El Juego de la guerra
EL CONSEJO de guerra que ha juzgado a los coroneles del 27-O declara en su sentencia como hechos expresamente probados que los condenados "se pusieron de acuerdo para la realización de un plan tendente a conseguir un cambio violento mediante una acción armada de la actual organización política adoptada por el pueblo español, con intención de sustituirla por otra más de acuerdo con sus pensamientos. Consistían éstos en la constitución de un gobierno militar, en el que la Jefatura del Estado y del Gobierno sería unipersonal y asumida por una personalidad militar adecuada de entre una junta militar...". Los juzgadores definen así, con prosa jurídica, las características de un golpe de Estado tendente a erigir en nuestro país un régimen a la turca, después de derrocar al Rey y acabar con la monarquía parlamentaria. Tras esta sentencia, cualquier invocación por parte de la derecha reaccionaria a que los coroneles condenados se limitaban a "jugar a la guerra" en sus casas resulta tan bufa e inoperante como las aseveraciones de que la operación Galaxia fue una charla de café o similares lindezas dichas sobre el 23-F. El sueño de la razón de los hermanos Crespo Cuspinera y del coronel Muñoz Gutiérrez, sin duda protagonistas en sus oníricos planes de esa junta militar imaginada se viene, una vez más, abajo con estrépito. Éste es, de hecho, el tercer golpe militar abortado en la transición y el tercero que recibe castigo por los jueces, compañeros de armas de los acusados.El alboroto organizado en torno al juicio por parte de la Prensa de extrema derecha, los intentos vanos de los abogados por organizar un escándalo con la recusación del tribunal, los infames ensayos de involucración de este periódico, llamando a su director a declarar de manera urgente en la fase previa del proceso contrastan con el glorioso desdén con que los españoles contemplan a estos milicos anticuados, que dan con sus huesos en la cárcel, y a las marionetas civiles que les bailan el agua. La sociedad española ha progresado vertiginosamente en los últimos años en la aceptación de los dramas y las comedias que la convivencia democrática impone. No ha habido tensión en torno al juicio del 27-O y no se ha conseguido esta vez por los corifeos de los frustrados golpistas que el Ejército se sienta él mismo injustamente juzgado cuando sólo se juzga y se condena a unos delincuentes de los que sólo su propia torpeza resulta atenuante de su delito.
Es de esperar que este juicio ponga punto final al sinfín de anécdotas grotescas que un grupo de oficiales de las Fuerzas Armadas españolas vienen empeñados en protagonizar desde el comienzo de la democracia. Y es de desear que esa ejemplaridad sirva, una vez más, para sofocar los focos involucionistas que en el seno de las Fuerzas Armadas puedan seguir existiendo. Sería ridículo suponer que de la noche a la mañana han de desaparecer de entre nosotros los profesionales de la nostalgia, empeñados en sacudir a este pueblo, susto tras susto, para hacerle que baile al único son de sus precarias mentes. Pero sería absurdo no reconocer que el tiempo y la razón les están ganando la batalla.
En este último tramo de la historia de nuestro país, los socialistas han venido aplicando una política titubeante en el terreno de la Defensa, que recientemente parece afianzarse sobre criterios de reforma y modernización muy plausibles. No cabe duda de que ésta es una de las difíciles papeletas que el Gabinete de Felipe González tiene ante sí. Suponer que todo está hecho y que nuestras Fuerzas Armadas no necesitan aún de un profundo cambio sería demasiado. Despreciar el camino andado y no atender a las lecciones de disciplina que la gran mayoría del Ejército está ofreciendo sería también injusto.
Resulta difícil suponer, por lo demás, que este golpe tan complicado de las operaciones Halcón y Marte fuera a ser hecho sólo por los tres conspirados a los que ahora se condena. El hecho de que no haya pruebas contra otros no significa que esos otros no existan. A la luz de estas consideraciones es como el Gobierno debe analizar y entender la petición de aminoración de penas que los jueces han añadido a su propia sentencia. Al margen la disminución de años de cárcel, en la que pueden operar motivos humanitarios y de parecido género, es importante señalar el matiz entre la "pérdida de empleo" -expulsión total del Ejército- que la condena establece y la simple "separación del servicio" que en la solici tud de clemencia se sugiere.
