Un solo delito y numerosos aspirantes
La sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, conocida el pasado 24 de julio, por la que se condenaba al empresario ferrolano Enrique García Bermejo a un año de prisión menor y a una multa de 16 millones por delito fiscal supone inaugurar un precedente secular en España. Otras dos sentencias condenatorias de audiencias territoriales están pendientes de la resolución del Supremo.La acción de Hacienda ante los tribunales para perseguir el fraude fiscal en los supuestos en que pueda existir delito (desde este año, cuando la cuantía de la cuota defraudada o del beneficio fiscal obtenido exceda de cinco millones de pesetas) va a verse reforzada con la reforma de los artículos 349, 350 y 350 bis del Código Penal aprobada por ley el pasado 29 de abril. A partir de ahora, no será necesario esperar a agotar la vía administrativa para proceder por lo penal contra los presuntos autores de delito.
La Inspección de Hacienda ha remitido al fiscal para su envío a los tribunales 296 expedientes por delito fiscal y otros 605 están todavía en tramitación. Entre los casos presentados a la decisión de los jueces sobresale el de una sociedad de Barcelona a la que por diversos impuestos, correspondientes a los años 1977 y 1978, el fisco reclama 190 millones de pesetas.
En Madrid, otra empresa tiene pendientes de la decisión judicial un total de 96 millones por retenciones del trabajo, impuesto de sociedades e ITE, que el Tesoro aún no ha recibido.En Zaragoza, una sola persona jurídica está acusada de no haber realizado el pago de 80.893.172 pesetas de las retenciones practicadas a sus trabajadores.
Aunque son minoría, en los expedientes tramitados figuran también personas físicas, algunas con deudas pendientes próximas a los 30 millones de pesetas. La cuantía media en los juicios planteados oscila entre 15 y 20 millones de pesetas.
