La sagacidad de unas cifras
EL DEBATE que ha tenido lugar en el Parlamento sobre la llamada economía sumergida comenzó con una de esas paradojas a las que nos tiene acostumbrados el sistema estadístico español. Aparentemente, el Gobierno, conoce con bastante más precisión el número de empleados que trabajan en la clandestinidad de la economía sumergida que el legal, es decir, el que resulta de las estadísticas de la encuesta de población activa. Según hemos podido saber los españoles, el número de personas que trabajan irregularmente, sin estar dadas de alta en la Seguridad Social, es de 2.258.000 personas, de las cuales exactamente un 47,16% ganó menos de 25.000 pesetas al mes en el período en el que trabajaron. Todo un alarde de exactitud.Paralelamente a esa exposición casi matemática, nos encontramos con que no sabemos con precisión cuál ha sido el aumento del empleo en los últimos 12 meses; el ministro citó la cifra de 270.000 personas, basada en la comparación de los resultados de la encuesta de población activa correspondientes a los dos segundos trimestres de 1985 y 1986, respectivamente. Sin embargo, algunos analistas privados han puesto en tela de juicio este dato porque su desagregación por sectores ofrece unos resultados bastante discutibles. Así, por ejemplo, el aumento del empleo en los servicios fue, según la encuesta, de un 6,8%, lo cual es poco compatible con el incremento del valor añadido en dicho sector, que se estima que no superará en ningún caso el 4%.La implicación directa de esta cifra es que la productividad ha disminuido en el sector, lo cual es poco probable si se tiene en cuenta la rápida informatización del mismo. También ha crecido el empleo en el sector público, siempre según la encuesta, en un 9,4%, pero tanto el Ministerio de Hacienda como el Instituto Nacional de Industria (INI) aseguran que sus respectivas plantillas apenas han variada. Además de explicamos con detalle dónde están los empleos sumergidos, la Administración debería poner algún empeño en averiguar dónde están los que flotan.
De todas formas, estos problemas no deben ocurecer el fondo de la cuestión, apenas abordado en el debate, y que reside en la coexistencia de dos colectivos de españoles sometidos a unas normas laborales que nada. tienen que ver las unas con las otras. De un lado nos encontramos con el trabajo de por vida (no hay que olvidar que la estabilidad del puesto de trabajo es mayor en España incluso que en Japón), con la pro tección de las organizaciones sindicales, con los acuerdos salariales firmados por las grandes organizaciones sociales y por el Estado; por el otro, la libertad absoluta de despido, la inexistencia de la más míima protección de cualquier tipo, con unos nveles salariales que nada tienen que ver con los pactados en los grandes acuerdos. Calcuta en el patio trasero de nuestra propia casa..
La economía sumergida es una afrenta a la conciencia colectiva de un país, y el primer deber de las! autoridades es terminar con ella cuanto antes. El desarrollo de este sector de la economía es una amenaza para las empresas que viven en la legalidad y, por consiguiente, también para quienes creen disponer de un empleo estable.
Luchar contra este fenómeno exige una firmeza que se acomoda mal con la tolerancia de que hasta ahora han hecho gala instituciones y Gobierno. Pero no es cuestión sólo ni primordialmente de policía. Existe reducir los impuestos y el peso de las cotizaciones a la Seguridad Social para disminuir la tentación del fraude, flexibilizar las reglas del mercado de trabajó para no crear grandes abismos entre ambos colectivos, perseguir con firmeza a quienes deliberadamente organizan el trabajo fuera de la legalidad. Sólo así será posible evitar que el foso que separa a esas dos Españas, la instalada y la que vive en la precariedad, continúe agrandándose.
De no hacerlo, con la ayuda del tiempo se irán socavando los principios mismos en los que se basa el Estado de derecho: no es posible que los ciudadanos confíen en las leyes cuando un elevado y creciente porcentaje de los mismos vive en la ilegalidad. Pero para que se cumplan, las leyes tiene que ser simples y razonables, condiciones que difícilmente se encuentran juntas en el marasmo legislativo español. Un debate sobre la economía sumergida debe saber poner en cuestión la viabilidad del sistema de relaciones industriales tal como ha sido, aplicado en las últimas décadas y abordar valientemente una construcción distinta del sistema de creación y distribución de riqueza.
