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La crisis del PNV

El conflicto entre Garaikoetxea y la dirección de su partido ha puesto de relieve los problemas de fondo del nacionalismo vasco

Parece confirmado, con nombres y apellidos, que sectores próximos a la dirección actual del partido trataron de obstaculizar la retransmisión en directo por las cámaras de la televisión vasca de la intervención del lendakari en la conferencia de prensa celebrada el martes día 2 en Vitoria. Había en ello, sin duda, un reflejo del temor a que saliera a la luz lo que, según el instinto conservador de todo aparato -político o no político- debe permanecer dentro de casa. Pero ese temor estaba doblemente justificado en el caso del PNV.Fundado hace casi 90 años por el hijo de un combatiente carlista, el nacionalismo vasco, como todo nacionalismo, es un movimiento que aspira a representar a toda la colectividad nacional y que se basa, por tanto, en la presunción de que toda posible divergencia o conflicto de intereses entre los componentes de la nación se pliega ante los intereses superiores de esta última, cuya existencia se afirma en relación a un enemigo exterior. Pero, naturalmente, tal pretensión ideológica no impide que los conflictos reales de intereses existentes en la sociedad se manifiesten en la práctica política del partido, y que periódicamente afloren como conflictos internos de éste.

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Concretamente, la historia del PNV Cal menos desde el ingreso, hacia 1898, en el primitivo grupo fundado por Arana del sector de la burguesía fuerista y líberal-moderada, representado por el naviero Sota) es la historia del permanente intento de hacer compatibles los intereses y sentimientos de un sector burgués, moderadamente conservador, modernista, industrialista, con los sentimientos e intereses de amplias capas de la población, radicalizadas por a marginación a que las condena esa misma industrialización. En las fases agudas del conflicto -bien por la coyuntura política, bien por la situación económica-, este segundo sector se identifica por un, mayor radicalismo en la reivindicación independentista, nunca definitivamente abandonada como horizonte ideológico del movimiento.

Diversos historiadores (Corcuera, Elorza, Fusi, Payne, entre otros) han estudiado las sucesivas crisis que han puesto de relieve la existencia, otras veces soterrada, de ese conflicto básico.

Los historiadores que se han ocupado del problema han advertido reiteradamente sobre la especificidad del caso vasco e incluso algunos estudiosos, como Juan Aranzadi, han negado palmariamente que el nacionalismo vasco pueda analizarse desde los esquemas clásicos de infraestructura, superestructura y demás. Pero, con todo, no parece arriesgado suponer que, si alguna influencia tienen los factores económicos y de contexto político general, el momento actual es claramente proclive a la crisis.

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Y ello, por la coincidencia en el tiempo de dos factores. De una parte, la específica incidencia en el País Vasco de la crisis económica, agudizada por las inundaciones de agosto, justo cuando se inicia un proceso de reconversión industrial. De otra, la creciente dificultad de identificar ese decisivo enemigo exterior -sin cuya existencia, real o imaginaria, la ideología nacionalista sería algo muy distinto a lo que es cuando el poder central se hace autonomista y, encima, gobierna en Madrid el partido que durante 40 años fue el principal aliado del PNV en el Gobierno autónomo vasco. Dos conflictos entre la dirección del partido y el Gobierno de Garaikoetxea, registrados en los últimos tiempos, podrían ilustrar, pero tan sólo como síntomas, esta nueva situación, hace unas semanas, la dirección del PNV decidió

,sumarse, si no encabezar, una movilización contra los planes de reestructuración industrial, y en particular del sector naval, propiciados por el equipo del ministro de Industria, Carlos Solchaga.

Miembros destacados del PNV desfilaron así, codo con codo, junto a los líderes de CC OO o los dirigentes de los partidos de extrema izquierda, justamente cuando el Gabinete de Garaikoetxea preparaba planes de reconversión, no sustancialmente, divergentes con los del Gobierno socialista.

Segundo ejemplo. Hace tres años, cuando Garaikoetxea negociaba con Adolfo Suárez, que resultaría el mejor interlocutor de todos los posibles, el decisivo acuerdo sobre los conciertos económicos y la creación de la policía vasca, la dirección del PNV lanzó una desaforada campaña contra el entonces presidente del Gobierno, paralizando los ayuntamientos y boicoteando ostentosamente la visita que aquél realizaba al País Vasco.

Progresistas y conservadores

No se trata, sin embargo, de deducir sin más que las personas que hoy dirigen el partido representan unos intereses sociales, y quienes están en el Gobierno de Vitoria los de otros grupos claramente definidos, pero sí de constatar que, por su específica situación en la estructura institucional y política de Euskadi, cada cual resiente de manera diferente las presiones de uno u otro sector.

Arriesgado sería, con todo, otorgar patente de más progresistas (o de más conservadores) a cualquiera de los dos sectores. por el tipo de presiones a que son más sensibles. Así, el radicalismo de quienes subliminarmente reprochan a Garaikoetxea su tibieza con el poder central, no es incompatible con posiciones conservadoras en temas como el de la foralidad o actitudes reaccionarias y xenófobas en otras cuestiones. J. J. Azurza fue secretario del consejo regional del PNV tras su regreso, en 1976 o 1977, del exilio venezolano. Tras tres años de enfrentamiento con la dirección, fue expulsado del partido en febrero pasado. Seis meses después, y a propósito de la conflictiva elección del alcalde socialista de Irún, publicó en la Prensa local un artículo titulado ¿Un hombre, un voto?, en el que explicaba dicho conflicto por el hecho de que la ley electoral no consagrase "diferentes grados de valor del voto para nativos y advenedizos", entendiéndose por tales las personas que "vinieron a estas tierras con posterioridad a la guerra civil" ( ... ), "cuadruplicando la población de localidades como Rentería, Usurbil, Urnieta o Hernani y desfigurando el panorama urbano y de composición humana de esta provincia".

Algunos de los problemas salidos a la luz en la crisis actual constituyen una repetición de los suscitados hace unos años a raíz del conflicto que enfrentó a Arzallus con el sector que se dio en llamar sabiniano y que, a su vez, era bastante heterogéneo. Dicho sector se caracterizaba por su empeño en recuperar las señas de identidad ideológica del primitivo nacionalismo, incluida su filosofía confederal -Euskadi, como agrupación libre de territorios autónomos, identificados éstos con las provincias-, por su peculiar radicalismo abertzale, teñido de cierto foralismo de raíces carlistas, y por su conservadurismo social y en materia de costumbres (a Arzallus le acusaban de socialista y le tachaban de cura renegado). Sin embargo, en lo concreto, por encima de cualquier consideración ideológica de fondo, el conflicto se desencadenó como reacción de dicho sector frente al ascenso en las filas del partido y de las instituciones públicas por él controladas de personas a las que consideraban recién llegadas.

El que todavía en la asamblea de ayer el problema general de la disciplina del candidato se haya sustanciado en el debate concreto sobre la autonomía de aquél para nombrar a sus consejeros y colaboradores, parece bastante revelador de que no han cicatrizado las heridas -y la amargura- de quienes, habiendo sostenido al partido en la clandestinidad, no alcanzan a entender su posterior marginación. Pero el hecho de que las acusaciones de hace unos años tuvieran como principal objetivo al mismo Xabier Arzallus, que ahora ha aparecido como principal contradictor de Garaikoetxea, indica hasta qué punto la situación es todavía demasiado fluida como para arriesgar la adjudicación a uno u otro sector de las corrientes de fondo subyacentes.

Fuentes muy próximas al actual consejo nacional han filtrado estos días diversas insinuaciones sobre el eventual protagonismo que en la crisis, podrían haber tenido sectores ajenos al partido, como el Opus o los antiguos sabinianos, que estarían apoyando a Garaikoetxea para favorecer un giro a la derecha. Pero tales insinuaciones resultan contradictorias con las posturas adoptadas por unos y otros respecto al problema que dio origen al desacuerdo básico entre partido y Gobierno: la ley de Territorios Históricos.

A no ser que la oposición de izquíerda en el Parlamento vasco haya estado deliberadamente favoreciendo una opción derechis

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ta, parece lógico aceptar que, en general, han sido los sectores más conservadores y más predispuestos a un acercamiento paulatino a las posiciones de centro-derecha a escala estatal (PDP) quienes más han presionado por el recorte en favor de las instituciones provinciales de las competencias de los órganos comunes de la comunidad autónoma (Gobierno y Parlamento).

De hecho, cualquier planteamiento progresista y de racionalidad económica y administrativa exige, según todos los expertos, el fortalecimiento de dichos órganos comunes, que constituirían el nivel más adecuado para una planificación modernizadora (otra cosa es que, subjetivamente, los sentimientos provincialistas sean todavía en la población vasca, incluido su sector nacionalista, más arraigados que la conciencia de Euskadi como un todo). Simétricamente, por lo demás, hay indicios de que los sectores más regresivos de la sociedad vasca consideran que la defensa de sus intereses de grupo se garantizarían mejor desde unas diputaciones poderosas y con dinero que desde un Gobierno vasco con gran capacidad de intervención.

Otro de los problemas ahora suscitados es el de la organización interna del PNV. En el momento fundacional el complejo sistema electoral interno permitía en la práctica la cooptación de todos los dirigentes por los hermanos Luis y Sabino Arana. Desaparecido el fundador, las juntas municipales pasaron a ser los órganos de base sobre los que se asentaba toda la vida partidaria. Sin embargo, a partir de la paulatina aceptación por el PNV del juego electoral, el poder fue concentrándose en los órganos superiores, que controlaban fundamentalmente la elaboración de las listas. Hasta cinco estatutos diferentes, tendentes a favorecer dicho control, fueron sucesivamente aprobados entre 1906 y 1916.

Las posteriores reformas parciales, la última hace dos o tres meses, han ido adaptando los estatutos a la cambiante realidad pero han dejado casi incólume el carácter paritario, no proporcional, de la representación de cada instancia en la inmediatamente superior. Eso explica que, por ejemplo, la asamblea regional de Álava haya votado una resolución contraria a los planteamientos de Garaikoetxea, pese a que las asambleas locales de Vitoria y Llodio, que agrupan al 90% o 95% de los afiliados de la provincia, se hubiesen pronunciado en favor del Iendakari. La influencia de los sectores rurales en la configuración de la opinión del partido puede, así, llegar a ser infinitamente superior a su peso proporcional.

Por lo demás, el hecho de que, a tenor con lo establecido en el artículo 18 de los estatutos, la organización de, por ejemplo, Navarra, que cuenta con apenas un millar de afiliados, disponga en la asamblea nacional de idéntica representación que Vizcaya (cuya afiliación es 25 veces superior), introduce un factor de distorsión, que espontáneamente tiende a ser compensado con mecanismos ajenos a los estatutarios.

Por ejemplo, el recurso al carisma personal. Actualmente, sin embargo, esa legitimación carismática es compartida por Arzallus y Garaikoetxea. Si este último ha resultado vencedor se debe, probablemente, entre otros factores, a que supo adelantarse a apelar directamente (y personalmente, merced a la televisión) a las bases. De ahí seguramente los intentos de evitar que la retransmisión se llevase a efecto.

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