El Consejo Constitucional francés recorta profundamente la ley antimonopolio, redactada contra el grupo Hersant
El Consejo Constitucional francés ha recortado profundamente la ley anti monopolio de la Prensa, aprobada el pasado mes de septiembre por la Asamblea Nacional a propuesta del Gobierno socialista de François Mitterrand. Según la decisión, dicha ley no tendrá efectos retroactivos, por lo que ya no afectará al principal grupo editor de Prensa y máximo exponente del fenómeno de la concentración en Francia, Robert Hersant, diputado conservador en el Parlamento Europeo.
El Consejo Constitucional -independiente en principio de los partidos políticos aunque integrado en estos momentos por personalidades más cercanas a la oposición-, ha considerado que esta ley no puede tener efectos retroactivos, por lo que el grupo Hersant se salvará del desmantelamiento. Este grupo edita 19 periódicos, entre ellos el rotativo conservador Le Figaro y el regional France-Soir. El magnate de la Prensa francesa tiene en sus manos el 40% del mercado nacional de los diarios y el 13,5% del mercado regional.
El Consejo Constitucional noha cuestionado, sin embargo, las normas limitadoras de la concentración de prensa referidas al futuro o a la transparencia financiera de los periódicos, según consta en la ley. Con esta decisión del más alto nivel legislativo se pone fin a una polémica que se planteó hace un año cuando era primer ministro del Gobierno francés Pierre Mauroy.
La reacción a la decisión del Consejo Constitucional no se ha hecho esperar. Mientras que las fuerzas conservadoras afines al espíritu de estas publicaciones se han felicitado "porque se ha puesto a salvo la unidad de las publicaciones del grupo", políticos de izquierda reclaman la dimisión de Georges Fillioud, secretario de Estado de Comunicación y autor principal del proyecto ahora desautorizado.
El proyecto de ley anti monopolio presentado por el Gobierno socialista ha sido el caballo de batalla de la oposición francesa, junto con el otro proyecto gubernamental de reforma de la enseñanza privada, sobre el que el Gobierno ha tenido que ceder en determinadas cuestiones para dar satisfacción a los dirigentes de la enseñanza católica apoyados por la oposición.
La campaña de la oposición se ha basado en el lema por la defensa de las libertades, y en el caso de la ley de Prensa, en la consigna por la libertad de Prensa amenazada. A la modificación de la ley de enseñanza sucedió la reestructuración del Gobierno de Mauroy y la entrada de Laurent Fabius al frente del nuevo Ejecutivo.
Precisamente este nuevo primer ministro había anunciado, elpasado 5 de septiembre, que las disposiciones anti monopolio contenidas en la ley no entrarían en vigor hasta dentro de dos años, es decir, hasta después de las elecciones legislativas de 1986, en las que podría producirse un cambio de la mayoría parlamentaria, según determinados observadores.
La ley antimonopolio de Prensa exigirá, cuando entre en vigor, transparencia en el capital, de tal manera que el funcionamiento económico deberá ser comunicado a los trabajadores e incluso a los propios lectores.
Con la ley se limitará igualmente el monopolio, puesto que una persona no podrá ser propietaria al mismo tiempo de un periódico nacional y de otro de cobertura regional. Se podrán poseer hasta tres diarios nacionales, si no sobrepasan los 300.000 ejemplares en total. Por otra parte, todas las empresas tendrán que dotarse de una redacción autónoma.
