Cataluña y el País Vasco, piezas mal encajadas en la España autonómica

La evolución de los presupuestos globales de las comunidades autónomas entre 1981 y 1986 ha sido extraordinaria: de poco menos de 200.000 millones de pesetas a casi dos billones. El Gobierno socialista echa mano de este dato como prueba de su gestión autonómica. Considera que ha impulsado, una descentralización sin parangón en la historia de España, de una envergadura notablemente superior a la italiana o alemana y muy parecida al proceso federal norteamericano. Una reforma que, a su juicio, ha hecho surgir un Estado moderno y participativo. Sin embargo, ese criterio administrativo no logra ocultar las graves disfunciones registradas en este cuatrienio en las relaciones entre la Administración central y los territorios, ni los crujidos de los mecanismos que engarzan la estructura autonómica. El PSOE no ha logra, do que las comunidades se sientan protagonistas de la nueva política del Estado y, sobre todo, no ha sabido integrar a Cataluña y al País Vasco en el funcionamiento del Estado de las autonomías.

La política autonómica anunciada por Felipe González en su debate de investidura, basada en un pacto de Estado con las minorías nacionalistas sobre el proceso autonómico, ha sido un fracaso estrepitoso. El diálogo entre el poder central y los de las comunidades se ha establecido sólo parcialmente y al final de la legislatura. Sobre todo, después de sustituir en la cartera de Administración Territorial a Tomás de la Quadra -nada ajeno a la gestación de la ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA)- por Félix Pons, un riguroso juridícista.Con De la Quadra hubo la impresión de que se retrocedía respecto a un modelo de Estado descentralizado. Durante su mandato existió cierto ritmo de transferencias, pero se exhibieron notables fallos de sensibilidad política. Porque aquella propuesta residencial de buscar el consenso con las comunidades nació en flagrante contradicción con la filosofía de la LOAPA, de revisar a la baja el desarrollo autonómico, que ha animado la política autonómica socialista.

Generalización autonómica

En todos estos años, el PSOE ha variado su concepto sobre el carácter singular de Cataluña y el País Vasco -cuyos estatutos fueron producto de una negociación inspirada en el clima de reconciliación histórica del principio de la transición.- en favor de una generalización de las autonomías.A partir de los pactos autonómicos (firmados con UCD en julio de 1981, cuando aún gobernaban los centristas), los socialistas han intentado diseñar un mapa autonómico armónico e igualitario, y han ido elaborando los estatutos pendientes. Pero al amparo de aquellos acuerdos, con el argumento de querer "racionalizar" al Estado de las Autonomías, han intentado fortalecer el centralismo del Estado, reinterpretando el mandato constitucional de ceder atribuciones a las comunidades.

La desautorización de la LOAPA, en agosto de 1983, supuso la vuelta al punto de partida del problema autonómico. La sentencia invitaba a reabrir unas vías de negociación entre el Gobierno y los nacionalistas catalanes y vascos. Sin embargo, el Ejecutivo no replanteó a fondo con imaginación su postura ni estableció un clima de entendimiento leal y regular con las demás fuerzas políticas sobre el desarrollo, autonómico.

El diálogo con las comunidades no ha adquirido relieve hasta el último año. El Gobierno ha. intensificado las negociaciones bilaterales y siempre distintas, pero únicamente ha diseñado una política de Estado en relación con el País Vasco, que culminó con el pacto de legislatura firmado en Vitoria a principios del año pasado entre PSOE y PNV. Pese a ese: acuerdo, los socialistas no han, logrado eliminar los recelos y quejas de los vascos, ni tampoco de los catalanes. Para ambos, el intento socia lista de restar carácter político a sus respectivas autonomías ha equivalido a una agresión.

El Gobierno vasco, en palabras del consejero de la Presidencia, Juan Ramón Guevara, califica la actuación autonómica del Gobierno de "desastre". Jordi Pujol, presidente de la Generalitat opina que en el mandato socialista se ha producido "una involución autonómica acusadísima", que se manifiesta en el papel que se asigna a las comunidades en el conjunto del Estado. Según el programa electoral del PSOE de 1982, ese papel debía ser de "protagonistas".

La 'loapización'

La desautorización de la LOAPA por los tribunales no eliminó la desconfianza de las nacionalidades históricas pues ambas entienden que el Ejecutivo insiste en actuar con el espíritu de aquella ley. El Gobierno se ha apoyado en que la sentencia salvaba algunos contenidos de la LOAPA y permitía estructurar unos instrumentos centrales de cohesión, planificación, seguridad jurídica y económica por medio de la legislación central sobre las competencias compartidas entre la Administración central y la autonómica. En la segunda mitad de la legislatura, los nacionalistas se han esforzado por negociar este tipo de leyes de bases, calificadas como loapizadoras. Ambas fuerzas se quejan de que, desde la derogación de la LOAPA, el PSOE ha ido realizando, con una estrategia formalmente más cuidadosa, una interpretación unilateral de la Constitución que ha condicionado el desarrollo de los Estatutos, convirtiendo a las leyes orgánicas y de bases (ley de Educación, las de Régimen Local, Aguas, Policía, por ejemplo) en textos reglamentistas muy detallados.El Gobierno replica que el Estado necesita resortes fuertes para su política, y les acusa, a su vez, de propagar interesadamente mensajes de insatisfacción e insuficiencia.

Lo mejor del balance de la política autonómica socialista se refiere al aspecto formal. Cuando el PSOE llegó al poder solo funcionaban plenamente cuatro autonomías: País Vasco, Cataluña, Galicia y Andalucía. En esta etapa se han aprobado todos los estatutos pendientes, se han celebrado elecciones en 13 comunidades autónomas y se han ido realizando las valoraciones económicas definitivas de los servicios traspasados.

La Administración estatal ha traspasado ya más de 360.000 puestos de trabajo hacia las autonomías y ha acelerado las transferencias, culminándolas en Cantabria, Castilla-La Mancha, Aragón, Asturias, Murcia, Baleares, Andalucía, La Rioja, Extremadura, Castilla-León, la Comunidad Valenciana, Madrid y Canarias. Las correspondientes a Cataluña, País Vasco y Galicia se consideran como prácticamente ultimadas, y se han desbloqueado las navarras, que se iniciaron con retraso.

Una nueva financiación

En estos cuatro años se han aprobado 25 leyes sobre las autonomías (las de cesión de tributos y la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, LOFCA, entre ellas), y se han determinado sus porcentajes de participación en los ingresos del Estado.Pero, a pesar de que la LOFCA establecía la autonomía financiera de las comunidades, y pese al impulso dado a cierta descentralización de los recursos del Estado, el Gobierno socialista no ha sabido encontrar una fórmula de financiación estable que fuera aceptable para las autonomías.

El problema de la financiación se ha afrontado tarde, en los últimos meses del mandato, después de que deteriorara las relaciones; del Gobierno con Cataluña, la comunidad más discriminada por el actual sistema de financiación. El proyecto de un nuevo modelo, prometido inutilmente por Felipe González para el 31 de diciembre de 1985, significó sólo un avance. Conjuga parcialinente los errores y apenas reduce los agravios comparativos existentes entre las hacíendas forales y las de las comunidades de régimen general. Esta nueva fórmula, por otra parte, tampoco consolida la autonomía del gasto. Y ni siquiera respeta la autonomía financiera prevista por la LOFCA, pues, en aras de la unidad tributaria, el Gobierno hasta ahora se niega a ceder parcialmente los impuestos potentes como el IVA o IRPF.