La constante salida de jueces del País Vasco crea dificultades a la Administración de justicia
La constante movilidad de los jueces y magistrados, las dificultades para cubrir las vacantes producidas y el insuficiente número de juzgados son las principales causas de la situación de la Administración de justicia en Euskadi, calificada ayer de caótica por el consejero vasco Juan Ramón Guevara. El Gobierno de Vitoria dice que está dispuesto a otorgar los fondos necesarios para paliar esta situación, pero la efectiva asunción de sus competencias en Justicia dependen de la resolución del Tribunal Constitucional al recurso presentado, contra determinados artículos de la ley orgánica del Poder Judicial.
Un total de 24 jueces y magistrados cesaron, y otros 25 tomaron posesión a lo largo de 1985, en los distintos juzgados dependientes de la Audiencia Territorial de Bilbao (que comprende a las provincias de Vizcaya y Álava). En el conjunto de los juzgados, entre el 25% y el 30% de los profesionales a ellos adscritos variaron de destino en ese mismo período. El porcentaje se elevó hasta el 67% entre los médicos forenses. Según el presidente de la Audiencia Territorial de Bilbao, Juan Bautista Pardo, que ayer presentó la memoria correspondiente al pasado año, esta movilidad de las plantillas es, si no la única, sí la principal causa de las deficiencias de la Administración de justicia en el País Vasco.En 1985 se incoaron en la Audiencia Territorial de Bilbao unos 96.000 asuntos, de los que se resolvieron más del 90%. Pero si se añaden los casos pendientes de años anteriores, son ya cerca de 40.000 los asuntos que esperan resolución judicial.
En opinión del consejero de Presidencia y Justicia, Juan Ramón Guevara, que asegura haber "tenido que tomar cartas en el asunto ante lo que es ya un auténtico clamor popular", la situación en Euskadi está mucho más deteriorada que en el resto de España.
Presupuestos
El hecho de que en los presupuestos de Justicia para 1986 siga sin figurar la creación de nuevos juzgados, y el nulo resultado de las gestiones realizadas ante el Ministerio, por una parte, y el Consejo General del Poder Judicial, por otra, han convencido al Gobierno vasco de que el problema no se resolverá mientras no se dé ocasión a la comunidad autónoma de fijar sus propias prioridades presupuestarias en materia de justicia. En teoría, el artículo 35 del Estatuto de Guernica abre tal posibilidad al establecer que "corresponderá a la comunidad autónoma la provisión de personal y de los medios materiales y económicos necesarios para el funcionamiento en su territorio de la Administración de justicia", si bien tal facultad se ejercerá "en los mismos términos en que se reserve tal facultad al Gobierno en la ley orgánica del Poder Judicial".Hasta tanto el Tribunal Constitucional no resuelva el recurso presentado por el Gobierno vasco contra los artículos relativos a tal cuestión contenidos en la ley del Poder Judicial, la posibilidad de una intervención de la Administración autónoma en el problema está congelada.
Sin negar la posible influencia de factores ambientales, y concretamente de temor ante las amenazas terroristas, en la gran movilidad del personal judicial en el País Vasco, el consejero de Presidencia y Justicia considera que lo fundamental es que "aquí el trabajo es doble que en cualquier otra parte, y el sueldo el mismo, por lo que muchos jueces optan por marcharse en cuanto tienen ocasión".
El presidente de la Audiencia Territorial de Bilbao considera que, aunque en los últimos años se ha registrado un esfuerzo presupuestario por parte del Gobierno central, impidiendo que la situación llegase a límites intolerables de ineficacia, ello no ha sido suficiente para satisfacer el incremento de demanda de justicia por parte de una población "que ahora es mucho más consciente de sus derechos y, por tanto, recurre con mucha mayor frecuencia a los tribunales".
