Corrupciones y 'glasnost'
DURANTE DÉCADAS, el discurso ideológico del franquismo intentó acreditar la idea de que la política era una actividad propia de pillos o sinvergüenzas. El mensaje caló por dos motivos. Primero, porque encontraba tierra abonada en los prejuicios sedimentados por la experiencia del caciquismo del régimen de la Restauración. Segundo, porque la práctica de tantos franquistas enriquecidos desde el poder se convirtió en la mejor demostración de lo fundado de ese prejuicio. Un prejuicio, por lo demás, netamente reaccionario.Durante la transición, algunos políticos abonados a la teoría de que todo vale si perjudica al rival, no han parado mientes a la hora de desacreditar al sistema en su conjunto, suscitando o extendiendo toda clase de bulos sobre comportamientos presuntamente corruptos de los demás. La polémica desatada a raíz de las acusaciones e insinuaciones de Pablo Castellano contra Benegas ha servido para poner de relieve que es sobre todo transparencia lo que falta entre nosotros. Y acaso porque los políticos huyen de la transparencia como agua que lleva el diablo, el vicepresidente del Gobierno ha llegado a identificar con los buitres a los que, dentro de su propio partido, propician y exigen una discusión sobre los comportamientos del socialismo en el poder. Esa arrogante descalificación de la disidencia refleja la voluntad de evitar una discusión de la que algún día salga la luz. Porque, si bien sabemos más o menos quiénes son los buitres, conviene identificar dónde está la podredumbre que justamente olfatean.
Estos días se habla de la generalizada sospecha de que existe un subterráneo tráfico de influencias, desde el poder, no sometido a regla alguna. ¿Cómo sorprenderse de ello cuando se considera legal que el síndico de una bolsa sea a la vez socio de una sociedad de intermediación en el mercado de valores? ¿Cómo extrañarse, cuando altos cargos políticos se dedican, cuando cesan, y en su vuelta al mundo privado, a dirigir oficinas cuyo objeto es precisamente traficar con influencias? En un país en el que está regulado hasta el caudal de agua que debe manar de las fuentes públicas, se carece de una normativa suficiente que deslinde legalmente la decencia de la indecencia. En ausencia de la norma, es la tolerancia, y la autoindulgencia, lo que prima.
Los socialistas han dejado escapar mucho de su crédito por su incapacidad para comprender que los efectos de una buena gestión se ven en gran parte comprometidos si no van acompañados por una pedagogía de las actitudes. Aunque han dejado de ser marxistas, tal vez no hayan olvidado el principio según el cual es la existencia la que determina la conciencia. O sea, que la realidad se contempla de manera diferente desde una discoteca de Ibiza que desde un despacho laboralista.
De otro principio marxista clásico, el de que en cada período histórico hay clases que, defendiendo sus intereses específicos defienden los de la sociedad toda, algunos socialistas españoles han extraído una consecuencia perturbadora: la de que, en ciertas encrucijadas, los intereses particulares de un partido encaman los de la sociedad en su conjunto. Así, la valoración moral de determinados actos -o actitudes- no dependerá tanto del acto mismo como de quien lo realice. Y lo que era condenable desde la oposición, puede ser admisible desde el poder. En pleno reino de la tautología, la prueba de honradez de cualquier iniciativa será el hecho de que emana de alguien previamente definido como honesto. Por esa vía de agua ha ido perdiendo el PSOE gran parte del caudal de credibilidad con que llegó al poder. Si el debate ahora iniciado no se trunca, tal vez permita, más allá del ruido ambiente, recomponer ese caudal. La condición necesaria para ello es sólo una: más transparencia. Glasnost. Pero la voluntad de tratar a los disidentes como si fueran buitres tiene mucho más que ver con Stalin que con Gorbachov.
