Policías y ultraderechistas han apelado a la misma ley
Otras cinco personas, además de Barrionuevo, han utilizado hasta ahora la Ley Orgánica 1 / 1982 frente a informaciones o comentarios publicados por EL PAIS. Las indemnizaciones reclamadas ascienden en total a 70 millones de pesetas, más el pico todavía no concretado que pide Barrionuevo. Las demandas pendientes son del ultraderechista Jorge Cesarsky, del policía sancionado Gabriel García Tejero, del abogado suspendido José Emilio Rodríguez Menéndez y del empresario Alberto Leandro Llaryora. La del denominado legionario rojo, Pedro Rojo Gama, que reclamaba 10 millones de pesetas, ha terminado con la absolución de nuestro periódico. El 2 de enero de 1985, Pedro Rojo Gama presentó una de manda contra Promotora de In formaciones, SA (PRISA), el director de EL PAIS y el redactor F. Sales en relación con la información publicada el 19 de junio de 1983 titulada El fiscal pide 45 siglos de prisión para los cinco cerebros del asalto al Banco Central, en la que, según el demandante, se le implicaba directa o indirectamente con los asaltantes del Banco Central de Barcelona. El titular del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Madrid, Pedro González Poveda, dictó sentencia el pasado 20 de marzo en la que se desestimó la demanda. Entre otras argumentaciones, el magistrado resalta el "ejercicio correcto" por parte de F. Sales "de su derecho a suministrar información veraz".
La demanda de Jorge Cesarsky Goldstein, presentada el 13 de marzo de 1984, correspondió al Juzgado de Primera Instancia número 21 de Madrid. La demanda está dirigida contra PRISA, editora de EL PAIS, a la que se le reclaman 15 millones de pesetas, así como contra las empresas editoras de Cambio 16 y de Diario 16. También solicitaba que se compela a los demandados a que cesen en sus imputaciones contra el honor de Cesarsky y que se les condene a que inserten el texto íntegro de la sentencia o de las partes sustanciales que señale el magistrado.
Por lo que se refiere a EL PAIS, la demanda hace referencia a sendos textos publicados el 24 de junio y el 6 de noviembre de 1983. En ellos se informaba del intento de secuestro en Buenos Aires del entonces director de Cambio 16, José Oneto, y del encarcelamiento, acusación y condena de Cesarsky por su implicación en el asesinato del joven Arturo Ruiz. La Audiencia Nacional condenó a Cesarsky por su actuación del 22 de enero de 1977 en relación con la muerte de Arturo Ruiz. El 20 de junio de 1979 esta sentencia fue anulada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que condenó a Cesarsky por tenencia ilícita de armas, pero le absolvió del delito de terrorismo.
La demanda del policía Gabriel García Tejero fue presentada el 4 de enero de 1985 y se dirigió contra el redactor de EL PAIS Fernando Orgambides, para quien se solicita una condena de 20 millones de pesetas por los daños y perjuicios de la información publicada el 9 de octubre de 19 84 titulada Acusado de doble agente el policía de Segovia que espiaba para el CESID. La información guardaba relación con el seguimiento de que fue objeto el profesor Francisco Gozalo, que motivó un expediente disciplinario, resuelto por el director general de la Policía el 25 de septiembre de 1984 con sanción de dos meses de suspensión de funciones a García Tejero por falta grave.
José Emilio Rodríguez Menéndez, abogado de este policía, presentó por sí mismo, el 24 de enero de 1985, otra demanda contra Orgambides en reclamación de otros 20 millones de pesetas, en esta ocasión por la publicación, el 8 de marzo de 1984, de una información titulada: Tres inspectores cancelan irregularmente los antecedentes de un abogado madrileño (ver EL PAIS de ayer, sábado, 27 de abril).
El 19 de noviembre de 1984, Alberto Leandro Llaryora presentó una demanda contra PRISA en la que solicitaba una indemnización de cinco millones de pesetas. El motivo de la demanda es la información publicada por EL PAIS el 10 de abril de 1984 bajo el título La empresa editora del periódico 'La Vanguardia' cierra el semanario 'Gaceta Ilustrada' En dicho texto se hacía referencia al demandante como nuevo socio argentino de la empresa editora, "considerado", se decía, "como hombre de confianza del almirante Emilio Massera, miembro de la primera Junta Militar argentina".
