Maquillaje contra la timidez

LA DECISIÓN del Gobierno de aprobar un decreto que flexibilice y amplíe al máximo lasposibilidades legales de la despenalización parcial del aborto constituye, en el mejor de los casos, un gesto conmovedor, pero poco más. Porque poco provecho se puede sacar, por más buena voluntad que se ponga en ello, de una ley timorata como la de 5 de julio de 1985, que despenalizó, bajo ciertas condiciones, tres supuestos de aborto, que sigue tipificado como delito según los términos de la vieja reforma franquista del Código Penal de 1944.Si existe un ejemplo en nuestros días de acto legislativo superfluo, éste es el que puso en marcha la introducción en el Código Penal del artículo 417 bis, que contiene esta legislación parcialmente despenalizadora del aborto. Según estudios solventes, el número de mujeres que llegan a encontrarse en alguno de los tres supuestos contemplados en la ley -aborto por violación, por malformaciones congénitas del feto o por grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada- se eleva a unas 27.000 al año. Y, sin embargo, apenas 200 abortos legales se han efectuado en España en el primer año de aplicación de la norma. Mientras tanto, las estimaciones más prudentes sitúan por encima de los 100.000 los abortos ilegales realizados en nuestro país o en el extranjero durante los últimos 12 meses. En el supuesto de que el decreto del Gobierno logre poner bajo el amparo de la ley los 27.000 casos que podrían acogerse a ella, todavía existirán más de 70,000 que se realizarán clandestinamente.

Ello pone de manifiesto que en el mejor de los casos la ley de 1985 queda lejos de ajustarse a la realidad social; y es una pena que ello haya sido así, después de la audacia que supuso por parte del Gobierno socialista abordar un intento de solución legal del problema, sacando a la superficie las resistencias y los prejuicios enraizados en sectores de la sociedad espanola. Sectores que se movilizaron para reducir al máximo el alcance de la de spen aliz ación, hasta el punto de que el propio ministro de Justicia se vio obligado a reconocer, en agosto pasado, los obstáculos espurios que se oponían a la práctica de la ley.

Consecuencia de la estrechez de esta legislación, que tantas frustraciones genera, es el denigrante espectáculo de las "redadas policiales por orden judicial en clínicas privadas o en centros de planificación que practican el aborto o asesoran sobre su práctica. La responsabilidad de tanto desaguisado y de tanto sufrimiento injustificado corresponde en primer lugar a un Gobierno insensible o inconsecuente con sus propios planteamientos, pero también hay que referirse a las resistencias ideológicas de sectores judiciales más atentos a sus ideologías particulares que a la sensibilidad social sobre la que operan, o cuando menos esclavos en exceso de la letra de la ley. La consecuencia de todo ello, y concretamente de las redadas efectuadas contra centros abortistas en Salamanca, Madrid, Málaga y Valencia, es provocar el aumento del flujo de españolas hacia las clínicas abortistas de Londres, con el costo económico y emocional que supone ese traslado. El trato riguroso dado a las detenidas recientemente en Madrid, el traslado de muchas de ellas esposadas, la sordidez agregada que voluntariamente la justicia ha dado en añadir a un panorama ya sórdido de por sí, no deben ni pueden pasar desapercibidos al Consejo del Poder Judicial organismo que gobierna sobre una estructura huérfana de credibilidad social.

En estas circunstancias, la medida que acaba de adoptar el Gobierno, removiendo las trabas burocráticas y administrativas que reducían la virtualidad de la ley, no es suficiente para atender la demanda social que realmente existe. Es, por el contrario, la promulgación de una nueva ley que añada la despenalización del aborto por motivos económico- sociales a los otros tres supuestos que se reconocen actualmente lo que podría contribuir a atenuar el desajuste entre realidad y legalidad que se padece ahora. Por otra parte, de lo que se trata no es de imponer una normativa legal a nadie, ni de violentar las conciencias de grupos sensibles a la interrupción del embarazo en cualesquiera condiciones. La cuestión reside en ofrecer una opción legal a un problema que afecta a un amplio número de ciudadanos y cuya mezquindad en su consideración sólo redunda en una multiplicación de los daños para las personas.

La responsabilidad de los gobernantes se acaba en evitar que por determinadas interrupciones del embarazo, justificadas por la medicina o la necesidad, los ciudadanos puedan acabar por ir a la cárcel. Entre sus competencias, desde luego, no se encuentra la potestad de protegerles en contra de su voluntad del infierno. Y la solución del indulto que anuncia el Gobierno para los que hayan sido procesados y encarcelados por mor de la ley es tan mezquina como la ley misma. No es el perdón de nadie, sino el reconocimiento de unos derechos lo que los individuos afectados han de obtener.