El Gobierno regional se opone a la construcción de cementerios privados

La Asamblea de Madrid debatirá a primeros de febrero en proyecto de ley de cementerios supramunicipales, presentado por el Gobierno regional. Declaraciones de altos cargos de la Comunidad de Madrid afirmaron que la futura ley pretende atajar las perspectivas de un sector del capital privado, que ha visto en la construcción de cementerios un nuevo filón de negocios. El frente de batalla de esta pugna entre el capital privado y la Administración regional se libra en estos momentos en torno al proyecto de construcción de un gran cementerio en Alcobendas.

El proyecto de ley recoge la idea de que los cementerios, que por tradición han estado siempre en manos de los ayuntamientos o de la Iglesia, también pueden ser construidos y gestionados por un organismo de ámbito territorial superior -en este caso, la Comunidad de Madrid-, pero con carácter complementarlo; es decir, que los ayuntamientos seguirán con sus competencias, y la Comunidad construirá cementerios supramunicipales en las zonas más congestionadas.La aprobación de la ley facílitaría al Gobierno regional un mecanismo legal para atajar los intentos del capital privado de erigirse en abanderados de la creación de nuevos cementerios que, por el hecho de ser privados y no depender de ningún ayuntamiento concreto, tendrían -también un carácter supramunicipal. El proyecto más avanzado en este sentido es el promovido por la sociedad Parcesa, en el término municipal de Alcobendas, en torno al cual se libra una verdadera batalla jurídica.

Una segunda empresa, Laparanza, SA, es propietaria de una finca de 1.081 hectáreas situada en Alcobendas, junto a las tapias del monte de Viñuelas. Parcesa y Laparanza firmaron una opción de compra sobre una parte de la finca, de una extensión de 40 hectáreas. Al mismo tiempo, un particular, Leonardo Sánchez, en representación de Parcesa, firmó un convenio con el Ayuntamiento de Alcobendas en marzo de 1982, y que fue ratificado por la nueva corporación el 31 de mayo de 1983, porel que Parcesa se comprometía a construir un cementerio, que se cedería al Ayuntamiento para uso público, y otros beneficios monetarios, que no se han dado a conocer con exactitud, pero que serían "muy importantes", según todas las fuentes consultadas, a cambio de que el Ayuntamiento diera el visto bueno para la construccíón de otro segundo cementerio, éste gestionado por Parcesa, con capacidad para 400.000 enterramientos.- Ambos cementerios se construirían en las 40 hectáreas de la opción de compra.

Expropiación urgente

La consejería de Ordenación del Territorio decidió intervenir en el asunto. El Consejo de Gobierno regional, en su reunión del 22 de octubre de 1985, aprobó declarar de utilidad pública la construcción de un cementerio, de carácter supramunicipal, en los mismos terrenos donde Parcesa quería construir el suyo. A estos efectos, el Consejo de Gobierno aprobó la expropiación por vía urgente de 63 hectáreas, en las que estaban comprendidas las 40 mencionadas antes, todavía propiedad de Laparanza, y fijó el coste de la expropiación en algo más de 23 millones de pesetas.

La intervención de la consejería echaba por tierra las expectativas inmediatas tanto de Laparanza como de Parcesa. Ambas interpusieron recursos, unos por vía civil, ante el Juzgado de Primera Instancia de Alcobendas, y otros por la vía contencioso-administrativa, ante la Sala Tercera de la Audiencia Territorial, con la pretensión de paralizar la expropiación de los terrenos.

El juzgado de Alcobendas emitió una sentencia, de fecha 2 de octubre de 1986, en la que se apreciaban fallos en el procedimiento seguido por la consejería y, en consecuencia, se dejaba sin efecto el trámite de la expropiación. La consejería ha presentado recurso de apelación. Sin embargo, el 8 de enero de este año, la Audiencia Territorial rechazó el recurso de la sociedad Laparanza, y estimó que la expropiación de los terrenos se estaba llevando a cabo de forma legal. Por ahora, y hasta que se despeje la inaraña jurídica actual, la expropiación está paralizada, como lo está también el proyecto de construcción del cementerio privado.

Competencias legales

Uno de los argumentos esgrimidos por Laparanza es que la Comunidad de Madrid no tiene competencias legales para intervenir en un asunto, como el de los cementerios, que siempre ha sido de exclusiva competencia municipal. El Gobierno regional no está de acuerdo con esta interpretación.

Leonardo Sánchez, representante de Parcesa, afirmó que la postura del Gobierno regional es insostenible y que no dejará de serlo porque la Asamblea apruebe el mencionado proyecto de ley: "Si dan vía libre a la ley, recurriremos ante el Tribunal Constitucional si es preciso. La propia ley de Sanidad regula los requisitos que deben cumplir los cementerios, sean públicos, privados o particulares, como menciona el texto legal. La Sala Tercera de la Audiencia ha denegado simplemente la paralización del procedimiento de expropiación, sin entrar en el fondo del asunto, que aún no está resuelto.

Pero, en el fondo, lo que está en juego es el derecho de la iniciativa privada a operar en este campo, y, eso es algo que para nosotros está fuera de toda duda, por que nuestra Constitución reconoce la economía de mercado y la libre empresa".