La escaramuza de los catecismos
EL MINISTERIO de Educación y Ciencia ha dictaminado, que la utilización en los centros de EGB de dos catecismos editados por la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis de la Conferencia Episcopal Española es una infracción de la legislación vigente", dado que no han sido cumplidos los requisitos establecidos por una orden ministerial de 16 de julio de 1980. Ambos textos, titulados, respectivamente, Camino, verdad y vida y Las huellas de Dios, aluden condenatoriamente al aborto en un contexto que asocia inequívocamente la interrupción voluntaria del embarazo con las guerras y el terrorismo. Dejando por el momento a un lado los aspectos ideológicos de la polémica sobre el aborto, que pronto será reanudada en las Cortes Generales, cabe formular algunas reflexiones sobre los aspectos legales y políticos del incidente.Durante los pasados meses de junio y julio, representantes del Ministerio de Educación y de la Conferencia Episcopal Española -discutieron largamente sobre este asunto sin llegar a un acuerdo. Representantes del Estado señalaban la inconveniencia de identificar el aborto -a punto de ser parcialmente despenalizado por las Cortes Generales- con figuras delictivas tan duramente sancionadas por el Código Penal como son las actividades terroristas. Los obispos insistieron en que la doctrina de la Iglesia y las homilías de Juan Pablo II admitían esa equiparación. El diálogo ha quedado interrumpido después de la publicación de los dos catecismos por una empresa editora directamente dependiente de la Conferencia Episcopal Española y de la prohibición expresa de los mismos por el ministerio. La suposición de que en tomo a esta cuestión lo que se debate en realidad es un tema de fondo, relacionado lo mismo con los acuerdos España-Santa Sede que con la ley de Educación (LODE), pendiente de ser aprobada en Cortes, no parece gratuita. En efecto, los primeros conceden a la jerarquía eclesiástica la facultad de señalar los contenidos de la enseñanza y la formación religiosa, mientras que la segunda afecta a la normativa general de un sector especialmente querido por la Iglesia y en el que los colegios religiosos reciben una amplia subvención del Estado.
La contundente, y nos tememos que innecesaria, respuesta del Ministerio de Educación se ampara en una orden ministerial de 16 de julio de 1980, insertada en el BOE cuando el democristiano José Manuel Otero Novas -padrino del Estatuto de Centros Docentes- era titular de la cartera de Educación. La orden establece que, en materia de enseñanza de la religión y moral católicas en los centros docentes de preescolar y EGB, "los libros y material didáctico que se utilicen deberán haber sido autorizados por el Ministerio de Educación, previo dictamen favorable del organismo correspondiente de la Conferencia Episcopal. Española". Esa disposición fija, pues, un doble filtro: el primero, administrado por la Iglesia, y el segundo, por el Estado. El control realizado por la Conferencia Episcopal Española evita que una interpretación agnóstica de la vida de Jesús o una obra inspirada por la teología de la liberación puedan ser libros de texto de religión o moral católicas en los centros estatales. Pueden serlo de historia, o de sociología, y el Ministerio tiene facultad para establecer esas disciplinas. Es dudoso, por todo ello, que la orden le confiera al Estado una capacidad censoria sobre el contenido católico de los libros, sino más bien sobre los criterios didácticos. Pues nos negamos apensar que al mismo Gobierno socialista que le parece mal -como a nosotros que el aborto se equipare al terrorismo, le parezca bien todo lo otro que se enseña en el catecismo. Si bien se mira, constitucionalmente, cada religión y cada secta deben tener en este país el derecho de enseñar su ideología -aun si es contraria a la legalidad- como le venga en gana. Otra cosa es que ésa ideología sea subvencionada con el dinero de quienes no la comparten o se obligue a aprenderla a quienes no lo desean. Pero si son esas las cuestiones a debatir, no se deben entonces utilizar por parte de nadie tan torcidos caminos.
Desde el punto de vista político, no se entiende fácilmente por qué el ministerio ha caído en la trampa de emprender esta miniguerra de religión, ni tampoco qué pretende la Conferencia Episcopal Española estirando el hilo de las tensiones. La prudente postura del arzobispado de Barcelona, que no hace punto fundamental del parrafito en entredicho y que lamenta el que se hayan vulnerado los permisos administrativos, contrasta le mismo con el empecinamiento de sus colegas de otras zonas de España que con la dura respuesta del ministerio, que tiene todas las oportunidades del mundo de explicar a los mismos niños de 11 años que el aborto está despenalizado en la gran parte del mundo civilizado y que la opinión del Papa y la Iglesia es respetable, pero discutible, y no va a estar amparada en el futuro por la legislación española. Pero parece que la confusión entre pecado y delito que tanto tiempo ha operado en España se hubiera ahora vuelto contra algunos que tienden a pensar que todo lo que es legal y constitucional nos lleva al cielo. Lo que el partido socialista tiene que hacer es evitar qué la gente vaya a la cárcel por abortar, no que salven sus; almas. Y tiene que garantizar por igual el derecho de expresión y enseñanza de quienes opinan en católico -aun si no le gustan sus opiniones- como de quienes no.
Tampoco puede decirse que sea brillante la posición eclesiástica, matizada felizmente por un portavoz de la jerarquía catalana, que no parece dispuesta a entablar nuevas guerra de religión. Independientemente de la dudosa oportunidad de entremezclar conceptos como terrorismo y aborto en los actuales momentos por los que atraviesa España, descubrir ahora -no cuando la disposición fue promulgada por un Gobierno centrista- que los acuerdos entre la Iglesia y el Estado se hallan por encima de la orden ministerial de 16 de julio de 1980 es, cuando menos, sospechoso. Como lo es todo el montaje de la operación. El artículo 92 de nuestra norma fundamental establece que "los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico", y si había un conflicto de ordenanzas con el ministerio, estamos convencidos de que la voluntad política de resolverlo por ambos lados habría servido mejor a todos que la publicación sin el permiso administrativo de los libros. El respeto mostrado en todo momento por la jerarquía hacia el ordenamiento constitucional y el carácter aconfesional del Estado permite suponer, por lo mismo, que tanto los representantes de éste: como los obispos han de saber saldar esta diferencia de tres líneas en un libro de texto sin llegar a mayores. Lo que nos preguntamos es por qué no lo han hecho ya y qué secretos resortes de clericalismo y anticlericalismo operan en ambos lados. Lo menos que le conviene a este país en este momento es un conflicto de este tipo. Por lo demás, nos tenemos que el ministro de Educación no va a ser capaz de convencer a la Iglesia de la licitud del aborto y que ésta va a arrojar inútilmente al señor Maravall una y otra vez al fuego de los infiernos. Respétese entonces el derecho de todos. El de los católicos a estudiar sus normas y sus creencias y el del resto de los ciudadanos a no hacerlo.
