La defensa solicita de nuevo, en Bayona, la libertad provisional
La resolución del Tribunal de Pau parece desvanecer, al menos momentáneamente, las expectativas de una inminente liberación de los policías españoles, aunque su abogado, Jacques Tournnaire, presentó ayer mismo una nueva solicitud de libertad provisional, esta vez ante el juzgado de Bayona, que deberá contestar antes de cinco días, por lo que cabe todavía la posibilidad de que los agentes españoles recobren la libertad provisional en los próximos días, si bien medios jurídicos no consideran probable tras la resolución adoptada ayer. Si el dictamen del tribunal de Bayona, que instruye el sumario por la agresión a Larretxea, fuera igualmente negativo, la defensa podrá recurrir ante el Tribunal de Pau.La liberación de los funcionarios españoles queda ahora exclusivamente en manos del juez Pascal Faux, el mismo que ordenó su ingreso en prisión y calificó su supuesto delito con el agravante de premeditación. Las posibilidades de que Pascal Faux ordene la líbertad provisional son algo remotas, en opinión de los propios abogados y así, Jacques Tournaire indicó ayer que sus gestiones irán dirigidas a conseguir acelerar el cierre del sumario, condición imprescindible para que tenga lugar el juicio. El cónsul de España en Pau reprochó ayer al juez Faux el retraso en cerrar las diligencias.
La legislación francesa establece que la prisión preventiva no puede prolongarse más de cuatro meses, prorrogables dos más cuando existen "motivos serios y legítimos", manifestó ayer el abogado defensor al preguntársele por las perspectivas del caso. Por su parte, la acusación particular representada por las abogadas de José María Larretxea, intenta prolongar las diligencias del sumario y ha solicitado un nuevo peritaje del forense en el intento de que se declare que las lesiones han incapacitado al presunto dirigente de ETApm durante nueve días, uno más que el que establece la justicia francesa, para que la correspondiente pena ascienda a cuatro años de prisión. El forense determinó que las lesiones a Larretxea le habían incapacitado únicamente para seis días, con lo que el castigo al que tendrían que enfrentarse los policías sería de dos años de prisión, siempre que se probara el agravante de premeditación.
