El Estado pagará todo, excepto las pensiones contributivas

El gasto en pensiones rondará en 1985 los dos billones y medio de pesetas y crecería cada año un 8,5% aunque todas quedaran congeladas. La asistencia sanitaria y los servicios sociales habrán de aumentar igualmente. Para asumir ambos fenómenos y conjugarlos con el deseo de reducir las cotizaciones empresariales, el Estado tendría que elevar su creciente financiación del sistema, justo lo contrario de lo deseado. Como también se quiere garantizar la subida automática de pensiones y extender un subsidio asistencial a toda la población, habrá que reducir el gasto en pensiones.

El modelo de equilibrio financiero que el Gobierno ha propuesto a CEOE y UGT tiene por horizonte transferir todos los costes al Estado, salvo el de las pensiones contributivas, únicas que pagarán en el futuro las cuotas de empresas y trabajadores.Los números de la reforma -el cómo corregir el desequilibrio financiero de la Seguridad Social y cómo pagar su futuro modelo- son los grandes ausentes de las amplias propuestas formuladas por el Gobierno a CEOE y UGT.

Durante la negociación del Acuerdo Económico y Social (AES), así como posteriormente, la Administración manejó diversas cifras de reducción de gasto. Ahora parece haber otras distintas, pues también han cambiado los datos sobre la reforma. Por ejemplo, entonces se hablaba de suprimir más de 30.000 millones de pesetas anuales en ayudas a la familia, principalmente por las 250 pesetas mensuales que tienen de subsidio todos los trabajadores o pensionistas con hijos a su cargo. En cambio, ahora el Gobierno sugiere aumentar su cuantía para los pensionistas, desempleados con subsidio y trabajadores cuyos ingresos anuales estén exentos de declarar el impuesto sobre la renta (en la actualidad, hasta 500.000 pesetas al año). Mayor gasto que sería financiado con la supresión del pago único a quienes se casan o tienen un hijo y de los subsidios periódicos por esposa a cargo.

Esquema de futuro

Sin embargo, las propuestas del Gobierno sí dibujan un esquema de futuro para la Seguridad, Social, el cual quedaría configurado una vez corregido el actual desequilibrio financiero del sistema durante "el período transitorio correspondiente". Tampoco concreta a cuánto asciende el desequilibrio ni la duración del período necesario para corregirlo, si bien cabe recordar que los anteriores documentos apuntaban a que el desequilibrio entre ingresos y gastos -actualmente cifrado en el billón de pesetas que aporta el Estado- alcanzaría los tres billones de pesetas en 1993.La configuración final del citado esquema, en su vertiente financiera, aspira a que las prestaciones, contributivas (lo que hemos llamado segundo nivel o nivel profesional o contributivo, es decir el formado por las pensiones que se recibirán en función de lo cotizado por empresas y trabajadores) serían pagadas cuando termine el período transitorio por los ingresos anuales procedentes de dichas cotizaciones y "otros ingresos". Todo lo demás (las pensiones o prestaciones asistenciales, la asistencia sanitaria y los servicios sociales) deberá ser financiado íntegramente por el Estado.

En consecuencia, no sólo será troc eada la Seguridad Social actual con segregación hacia el Estado de la asistencia sanitaria (tal y como prevé el proyecto de ley de Sanidad), sino que el Estado deberá aumentar el dinero que emplea en ello. Actualmente, todo está en el mismo saco, el de la Seguridad Social, y el Estado destinará en 1985 cerca de 0,75 billones de pesetas. Así, tendrá que incrementar paulatinamente en los próximos años la diferencia hasta el billón de pesetas que ya cuesta la sanidad pública y, al mismo tiempo, empezar a cubrir el coste adicional de la ley de Sanidad (cifrado en 105.000 millones de pesetas de 1985 cuando esté en plena vigencia, hacia 1990). Pero, además, deberá también empezar a pagar con la reforma las nuevas pensiones asistenciales y unos servicios sociales que este año costarán cerca de 50.000 millones de pesetas (atención a los marginados y a los minusválidos) y que están llamados a elevar su gasto en los próximos años con su extensión a todos los ciudadanos necesitados.

Las cuotas

En la actualidad, los 3,5 billones de pesetas que piensa gastar en 1985 la Seguridad Social en prestaciones económicas, asistencia sanitaria y servicios sociales son pagados por cuotas de empresarios y trabajadores (2,6 billones), la aportación del Estado (0,75 billones) y otros ingresos muy minoritarios. Ya en este esquema ha sido detectado el citado desequilibrio financiero, por el momento más tendencial que real si se tiene en cuenta la aportación del Estado, que ha pasado en los cinco últimos años de 0,14 a 0,75 billones de pesetas. Por tanto, la transición hacia el nuevo modelo exigiría un crecimiento todavía mucho mayor de las aportaciones del Estado (algo considerado insoportable por el Gobierno) o grandes reducciones de los gastos tendenciales.El núcleo del problema está en lo que el críptico lenguaje de los documentos entregados a CEOE y UGT por el Gobierno llama el factor o coeficiente "K": la relación decreciente entre activos y pasivos, entre cotización media y pensión media, deteriorada por la evolución demográfica y por la crisis económica. Y como tanto el número de cotizantes como la base media de cotización dependen de la marcha de la economía -dependen del empleo y de los salarios, son "variables independientes fimitadamente modificables desde el sistema"-, sólo cabe actuar sobre las otras variables de "K". En lenguaje llano, si se descarta por motivos económicos el incrementar los tipos de cotización (el coste de la Seguridad Social penaliza el empleo), quedan los siguientes márgenes: frenar la acelerada incorporación de pensionistas, introducir mayor proporcionalidad entre las pensiones y lo cotizado, y rebajar las pensiones.