación que fueron incautados hace ya cerca de un año.
La consecuencia de estos hechos es una situación de verdadera intimidación para las mujeres que quieren abortar legalmente en nuestro país y para los profesionales sanitarios que están dispuestos a practicar estas intervenciones. Se ha creado un clima en el que cualquier mujer prefiere viajar al extranjero a resolver su problema antes que verse expuesta en la picota, humillada, investigada y posiblemente procesada; así las cosas, se establece una nueva discriminación: sólo pretende acogerse a la ley quien carece de medios económicos para hacerlo fuera de nuestras fronteras o las que tienen una actitud especialmente, militante. Lo mismo sucede con los profesionales sanitarios dispuestos a colaborar en la solución de un importante problema de salud de las mujeres, expuestos a la marginación profesional y a la cárcel.
A ello hay que sumar la indefensión en que la Administración deja a los profesionales. Ya que esta Administración ha hecho una legislación que todos señalamos en su día que era insuficiente, es ella quien debería, de manera inequícova, defender a unos profesionales que no han cometido otro delito que el de no obstaculizar la aplicación de una legislación vigente en este país.
En cualquier caso resulta curioso el interés de algunas de sus señorías en vigilar algunos aspectos de la práctica sanitaria en este país, interés que no demuestran en otros aspectos de esta práctica, como lo es también el uso indiscriminado de las historias de las pacientes de los centros de planificación.
Creemos que es preciso para la práctica del aborto en nuestro país la realización de una nueva ley que contemple, entre otros, los siguientes aspectos:
1. Un sistema de plazos que permita la libre decisión de las mujeres durante las 12 primeras semanas del embarazo, combinado con el de indicaciones.
2. La regulación de la objeción de conciencia de los profesionales para evitar que sean objetores en lo público quienes no lo sean en lo privado y que se produzca la marginación de quienes estén dispuestos a colaborar en estas intervenciones.
3. La cobertura de los abortos legales en el sector público, para evitar la discriminación económica en el acceso al mismo.
Habría que regular el secreto de las historias clínicas para que los datos que confidencialmente aportan los pacientes no pudieran ser usados en su contra y para evitar los abusos en cuanto al manejo indiscriminado de las mismas.
Se suponía que la ley en vigor solucionaba los problemas de las mujeres que deseaban abortar en nuestro país, y a la vez no generaba tensiones sociales. Ambos objetivos se han demostrado imposibles con ella. Hora es ya de que se cambie la ley y ésta se adapte a las necesidades sociales y culturales de un país que, aunque a algunos les disguste, ya no es el de Torquemada.
María Teresa Mías del Barrio y Consuelo Ruiz-Jarabo Quemada y 400 profesionales sanitarios más, miembros de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública.
