El falso salvador
LAS DECLARACIONES del almirante Poindexter ante la comisión del Congreso de EE UU se prestan por lo menos a dos interpretaciones. Según la que la Casa Blanca se esfuerza por destacar, Poindexter ha salvado al presidente Reagan al decir explícitamente que éste no tenía conocimiento de la desviación de los fondos provenientes de la venta de armas a Irán para ayudar a la contra nicaragüense. Lo que Reagan ha dicho siempre -"yo no estaba al corriente del desvío de fondos"- ahora ha recibido una confirmación definitiva. Sobre ese punto, pues, Reagan ha ganado y puede estar tranquilo.Pero existe otra interpretación que, según los resultados de los sondeos, es la que predomina en las opiniones de la gran mayoría de los ciudadanos. Las explicaciones dadas por Poindexter son tan inverosímiles que un 59% de norteamericanos considera que no dice la verdad y que está encubriendo a Reagan.
Después del testimonio del coronel North, que desafió al Congres o y a las leyes en nombre del imperativo absoluto de la lucha contra el sandinismo, con acentos patrioteros que causaron impacto, el de Poindexter es el testimonio del burócrata que sirve a su jefe hasta extremos que desbordan lo plausible. La explicación que ha dado se puede resumir así: no informé a Reagan, intencionadamente, para protegerle en el caso de que se llegase a conocer la operación ¡legal del desvío de los fondos a la contra. Caricaturizando un poco, lo que Poindexter ha dicho a la comisión equivale a lo siguiente: señores, como yo preveía que podría encontrarme algún día en mi actual posición ante una comisión de encuesta, tomé solo la decisión de desviar los fondos, y no informé a Reagan precisamente para poder decir ahora a ustedes que el presidente nunca estuvo informado. Es decir, una capacidad de adivinar el porvenir y de prepararse para hacerle frente casi sobrehumana. El presidente de la comisión de encuesta, el senador Inouye, ha dicho del testimonio de Poindexter que es "increíble, estremecedor" y que "desafía a la razón".
De hecho, esta manera de salvar a Reagan suscita más problemas de los que a primera vista parece resolver. Presenta una imagen aterradora del sistema de toma de decisiones en las cuestiones más delicadas y decisivas de política exterior de EE UU. No se trata ya de negligencia, como quedó demostrado por el in forme de la comisión Tower. Según la tesis de Poindexter, decisiones de política exterior trascendentales que sólo corresponden a los poderes del presidente las toma él, un funcionario del Consejo de Seguridad sin competencia para decidir, ya que su papel es infor mar o aconsejar y cumplir. Surge, por tanto, la pre gunta: ¿quién decide la política exterior? ¿El presidente o los servicios especiales, como el Consejo de Seguridad o la CIA? Henry Kissinger, antiguo consejero de seguridad cuyo peso político era infinitamente superior al de un Poindexter, ha declarado que él jamás hubiese adoptado una decisión sin haber informado al presidente y haber sido autorizado por él. En reali dad, acosado a preguntas, Poindexter ha dicho que él estaba absolutamente convencido de que Reagan, de saberlo, hubiese aprobado el desvío de fondos. Frase que la Casa Blanca se ha apresurado a desmentir. Por sus propias contradicciones internas, el testimonio de Poindexter resulta poco eficaz para salvar a Reagan ante la opinión.
Sin embargo, teniendo en cuenta que nadie en Washington tiene interés en que se ponga en marcha un proceso de impeachment, de destitución del presidente, la confirmación formal por el almirante Poindexter de la tesis de que Reagan no sabía ayuda a despejar definitivamente esa incógnita. Reagan seguirá en la Casa Blanca, con su descrédito a cuestas, los 18 meses que le quedan. Y ello da origen a la cuestión de hasta qué punto este presidente puede desempeñar una misión tan importante como sería la firma de un eventual acuerdo de desarme con Gorbachov. La respuesta ha de ser política. Y teniendo en cuenta que la opinión del Congreso -y más aún de la opinión pública- es favorable al acuerdo de desarme cuyos puntos se ultiman en Ginebra no parecen existir razones para su aplazamiento.
