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La nueva ley de auditorías estará lista en un mes, según De la Dehesa

Enric González

El secretario de Estado de Economía, Guillermo de la Dehesa, anunció ayer en Barcelona que en el plazo de un mes estará terminado un nuevo borrador de la futura ley de auditorías, que el Gobierno quiere tramitar con rapidez. El borrador, en el que trabaja una comisión de expertos de Economía y Hacienda y un grupo de catedráticos universitarios, deja de lado la regulación de las normas de contabilidad, aspecto que corresponderá a otra ley.Según De la Dehesa, "la pretensión de compatibilizar la regulación de auditorías y las normas de contabilidad en una sola ley ha sido, junto con determinados corporativismos, la principal causa del fracaso de anteriores borradores".

Guillermo de la Dehesa anunció la próxima finalización del borrador en el transcurso de la presentación del Manual Práctico de Auditoría editado por el REA (Registro de Economistas Auditores), en el Colegio de Economistas de Barcelona. El secretario de Estado definió la futura ley como "una ley light y corta, en el sentido de que no pretende una regulación absolutamente estricta de la actividad auditora por parte de la administración".

El borrador, según De la Dehesa, se limita a definir en qué consiste una auditoría, los requisitos que deben cumplirse para llevarla a cabo y quiénes pueden efectuarla. Respecto a este último punto, afirmó que el Gobierno "pretende ser muy liberal" y no entregar la exclusiva de las auditorías a un solo colectivo. "Anteriores borradores fallidos han encontrado", dijo, "serios problemas debido al corporativismo de los colegios profesionales". La nueva ley dejará las puertas abiertas a que tanto economistas como titulados mercantiles o licenciados en ciencias empresariales puedan auditar.

Empresas obligadas

En cuanto a qué empresas deberán someterse a auditoría, De la Dehesa detalló que "adeniás de las que coticen en bolsa o las que tengan contratos del Estado o de organismos dependientes del mismo, la ley establecerá un límite de capital social, por encima del cual la auditoría será obligatoria". El secretario de Estado no quiso precisar en qué cantidad se fijará dicho límite ya que, según dijo, ése es uno de los puntos sobre los cuales la comisión de técnicos y catedráticos no se ha puesto todavía de acuerdo.La futura ley establecerá también la exigencia de responsabilidades a los auditores que efectúen trabajos incorrectos. "Los auditores que no se ajusten a las normas o efectúen informes con errores manifiestos, a consecuencia de los cuales puedan resultar dañados los intereses de accionistas o trabajadores, deberán responder patrimonialmente de esos daños", aseguró. La redacción de los criterios a los que deberán ajustarse los auditores quedará en manos, según la ley, de los colegios profesionales.

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