La Seguridad Social deniega en Barcelona más de la mitad de las pensiones de invalidez solicitadas

a Dirección Provincial de Barcelona del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) denegó durante todo el año pasado más de la mitad de las pensiones de invalidez permanente solicitadas, según un informe elaborado por el abogado de CC OO de Cataluña, Joan Coscubiela. Se da la circunstancia, según las mismas fuentes, de que la Magistratura de Trabajo de Barcelona aprobó después, mediante sentencia, el 40%. de las pensiones denegadas. Ello ha comportado, según CC OO, innumerables perjuicios a los trabaja dores, gastos innecesarios a la Seguridad Social y el bloqueo de las Magistraturas de Trabajo.En la provincia de Barcelona, el INSS denegó durante el año 1985 y el primer trimestre de 1986 un total de 10.921 expedientes de invalidez permanente, de los 21.541 iniciados. En ése mismo período, las Magistraturas de Trabajo dictaron un total de 17.015 sentencias relativas a expedientes de invalidez, un 40% de las cuales fueron favorables al pensionista.

El porcentaje de asuntos de la jurisdicción laboral concernientes a problemas de Seguridad Social se ha elevado de forma notable en toda España durante los últimos años. En 1985, las Magistraturas de Trabajo de todo el Estado resolvieron un total de 293.077 asuntos, de los que 100.960 se pronunciaban sobre distintos procedimientos de Seguridad Social. Las reclamaciones derivadas, del con trato de trabajo fueron sólo ligeramente superiores (135.835), mientras que las sentencias por despido se elevaron únicamente a 54.888.

Procedimientos laborales

En Cataluña, el número de procedimientos de Seguridad Social seguidos por la jurisdicción laboral fue todavía superior. De un total de 48.893 asuntos, casi la mitad (24.365) resolvieron expedientes de Seguridad Social, mientras que los despidos resueltos por sentencia sólo alcanzaron la cifra de 8.250 y las reclamaciones por contrato de trabajo se elevaron a 16.034. La Administración, según el informe, no se rige por criterios médicos y jurídicos para resolver los problemas de invalidez de los trabajadores, sino que tiene, como objetivo reducir los gastos de la Seguridad Social. Las mismas fuentes afirman que, además, esta situación ocasiona gastos extraordinarios a la Seguridad Social al tener que comparecer de forma continuada ante las Magistraturas de Trabajo.

Para ello contrata abogados en régimen de arrendamiento de servicios y utiliza peritos médicos de tres instituciones privadas (Lenox, Labor y Nuestra Señora de Brugues).

Por el contrario, según CC OO, el nivel de fraudes detectados en las revisiones ha sido mínimo.