El juicio de Sofico se inicia hoy, 13 años después de que se descubriera el escándalo
El juicio por el escándalo inmobiliario de Sofico, descubierto en 1974, se inicia esta mañana, después de 13 años y tres suspensiones. Los dos únicos procesados que se sentarán en el banquillo serán Eugenio Peydró Salmerón y su hijo Eugenio Peydró Brillas, para los que el fiscal pide penas de 12 años de prisión como autores de delito continuado de falsedad como medio para cometer estafa. El tribunal estará formado por Roberto Hernández como presidente y los magistrados Jerónimo Barnuevo y Alfredo Vázquez Rivera. Otros dos magistrados que integraban el tribunal, Juan Manuel Orbe e Infante Merlo, se encuentran gravemente enfermos.
Las tres suspensiones anteriores que ha sufrido la vista han sido motivadas por el estado de salud de Eugenio Peydró Salmerón, octogenario que está aquejado de una gravísima enfermedad. En la actualidad el estado de salud de este procesado no ha mejorado, pero el tribunal tiene la voluntad de celebrar el juicio, aunque sea sólo para su hijo, por entender que el proceso ya se ha demorado demasiado.El juicio tiene una duración prevista de una semana, ya que han sido citados 175 testigos. Sin embargo, debido al tiempo transcurrido desde la iniciación del proceso, 13 años, varias de estas personas han fallecido, por lo que el tribunal espera que se simplifique este período de la vista.
Según el escrito de conclusiones provisionales del fiscal, emitido en junio de 1984, Eugenio Peydró Salmerón, en colaboración con otras personas ya fallecidas que le ayudaron a constituir los consejos de administración, fundaron en 1962 y los años siguientes nueve empresas que formaron el denominado grupo Sofico.
Los únicos accionistas de estas sociedades eran Peydró Salmerón y su esposa, María Teresa Brillas, excepto en Sofico Renta, donde también era socio su hijo Eugenio Peydró Brillas. Peydró dirigía de modo personal las sociedades en su condición de director general y presidente de los consejos de administración. Su hijo actuaba como consejero delegado e intervenía en la dirección de acuerdo con su padre.
Las sociedades tenían como finalidad la compra, construcción y arrendamiento de viviendas, edificios, apartamentos y locales comerciales, así como la compra, parcelación y urbanización de terrenos, especialmente en la Costa del Sol.
Al principio, la venta de los apartamentos se realizaba después de que estuvieran construidos totalmente, pero posteriormente la venta se hacía sobre planos y se cobraban cantidades a cuenta, y en ocasiones hasta la totalidad del precio, para que los futuros propietarios financiaran la construcción.
Como los fondos propios resultaban insuficientes para las necesidades de expansión de las empresas, los procesados captaron recursos económicos suscribiendo contratos de compraventa sobre supuestos apartamentos, terminados o en construcción, cuando la verdad es que en muchos casos no habían comenzado las obras o no se había adquirido ni el solar, por lo que en la mayoría de los casos los apartamentos resultaron ser ficticios.
Para encubrir estas anomalías, Sofico, siempre según el fiscal, buscó nuevos clientes, forzó las ventas e incrementó los servicios sin hacer cálculo alguno de rentabilidad, al mismo tiempo que montó una gran campaña publicitaria en la que ofrecía óptimos beneficios, carentes de racionalidad económica en una especie de sistema piramidal que funciona mientras se va ampliando la base, pero que cuando ésta falla todo se viene abajo.
Cuando se descubrió el escándalo, se pudo observar que más de 3.000 pequeños ahorradores habían resultado perjudicados por un importe superior a los 3.000 millones de pesetas.
