AP y PCE piden a la Audiencia de Madrid la reapertura del sumario sobre el espionaje policial a partidos
Alianza Popular (AP) y el Partido Comunista de España (PCE) han presentado ante la Audiencia Provincial de Madrid sendos escritos para que sea reabierta la investigación judicial sobre el espionaje policial a partidos políticos. Los dos escritos impugnan los recursos de reforma presentados por la fiscalía del citado tribunal y la Dirección General de la Policía para que la causa sea archivada. La Audiencia Provincial de Madrid decidirá esta semana sobre el asunto, después de que dictara un auto a finales de mes de julio en el que ordenaba reabrir el citado sumario y contra el cual la fiscalía y la policía recurrieron inmediatamente.
La Sala Quinta de la Audiencia Provincial de Madrid dictó el pasado 29 de julio un auto por el cual ordenaba la reapertura del sumario del espionaje policial a partidos políticos calificando de precisa" y "conveniente" la práctica de varias pruebas que en su día solicitaron el PCE y AP.Entre ellas se encuentran la comprobación de la eventual existencia de informes sobre el PCE en dependencias policiales y el interrogatorio de 12 policías y del director de la Seguridad del Estado, Julián Sancristóbal. Asimismo, el PCE pretende que el juzgado que investigue el denominado espionaje policial a partidos políticos incorpore al sumario las declaraciones de altos mandos policiales incluidas en el caso Medina, por supuesta infidelidad de documentos donde éstos reconocen que se investigaba al PCE, así como el interrogatorio del inspector Juan José Medina Lozano.
Fuentes comunistas consideran que en el sumario del caso Medina queda expresamente clara la existencia de espionaje el PCE, como reconocen los altos mandos policiales que declararon en esa causa. Estas fuentes consideran relevante la incorporación al sumario del espionaje a partidos las declaraciones de esos policías y el interrogatorio del inspector Juan José Medina Lozano, procesado por infidelidad de documentos.
'Topo' en el PCE
El auto de la Audiencia añade que el interrogatorio de las personas que solicita el PCE "puede aportar nuevos datos decisivos para el esclarecimiento adecuado de los hechos denunciados". Entre las personas cuyo interrogatorio policial solicita el PCE se encuentran el comisario general de Información, Jesús Martínez Torres, y el jefe de la Brigada Interior, Alberto Elías.
Los altos mandos policiales que reconocen que el PCE era investigado, según se desprende de sus declaraciones en el sumario por infidelidad de documentos abierto contra el inspector Medina, son el comisario general de Información, Jesús Martínez Torres; el jefe de la Brigada Interior, Alberto Elías, procesado por infidelidad de documentos en el caso Rumasa, y el secretario de la Comisaría General de Información, Antonio Piqueras.
Martínez Tores declaraba en ese sumario que la investigación sobre la desaparición de 2.000 documentos policiales sustraídos de la Comisaría General de Información tras la llegada de los socialistas al poder en 1982 fue realizada por la división de Personal de la Brigada Interior y reconoce que existía un informador en el PCE que les facilitaba datos sobre el partido.
Antonio Piqueras declaraba también en ese sumario que los informes sobre el PCE son "documentos de carácter confidencial o secreto que por su propia naturaleza sólo eran conocidos por el mismo y por funcionarios y administrativos de su despacho". Piqueras reconoce que los informes eran remitidos al director de la Seguridad del Estado, que evaluaba la importancia de los mismos.
Por su parte, Alberto Elías, comisario jefe de la Brigada Interior, asegura sobre el documento 27 -sobre el PCE-, intervenido a Medina, que "en caso de darle publicidad supondría un grave daño para la fuente de información de los datos en él recogidos". La Audiencia de Madrid ordenó en su auto del 29 de julio reabrir el sumario del espionaje, puesto que de las diligencias ya practicadas por el juez José María Vázquez Honrubia parece deducirse la existencia de un "entramado policial que despide un tufillo de presuntas investigaciones y control informativo" sobre las actividades de partidos políticos.
Este auto fue recurrido en reforma por la Dirección General de la Policía y por la Fiscalía General del Estado para que la instrucción judicial sobre el espionaje a partidos políticos fuera archivada. El PCE y AP han presentado ahora sendos escritos de impugnación contra esos dos recursos con el fin de que se mantenga la orden inicial de la Audiencia Provincial de reabrir el sumario. El auto de la Audiencia Provincial señalaba también que si de las nuevas pruebas que se practiquen se derivan responsabilidades penales de personas aforadas -ministros, parlamentarios o mandos policiales-, la causa deberá ser remitida al tribunal competente.
El dirigente aliancista José María Ruiz Gallardón confirmó a este periódico que AP presentó recientemente "un escrito de impugnación contra los recursos del fiscal y de la policía que se oponían a la resolución de la Audiencia Provincial de Madrid, que ordenó en un auto del pasado 29 de julio que el juez practicara las diligencias de pruebas que en su día habían sido solicitadas". Ruiz Gallardón precisé que la Audiencia Provincial de Madrid deberá responder sobre el caso a lo largo de esta semana.
