El juicio imposible
EL JUICIO sobre el caso Sofico, 13 años después de salir a la luz esa gigantesca estafa, tiene todas las trazas de no llegar a celebrarse nunca. Por tercera vez en los últimos meses su celebración ha sido suspendida. La razón que se ha dado para los sucesivos aplazamientos es el estado de salud del principal procesado, el que fuera fundador del imperio del caballito de mar, Eugenio Peydró Salmerón, ya octogenario y aquejado del corazón. Razón fútil, pues existen sistemas procesales que permitirían la realización de la vista sin la presencia de este acusado.Aunque capacitado para acudir ante el tribunal, los dictámenes médicos estiman que Eugenio Peydró no soportaría la tensión del juicio. Pero la situación es insalvable: no es probable que un hombre de su edad mejore sustancialmente de salud, con lo que lo único que se puede prever es que el juicio, mediante este sistema, sólo se celebraría después de muerto el acusado, es decir, en su definitiva ausencia. Sin embargo, los defensores del otro procesado, Peydró hijo, alegan, con el visto bueno de los jueces, que ambas causas son inseparables. Y que no se puede ver el caso de uno sin el del otro. El resultado previsible de esta situación no será ya ni siquiera una justicia disminuida, casi vacía, dada ya la enorme distancia entre la fecha de los delitos cometidos y el acto de juzgarlos, sino pura y llanamente la ausencia de la más elemental justicia. Miles de damnificados -algunos sin duda muertos ya también-, pequeños ahorradores, gentes humildes estafadas por la codicia y la mala gestión de un puñado de desaprensivos, ven así cada día más diezmada la esperanza de que se haga justicia. Y de nuevo nuestros tribunales son objeto del descrédito.
En los años transcurridos a la espera del juicio, los procesados han podido idear toda clase de fórmulas de camuflaje de su patrimonio personal, necesario para hacer frente a las posibles responsabilidades civiles derivadas de su acción delictiva. Cuando se produzca la acción reparadora de la justicia, si es que llega a producirse, la situación habrá cambiado tanto que será prácticamente irreparable.
El caso Sofico pone de manifesto la negligencia culpable o la pasividad de los poderes públicos ante actuaciones criminales que se parapetan tras las propias instituciones del Estado o que se aprovechande la desidia administrativa. En Sofico hubo con toda seguridad más de lo primero que de lo segundo. Sus administradores -militares, magistrados, abogados de renombre y, en general, personas con buena posición en el franquismo- se presentaron, en una campaña masiva de publicidad, como titulares de funciones fundamentales del Estado. La gente se lo creyó e invirtió en Sofico. Cuando llegó el desastre, la Administración pública se inhibió, lo mismo que antes consintió que la suma de los perjuicios creciera otorgando a Sofico ,placas oficiales y diplomas al mérito turístico. Los miles de perjudicados, en su mayoría jubilados, emigrantes y trabajadores, sólo han contado, finalmente, con el débil amparo de los tribunales de justicia, porque, sin leyes adecuadas para hacer frente a las irregularidades económico-financieras y sin los instrumentos de investigación necesarios, la acción judicial sólo puede concluir como de hecho ha concluido en el caso Sofico: con acciones impunes, por un lado, y con un juicio vacuo a 13 años vista, si es que llega a celebrarse, para sólo algunos de los responsables, por el otro.
