Un 'caso Dreyfus' para Europa
Cinco años han transcurrido desde la detención, en Italia, de los intelectuales que lucharon contra el compromiso histórico -es decir, contra una especie de alianza conservadora entre la Democracia Cristiana y el partido comunista de Berlinguer- Desde el 7 de abril de 1979 muchas cosas han cambiado en Italia: el terrorismo, ese monstruo ciego de dogmatismo y de desconocimiento de las fuerzas vivas del movimiento de entonces, quedó aislado y derrotado; los socialistas italianos se encuentran ahora gobernando; el país comienza a reponerse de la crisis económica que lo sacude desde hace años...Sólo una cosa no ha cambiado: la voluntad de castigo, e incluso, de venganza, hacia los intelectuales del 7 de abril. Una voluntad que, con el paso del tiempo, parece haber tomado nuevo impulso y que, para conseguir sus objetivos, no ha dudado en llevar a cabo una serie de transformaciones en las acusaciones contra estos intelectuales, acusaciones que podrían calificarse de pesada broma si no fuese porque ponen en juego la vida de varios jóvenes de ambos sexos, que han permanecido en prisión preventiva en su mayoría durante más de cuatro años.
Todo comenzó, en un primer momento, con el asesinato de Aldo Moro: los acusados del 7 de abril eran los autores; había pruebas irrefutables; se habían enviado cintas magnetofónicas a expertos de Chicago, etcétera... Hasta el momento en que este cúmulo de absurdos cayó en el ridículo. Más tarde se descubrió que eran ellos los verdaderos jefes, los jefes secretos, de las Brigadas Rojas, pese a que éstas los odiaban y a que algunos de ellos habían sido amenazados de muerte públicamente. Durante un año seguido los acusados fueron sometidos a increíbles presiones para que confesasen sus crímenes.
Los medios de comunicación bombardearon a la opinión pública italiana y mundial con esta verdad, que fue revelada a un juez, de cuya salud mental hay que comenzar a dudar hoy día, pues ha continuado aferrado como un loco a su delirante construcción de teoremas y demostraciones, aunque aquélla haya acabado, a la larga, por hundirse también. Ante esto, la Magistratura italiana tomó otra vía: se. inventó completamente una "insurrección armada contra el Estado" -cuya consecuencia penal es la cadena perpetua-, sobre la base de las más heteróclitas acusaciones. Así, pues, Toni Negri se ha visto atribuir generosamente ¡nada menos que 17 homicidios políticos!
Delitos comunes
Sin embargo, una vez más, las acusaciones no cuajaron y, una vez más, se hallaron otras, rela cionádas, ya, con simples delitos comunes... ¿Y seguimos ahí? Nos asombra y apena una actitud se mejante por parte de la Magistratura italiana -pese a que Italia es un país de antigua tradición jurídica, pero cuyo arraigo democrático continúa siendo, sin duda, precario- ¿Por qué se ha producido este último giro en la actitud de los jueces? Para quien haya seguido de cerca el proceso, la respuesta es, por desgracia, muy sencilla.
Durante los debates, ninguna de las acusaciones políticas ha prosperado. La actitud autoritaria de los jueces, los obstáculos artificiales colocados en el camino de la defensa, la infame utilización de la: delación por medio de los arrepentidos, las calumnias repetidas hasta la saciedad por los medios de comunicación no han servido para nada. Pero, dado que la justicia italiana se había comprometido demasiado en tales procesos ante las fuerzas políticas, dado que se le había asignado un papel esencial, es decir, la eliminación radical de toda oposición al famoso compromiso histórico, dado que no deseaba retractarse en un plano internacional, le era imprescindible demostrar, a costa de lo que fuese, que los largos años de prisión preventiva a que se había condenado a los acusados, del 7 de abril no lo habían sido en vano, que las peticiones de extradición seguían teniendo fundamento (la existencia de una importante emigración política, en varios países, comenzaba a ponerlas en duda).
Así pues, la solución no podía ser otra que inclinarse por una redefinición del delito común, aplicable a estos presuntos delitos. Esto tenía dos ventajas: la eliminación política de toda una generación de intelectuales contestatarios, los cuales, de todos modos, iban a sufrir largas penas de cárcel, y la facilitación de su eventual extradición.
Sea como sea, y en fin de cuentas, la dificultad sigue siendo la misma, testaruda e irrevocablemente, al menos ante el tribunal de la historia: tales delitos comunes, en el fondo, no existen, no tienen ningun fundamento ni reposan sobre prueba material alguna. Las declaraciones de los arrepentidos repiten siempre la misma canción: los intelectuales en cuestión son, en todo caso, moralmente responsables del terrorismo por sus declaraciones y escritos. ¡Qué curiosa manera de delegar la justicia! ¿Y en quién se la ha delegado? ¡En unos asesinos, para llamar a las cosas por su nombre, que, para ser puestos en libertad, no tenían otra elección que responsabiaar a los inculpados del 7 de abril!
No quiero decir con esto que Italia marche hacia el totalitarismo. Pero el hecho de que un país sea glóbalmente democrático no impide en absoluto que una parte de sus instituciones haya dejado de serlo. Y, como es evidente, la ley de excepción que permitió, estos últimos años, acusar y perseguir a miles de inocentes por sus ideas políticas no tiene ya nada que ver con la democracia.
Parece ser que el actual Gobierno italiano, dirigido por los socialitas, desea poner fin a la ley de excepción. Pero no resulta inútil que la opinión europea, y en particular los franceses preocupados por la defensa de las libertades, sigan de cerca este caso llamado del 7 de abril. Este caso podría convertirse en un test decisivo, en un verdadero caso Dreyfus europeo, en el contexto de la construcción de un espacio europeo de libertades civiles y políticas.
En cuanto se pronuncie la sentencia contra los intelectuales del 7 de abril, nosotros daremos comienzo, naturalmente, a una campaña para que se revise el proceso. Lo repito: está en juego toda una concepción de la libertad y de la justicia en el seno de Europa occidental. No es necesario añadir que no se trata, evidentemente, de aceptar pasivamente que Francia se pliegue a algún tipo de chantaje relacionado con las peticiones de extradición de las autoridades italianas. Así, pues, la Europa de las libertades, ¿por qué no? La Europa de la represión, no, gracias, de eso ya hemos tenido.
