50.000 millones de pesetas, volumen del fraude al credito oficial en el sector naval
El Banco de Crédito Industrial ha redactado un informe, que está en poder de las más altas autoridades económicas del Gobierno, en el que se detalla la anómala situación de los créditos al sector naval, heredados por el banco a partir de enero de 1982, cuando un acuerdo del Consejo de Ministros le traspasó en bloque los activos y pasivos del crédito naval del Banco de Crédito a la Construcción (BCC). En dicho informe se aporta la cifra de 50.000 millones de pesetas como volumen del fraude a la Administración y al BCC.Estos 50.000 millones de más fueron concedidos, como ayuda oficial a la construcción de buques, a armadores públicos y privados, durante el período comprendido entre 1976 y 1981, de forma irregular, mediante prácticas que han rozado con frecuencia los límites del Código Penal.
El negocio consistía no en construir y/o explotar buques, sino en promover su construcción, para lo cual el camino usual era el mutuo acuerdo entre un armador o aspirante a armador y un astillero. La Inspección General de Buques valoraba el coste del futuro buque a construir y asignaba automáticamente primas y desgravaciones (un 20% de dicho valor), mientras el BCC, ahora el BCI, concedía el 80% de la cifra restante en forma de créditos blandos (a 12 años, con dos de carencia a contar desde el momento de la entrega del buque, y a un 8% de tipo de interés fijo).
Las valoraciones artificialmente altas dadas por buenas por la citada inspección han sido la causa de esos 50.000 millones defraudados a la Administración. Al juego se han prestado astilleros -los grandes beneficiarios del sistema- privados y públicos. El problema para el BCI es ahora cobrar esos créditos, con escasas posibilidades de éxito en la mayoría de los casos; muchos de ellos han sido mal otorgados, con documentación falsa o manipulada y con ampliaciones de capital ficticias efectuadas ante notario.
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