Una convocatoria inevitable
EL PASE al Grupo Mixto de 11 de los 32 parlamentarios con que contaba el Partido Nacionalista Vasco (PNV) en el Parlamento de la comunidad autónoma, entre los que figuran el presidente del mismo, Juan José Pujana, y el ex lendakari Garaikoetxea, ha precipitado la decisión del Gobierno de Vitoria de disolver la Camara autónoma y convocar elecciones anticipadas.La cúpula del PNV estaba dispuesta a prolongar la situación actual, en la expectativa de que la deteriorada imagen del partido podría recuperarse algo en los próximos meses, especialmente si se conseguía llegara las elecciones municipales de la próxima primavera sin disolución previa del Parlamento. Tales expectativas se apoyaban en la hipótesis según la cual los críticos, agrupados en el nuevo partido Nacionalistas Vascos, no tendrían tiempo de construir de aquí a junio una estructura municipal sólida. De esta manera, los oficialistas conseguirían unos resultados comparativamente más favorables que en las autonómicas.
El nuevo partido surgido de la disidencia cuenta como principal activo con el prestigio de Garaikoetxea, que en las últimas elecciones autonómicas obtuvo 450.000 votos, el 42% de los emitidos y 150.000 más que en las legislativas celebradas, ya en plena crisis interna, el pasado 22 de junio. Ardanza, nombrado presidente como resultado no de una elección popular, sino de una decisión de la cúpula del partido, no ha tenido ocasión, por el momento, de revalidar ante los ciudadanos la confianza en él depositada. Su posible atractivo electoral es una incógnita. De ahí el temor de algunos líderes del PNV ante una confrontación inmediata.
El PNV ha intentado presionar a los parlamentarios críticos mediante la publicación en la Prensa nacionalista de documentos que en su día fueron obligados a firmar y en los que se comprometían a "mantener la ideología y los fines del PNV" y a no utilizar su cargo "en contra o en demérito" de dicho partido, así como a seguir en todo caso las directrices del mismo. Los parlamentarios en cuestión, por su parte, habían mostrado públicamente su disposición a respaldar en la Cámara la política del Gobierno de Ardanza "en tanto éste respetase los compromisos electorales contraídos ante el electorado en las elecciones de 1984". Se estaba entrando así en una casuística absurda, que favorecía un desarrollo incontrolado de la situación. Los críticos podían en cualquier momento considerar que el Gobierno había dejado de respetar el programa, dejándolo en minoría en el Parlamento. La exigencia de renuncia voluntaria a su escaño por parte de los disidentes -como también se planteó- o el emplazamiento a que cumplan con su compromiso de fidelidad al partido del que se han salido es algo fuera de todo uso político, más cercano a la disciplina de las órdenes religiosas.
La posibilidad de jugar con el apoyo socialista (cuyos 19 escaños se sumarían a los 21 que le restan al PNV en un Parlamento que, sin Herri Batasuna, cuenta con 64) era bastante arriesgada para Ardanza, en la medida en que le obligaría a renegociar los contenidos del pacto a la luz de la nueva relación de fuerzas. La decisión adoptada por el lendakari parece, pues, la más prudente si se quería no prolongar la situación de provisionalidad y bloqueo que vive desde hace meses su Gobierno. A la luz de estas consideraciones, la convocatoria de comicios anticipados era casi inevitable, y la decisión adoptada, digna de elogio.
Las elecciones pueden provocar cambios significativos en el mapa político vasco. Entre ellos brilla con luz propia la posibilidad de que el próximo lendakari sea un socialista. Hay quien considera tal opción poco menos que una maldición divina en castigo por pecados anteriores (de tibieza nacionalista) y como la demostración de que el estatuto de autonomía no sirve. Pero una cosa es la oportunidad política de que un socialista asuma la presidencia del Ejecutivo vasco, cuestión opinable, y otra la indudable legitimidad de esa opción si tal fuera la voluntad de los electores.
Por último, llama la atención que todos los cálculos sobre el futuro se planteen casi exclusivamente en el terreno de la aritmética electoral y nunca o casi nunca en el de la política. El Gobierno que necesita el País Vasco no es simplemente aquel que garantice la mitad más uno de los votos de los parlamentarios, sino el capaz de detener el creciente deterioro de la convivencia civil y de impulsar un proceso de reconstrucción en el que no haya ciudadanos de primera y de segunda clase en función de adscripciones ideológicas o de otro tipo.
