Los peligros inflacionistas derivados de la aplicación del IVA
La implantación en 1986 del impuesto sobre el valor añadido (IVA) posibilita reducir el déficit público mediante la mayor recaudación fiscal, aunque ello tiene un efecto negativo en la inflación. El autor de este artículo advierte que, pese a eventuales medidas correctoras, el incremento de carga impositiva y la subida de precios disminuirían el consumo y la inversión y pondrían en peligro los objetivos de recuperación económica y de empleo formulados por el Gobierno.
Uno de los problemas que mayor interés está despertando en el proyecto de ley del impuesto sobre el valor añadido (IVA) es el relativo a los tipos impositivos, por cuanto una mayor elevación supone un incremento recaudatorio para las arcas del Estado que sin duda contribuirá a paliar el problema del déficit. Sin embargo, como expresamente se reconoce por las propias autoridades, los efectos inflacionistas derivados de una actuación de este tipo supondrán un aumento entre dos y tres puntos en el nivel general de precios que será tanto mayor conforme mayores sean los tipos aplicados, planteándose, pues, la disyuntiva de si resulta prioritario el déficit público a la. hora de abordar los problemas básicos de la economía española o, por el contrario, si un resurgimiento de la inflación puede resultar tan negativo o más que el supuesto anterior.
Consumo e inversión
Como suele ocurrir siempre en economía, la elección de las medidas adecuadas y la decisión en torno a uno u otro supuesto resulta en principio dificil de precisar, puesto que supondría establecer con claridad y de una manera determinante cuál de los dos problemas expuestos resulta prioritario por las consecuencias que puedan derivarse sobre la economía española. Es evidente que el persistente déficit público está estrangulando las posibilidades de inversión del sector privado y captando la mayor parte del ahorro disponible, en detrimento de unas inversiones rentables que permitiesen un mayor crecimiento en los términos previstos por el programa económico del Gobierno y, por añadidura, un menor nivel de desempleo. Sin embargo, resultaría más factible abordar su control y disminución a través de las reformas estructurales e institucionales que precisa el gasto público para su reducción, así como a través de una mejor gestión (de los impuestos y minoración del fraude, que mediante un incremento recaudatorio tal y como tendría lugar en el supuesto de unos elevados tipos impositivos en el nuevo IVA, ya que las consecuencias inflacionistas pueden resultar, y de hecho es previsible que así ocurra, gravemente perjudiciales para los componentes privados de la demanda, tanto el consumo como la inversión, siendo ambos los pilares básicos sobre los que se pretende erigir el proceso de crecimiento de los próximos; años a tasas del PIB del 3%.
Esta afirmación resulta ser válida en tanto las elevaciones previstas en el consumo privado y en la inversión para los ejercicios futuros se fundamentan necesariamente: en un aumento de la capacidad adquisitiva de la población y de las expectativas reales de inversión, lo cual requiere a su vez una desaceleración en el crecimiento de la presión fiscal y una disminución de los tipos de interés, así como de la tasa de inflación.
Ante este panorama, la disminución del déficit público como consecuencia de una mayor recaudación del IVA conlleva todos los efectos positivos que la propia reducción del déficit origina y, por tanto, supone una actuación coherente con el propósito que anima al Gobierno en la aplicación de la política económica.
No obstante, cabría hacer una valoración de las consecuencias adversas que los efectos inflacionistas producidos pueden ocasionar en el funcionamiento del esquema básico que fundamenta el proceso de crecimiento previsto, en el sentido de que si se origina un resurgimiento de la inflación y se alcanzan nuevamente las tasas de dos dígitos, junto a la mayor presión fiscal que suponen unos mayores tipos de gravámenes, es de esperar que los niveles del consumo privado se queden muy por debajo de las previsiones establecidas.
De la misma manera, cabe vaticinar una evolución claramente desfavorable para la inversión privada como consecuencia de una mayor inflación que presionará el alza a los tipos de interés y hará aún más improbable cualquier despegue o crecimiento de la inversión, al menos a las tasas previstas en los cuadros macroeconómicos elaborados por el Gobierno. Si a esto unimos el hecho, también significativo, de que una mayor inflación como consecuencia del IVA hará menos competitivas nuestras exportaciones, y que éstas se verán asimismo afectadas por una menor desgravación fiscal a la exportación o, en su caso, por su desaparición, se puede comprender con claridad los graves efectos adversos que una decisión como la expuesta de propiciar una mayor capacidad recaudatoria en el IVA puede tener sobre la economía interior. En definitiva, pues, todo parece apuntar a que ambos efectos del IVA suponen un importante obstáculo en el cumplimiento de las previsiones establecidas por las autoridades en materia de crecimiento y empleo.
No obstante, se ha argumentado por parte de algún representante del Gobierno que el referido impacto inflacionista del IVA podría ser abordado a través de diferentes mecanismos administrativos para conseguir un control de los precios, como sería el caso de una política monetaria más restrictiva, una política de control de precios, e incluso se ha atisbado la posibilidad de que sea el propio mecanismo del mercado el que controle e impida el crecimiento de los mismos originado por el IVA.
En este sentido conviene recordar que una actuación monetaria más rígida para hacer frente a la inflación tendría consecuencias aún más adversas sobre la inversión y empeoraría aún más la situación existente, con las consecuencias que ello ocasionaría sobre el nivel del paro, que sería mayor.
Medidas correctoras
Por otro lado, la intervención del Gobierno en el control de los precios supone un paso atrás en la liberalización y flexibilización de nuestra economía, con las rigideces que conlleva y con los escasos resultados que cabe esperar.
Por último, afirmar que el propio mercado actuará impidiendo el efecto inflacionista supone aceptar que habrá de ser la propia demanda de consumo la que disminuya, procediéndose asimismo a un desajuste de las previsiones establecidas para los próximos años de fundamentar en el consumo privado y en la inversión el proceso de crecimiento económico.
En su conjunto, pues, difícilmente puede esperarse alguna connotación plausible y positiva para nuestra economía si los objetivos recaudatorios del IVA prevalecen y se erigen en causa inmediata de unas mayores tasas de inflación para los próximos ejercicios.
es economista del Estado, profesor titular de Hacienda Pública y Derecho Fiscal y doctor en Derecho.
