Un juez británico entrega la niña de 'madre alquilada' a la pareja que la encargó
Un juez británico ha puesto fin a las especulaciones sobre el futuro de la primera niña nacida de una madre alquilada en el Reino Unido, al decidir su entrega a la pareja anónima que pagó por su concepción y posterior nacimiento.
El magistrado, sir John Latey, de la Corte Superior Civil de Londres, anunció ayer que la popularmente bautizada en Gran Bretaña como Baby Cotton, por el nombre de su madre biológica, fue entregada el viernes a la pareja que había contratado los servicios de la sucursal británica de una agencia de maternidad alquilada norteamericana, The National Center for Surrogate Parenting, que buscó a una mujer casada inglesa que se prestara a la operación.
Kim Cotton fue inseminada artificialmente con el esperma del futuro padre adoptivo de la niña y dio a luz al bebé el pasado día 4 en el hospital Reina Victoria, del norte de Londres. La agencia pagó a Kim una cantidad equivalente al millón y medio de pesetas por la concepción y el embarazo, y recibió una cantidad superior por sus servicios. El anuncio del nacimiento de la niña provocó una fuerte controversia en el Reino Unido, que posiblemente se traducirá en el envío de un proyecto de ley al Parlamento para prohibir la comercialización y venta de niños nacidos de madres alquiladas, aunque no el hecho de alquilar la maternidad sin afán de lucro.
Exclusiva vendida
La madre abandonó el hospital al día siguiente de dar a luz y regresó a su domicilio donde vive con su marido y dos niños habidos de su matrimonio. Al dinero recibido de la agencia hay que añadir una cantidad no especificada que Kim ha percibido por vender en exclusiva su relato a uno de los periódicos populares de Fleet Street, el Daily Star.Al anunciar su decisión, el juez Latey manifestó que había encontrado a los futuros padres adoptivos, cuya identidad se desconoce, "perfectamente preparados para hacer frente a las necesidades emocionales y materiales de la niña".
El juez, que la pasada semana prohibió a la Prensa revelar la identidad de la pareja bajo la amenaza de desacato al tribunal si se violaba la orden, declaró que era impensable "una revocación de tal medida. Hay que dejar a la pareja que críe a la niña con la máxima tranquilidad y paz mental", añadió.
Dada la tradición de la Prensa británica de acatamiento a las decisiones judiciales, es previsible que la identidad de la pareja adoptante sea conocida en un futuro inmediato, aunque todo parece indicar que son de nacionalidad norteamericana y que tanto los nuevos padres como la niña se encuentran ya en Estados Unidos. Mientras se preparan los documentos de adopción, la niña permanecerá bajo la tutela de un tribunal británico, aunque su cuidado haya sido encomendado a la misteriosa pareja denominada por el juez Latey como el señor y la señora.
Según se supo ayer, la salida de Baby Cotton del hospital Reina Victoria tuvo aspectos rocambolescos. Con el fin de despistar a la prensa, que montaba guardia en la puerta de entrada del centro sanitario, la niña fue recogida por el abogado de los padres adoptivos, Derek Kirby-Johrison, que se presentó en el hospital acompañado de su mujer, que está embarazada de seis meses. Sorteados los periodistas, que no sospecharon nada de una mujer encinta, la niña fue entregada al abogado, que abandonó el hospital por una puerta trasera.
Condiciones leoninas
Por su parte, un periódico británico reveló el domingo los detalles leoninos del contrato suscrito por la agencia de maternidad alquilada y Kim Cotton.Según el contrato, Kim se comprometió a no mantener relaciones sexuales dos semanas antes de producirse la inseminación artificial y a no reanudarlas hasta que el embarazo fuera confirmado por un ginecólogo. Igualmente, la madre se comprometió a no fumar ni beber durante todo el período de embarazo ni a someterse a un aborto.
El contrato incluía igualmente una clausula de penalización. En el caso de que Kím decidiera no entregar a la niña tras su nacimiento, se vería obligada a pagar a la agencia la cantidad de 25.000 libras (unos cinco millones de pesetas), además de correr con todos los gastos legales y clínicos.
