El presidente del Colegio de Médicos de Madrid asegura que los quirófanos cerrarán si se aplican las incompatibilidades
El presidente del Colegio de Médicos de Madrid, Javier Matos, ha "retado" a la Administración "para que aplique las incompatibilidades a partir del día 1 de enero". "Si así lo hace", ha dicho, "se cerrarán los quirófanos por falta de anestesistas y se paralizará la sanidad española por falta de otros servicios básicos". Por su parte, el director general de Inspección de Servicios de la Administración Pública del Ministerio de la Presidencia, Javier Valero, ha asegurado que la ley se aplicará con todo rigor, comenzando por aquellos médicos que "muestran una conducta antisocial" al incumplir lo que marca la ley.
Estas dos posiciones se sitúan en un marco de tensiones entre los colectivos médicos cuando faltan 20 días para que termine el plazo de presentación de los formularios donde los médicos afectados por las incompatibilidades deberán elegir un solo empleo.Medios administrativos y sindicales calculan que 30.000 médicos españoles tienen en estos momentos más de un puesto de trabajo en la sanidad pública, aunque en último término los puestos vacantes cuando se aplique la ley en su totalidad no superarán los 15.000.
La aplicación de la ley de incompatibilidades afecta de manera especial a Madrid, en cuyo colegio están inscritos de forma obligatoria 20.000 médicos. El presidente de este colegio, Javier Matos, apoya decididamente la postura aconsejada por la Organización Médica Colegial (OMC), presidida por Ramiro Rivera: rellenar el formulario sólo con los nombres y apellidos, pero sin optar por ninguno de los puestos.
De esta manera se pretende poner en serias dificultades a la Administración a la hora de resolver los puestos que deberán ser elegidos. Los médicos partidarios de esta actitud creen que podrá derivarse un caos en la sanidad española al tener que ser la Administración la que decida.
La OMC se ha quedado sola entre los colectivos médicos en el apoyo de la actitud obstruccionista. Tanto la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) como la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública han recomendado a sus afiliados y asociados que se rellene correctamente el formulario, aunque por diversas y diferentes razones no están de acuerdo con la forma en que se está aplicando la ley.
Para debatir sobre las incompatibilidades, el colegio de Madrid ha convocado para el próximo martes día 17 una asamblea de los colegiados a quienes afecten. "Se trata de oír, opinar, aunar criterios, aclarar situaciones y aconsejar", ha dicho Javier Matos, que no ha descartado la posibilidad de que se adopte una postura concreta de forma colectiva ante la ley.
La actitud promovida por la OMC y apoyada por el presidente del colegio de Madrid y, en casi todos sus puntos, por el sindicato Fesime -minoritario y muy cercano a la OMC- ha sido calificada por fuentes oficiales y por expertos jurídicos como de "desobediencia civil".
Conducta antisocial
El propio director general jefe de la Inspección General de Servicios de la Administración Pública, Javier Valero, designado como brazo ejecutor de la ley por el ministro de la Presidencia, Javier Moscoso, la ha calificado de "conducta antisocial inconcebible en un Estado de derecho" y de "bochornosa actitud, incomprensible en corporaciones de servicio público como son los colegios oficiales".
Javier Nadal ha explicado en un debate público celebrado el pasado lunes día 9 en la sede de la Cruz Roja de Madrid que la ley se aplicará "con rigor y comenzando por los casos que no se hayan atenido a la legalidad". "Es verdad que la declaración de boicoteo por parte de algunas corporaciones nos puede distorsionar el ritmo de aplicación de la ley, pero utilizaremos todos los medios técnicos que tenemos a nuestro alcance".
"Como primera medida", ha dicho Valero, "todas las administraciones públicas en las que trabajen médicos y otros funcionarios están obligadas a mandar a la Administración central la nómina del mes de enero. Estos datos serán tratados por un potente ordenador que nos permitirá saber en algunas semanas quiénes figuran en dos o más nóminas. Estos datos serán contrastados con los de las declaraciones, y de esta manera sabremos a quiénes afectan las incompatibilidades y el grado de veracidad que se ha producido en los formularios". Quienes no se hayan atenido a la ley deberán devolver con carácter de apremio los salarios que les correspondan desde el día 1 de enero de 1986 por el puesto que no hayan declarado.
Además se les abrirá un expediente administrativo por falta grave, que podría terminar incluso con la pérdida temporal o indefinida del único empleo que mantenían en la Seguridad Social.
Matos calificó de bluff el ordenador que va a procesar las incompatibilidades, y añadió: "El Gobierno quiere que nos autodenunciemos, y pretende expropiarnos sin que se fije a cambio un justiprecio".
