La futura ley del menor mantendrá la actual mayoría de edad penal

La última y definitiva redacción del anteproyecto de la ley del menor finalizará probablemente en abril y se remitirá a las Cortes este año, según previsiones de Dolores Renau, directora general de Protección Jurídica del Menor. "Esperemos que sea así", matiza. El anteproyecto inicial ha sufrido múltiples y diversas fases correctoras. "Inicialmente se pensó en elevar la edad penal a 18 años; luego se dio marcha atrás por considerarlo inviable, y ahora estamos estudiando fórmulas para que la mayoría de los menores de 18 años no vaya a la cárcel".

"La tentación de elevar la edad penal a los 18 años ha quedado definitivamente alejada", reconoce Dolores Renau, directora general de Protección Jurídica del Menor. "El reto que tenemos es encontrar fórmulas para que la mayoría de los que componen esa franja de edad entre los 16 y 18 años no tenga que ir necesariamente a la cárcel" -añade- "pero no vamos a tocar el Código ni, por tanto, a modificar la edad penal".La futura ley del menor pretende ofrecer otras opciones al margen de la cárcel. "En el fondo se trata de desarrollar el artículo 65, que permite que el juez, en determinados casos, pueda decidir que el joven reciba un tratamiento diferente a la prisión", explica Dolores Renau. Por otra parte, la nueva ley concederá a los menores las mismas garantías procesales con que cuentan los adultos", añade la directora general.

"Los tribunales de menores quedarán encuadrados en la justicia ordinaria, aunque mantengan su especificidad. Los delitos estarán perfectamente tipificados", agrega Renau. Los menores de 13 años, sin embargo, no podran ser juzgados".

Discrepancias

Pero este proyecto no es unánimemente aceptado por todos los sectores implicados en el trato con jóvenes delincuentes. El educador Mariano Bravo, que trabaja en el centro Renuba de Madrid, una residencia de régimen abierto, cree que introducir al menor en un proceso judicial en regla, con abogado defensor incluido, sólo contribuye a "hacerle jugar su papel, a estigmatizarlo". Y por otro lado, argumenta Bravo, "someter a juicio a los menores de 16 años es una manera de apreciar responsabilidad penal del joven".Un punto de vista que no altera las convicciones de la directora general: "Sin garantías procesales se reprime más. Dejar la decisión al arbitrio exclusivo del juez, me parece más confuso e ineficaz". Renau apoya asimismo la renovación de los tribunales de menores. "Con la nueva ley los jueces serán de carrera y tendrán que seguir un curso de especialización organizado por el Consejo del Poder Judicial".

"Hasta ahora sólo había dos opciones para los delincuentes menores de 18 años: o la cárcel o la calle. Lo que se persigue con la nueva ley es generar un proceso distinto, atender adecuadamente a esta franja de edad", remacha Dolores Renau. "Lo que no significa que, una vez aprobada la ley, cojamos a todos los que están en la cárcel en bloque y los saquemos. Lo que se busca es que el internamiento sea sólo una medida más", concluye Renau.

Mariano Bravo, sin embargo, se muestra escéptico. "En realidad, lo que el anteproyecto de ley consagra es el internamiento del menor desde los 13 años en colegios altamente blindados y seguros. Es decir, se cambia la cárcel por centros aparentemente más inocentes, pero se mantiene el esquema de que seguridad equivale a encierro. Es un retroceso camuflado de modernidad". Para Bravo, no basta con reactualizar Protección de Menores, "hay que desmantelar la Obra de Menores, porque su permanencia institucionaliza el desarraigo".