Continúa en activo un policía condenado a 10 años de inhabilitación por torturas
Manuel Amadeo Abonjo Blanco, inspector de policía destinado en Valencia y presuntamente implicado en un negocio de máquinas tragaperras en clubes de alterne, fue condenado por la Audiencia Provincial de Bilbao, en marzo de 1984, por un delito de torturas al dirigente de Herri Batasuna Xabier Onaindía, a una pena de 10 meses de arresto mayor y 10 años de inhabilitación especial. El Supremo ratificó esta sentencia en junio de 1985. Al inspector Abonjo no se le ha aplicado esta condena firme de inhabilitación.
El jefe superior de policía de Valencia, Carlos Gómez de Ramón, afirmó ayer que "Abonjo continúa en activo porque el Supremo decidió suspender la ejecución de su condena durante un periodo de varios años". En consecuencia, también quedó en suspenso el expediente disciplinario que se le había abierto, según Gómez de Ramón. No obstante, la suspensión de la condena se refería al cumplimiento en prisión, y no a las penas accesorias.La Dirección General de Policía no ofreció ayer ninguna información sobre el caso.
Según diversas fuentes jurídicas, los reglamentos policiales señalan que un agente condenado por un delito cometido en el ejercicio de sus funciones profesionales debe ser apartado del cuerpo. El procedimiento que debe seguirse se inicia con la apertura de un expediente a partir del momento en que es dictado un auto de procesamiento contra el policía en cuestión. El expediente queda en suspenso hasta que exista sentencia firme. Si ésta es condenatoria, se debe proceder a la expulsión.
La sentencia contra Aborijo fue firme después de que el Supremo le condenara, el 19 de junio de 1985, a 10 meses de arresto mayor y 10 años de inhabilitación especial, lo que obligaba a la Dirección General de Policía a apartarle de la policía por este plazo. El Supremo ratificaba así una sentencia de la Sala Segunda de la Audiencia Provincial de Bilbao, dictada en marzo de 1984.
El 4 de julio de ese mismo año, la misma Sala dictaba una providencia en la que se acordaba dispensar al inspector Abonjo del cumplimiento de la condena de cárcel. Esta remisión condicional de la pena, según fuentes judiciales, sólo afecta a las privativas de libertad, no a las accesorias. De hecho, este auto de la Audiencia de Bilbao no se refiere para nada a la pena accesoria de inhabilitación.
El inspector Abonjo fue procesado por el Juzgado de Instrucción número 3 de Bilbao en 1980, después de que Xabier Onaindía, parlamentario de Herri Batasuna en el Parlamento Vasco, presentara contra él una querella por torturas. Abonjo fue destinado posteriormente a Valencia. En diciembre de 1982, Graciela Pérez Landa, con quien mantiene relaciones, adquirió seis máquinas tragaperras para ser explotadas en diversos locales.
Este asunto es el que ha salido a relucir después de que Miguel Martínez Sala, relacionado con clubes de alterne de Valencia, pidiera permiso al juez Guillermo Forteza para retirar las máquinas tragaperras instaladas en unos establecimientos que habían sido cerrados.
Según el reglamento disciplinario de la policía, un agente comete falta grave si él o sus familiares son titulares de máquinas tragaperras.
La Dirección General de Policía ha abierto sendos expedientes informativos tanto a Abonjo como al inspector Ángel Ventimilla y al subcomisario Pedro Roncales, para determinar su implicación en el asunto de las tragaperras.
