El nuevo marqués solicitó de Rosón el máximo honor policial para los inspectores que detuvieron a Escobedo

Los dos hijos de los marqueses de Urquijo, Miriam y Juan de la Sierra, solicitaron del entonces ministro del Interior, Juan José Rosón, en un manuscrito fechado el 11 de abril de 1981, el máximo honor policial para he dos inspectores de policía que contribuyeron decisivamente a la detención de Rafael Escobedo Alday, que se había producido tres días antes, y a la resolución policial del llamado caso Urquijo. Con respecto al mismo tema, EL PAÍS ha confirmado en fuentes policiales la apertura de un expediente Informativo contra uno de los inspectores que participaron en la Investigación.

El texto del telegrama, que se reproduce en facsímil, cuya autoría fue reconocida por Juan de la Sierra y Urquijo y que tiene defectos de puntuación, dice lo siguiente: "Excmo. Sr. D. Juan José Rosón. Ministro del Interior. Ministerio del Interior. Madrid. Agradeciendo infinitamente a Su Excelencia el máximo interés demostrado y constándonos su profunda preocupación por este tremendo acontecimiento, le rogamos transmita al Excmo. Sr. Francisco la Ina García -el apellido correcto es Laína- (director de la Seguridad del Estado) y al Ilmo. Sr. D. Gabriel García Gallego (jefe superior de Policía de Madrid) así como a los Grupos IX y V de la Policía Judicial de la Dirección de Segundad del estado y a la Corporación policial, que, ha demostrado, una vez más, su profesionalidad""Constándonos que los inpectores que han contribuido especialmente en la resolución de este caso don Javier Roig Sánchez, profesor de la Escuela -Superior de Policía de El Escorial y don José Romero Tamaral, -perteneciente al Grupo V, nos complacería recibieran, si es posible, el máximo honor policial. Hacemos constar que el primero de los mencionados ha sido omitido, probablemente por error, habiendo sido imprescindible para el esclarecimiento de los hechos. Aprovechamos la ocasión para ponemos a la entera disposición de V.E. cuya vida esperamos guarde Dios muchos años".

Juan de la Sierra y Urquijó manifestó a este periódico que habían dirigido este escrito al ministro del Interior a petición de miembros de la Brigada de Policia Judicial, sin cuya iniciativa nunca hubieran realizado un acto similar, por entender que no debían de interferir en la propia mecánica policial.

Según consta en el sumario y además fue declarado estos días en la sala de justicia, la resolución de este caso se debió a que el inspector Roig -hoy destinado, a petición propia, en la Brigada de Extranjeros- comentó al.inspector Romero que tenía amistad suficiente con Juan de la Sierra y Urquijo, de quien era entonces compañero en la Facultad de Derecho, como para reabrir la investigación que, prácticamente, había sido dejada a un lado por los inspectores del Grupo IX de la misma brigada. Las pesquisas condujeron a las pocas semanas a la detención del único procesado en esta causa penal cuya vista oral se está viendo ahora en la Audiencia Provincial de Madrid.

Información sobre un policía

Ninguno de los dos inspectores de policía consiguieron el máximo honor policial. Javier Roig no fue llamado siquiera a declarar como testigo. Este policía reafirmó su amistad con Juan de la Sierra y Urquijo hasta tal punto que, según pudieron aprecieron los numerosos observadores -varios de ellos del Cuerpo Superior de Policía-, acompañó durante las sesiones del juicio al nuevo marqués de Urquijo. La dirección de la Policía ha ordenado la apertura de una información sobre este policía, por si en su actuación se detectase alguna irregularidad.

"Se trata de una información intema, inicialmente sin trascendencia, para determinar si pudo haber actuado de forma incorrecta" señalaron fuentes cercanas al Rector de la Policía. "En modo algúno se puede hablar de expediente; y mucho menos, de sanción".

En cuanto a la desaparición de los casquillos y balas que constituyen la principal prueba acusatoria contra Rafael Escobedo Alday, fuentes judiciales señalaron que, en contra de los intensos rumores que han circulado últimamente en medios periodísticos y del Palacio de Justicia de Madrid, no se había abierto expediente informativo alguno en el juzgado de instrucción número 16 de Madrid, el primero de los juzgados especiales nombrados competentes sobre el caso.

La instrucción del sumario la había comenzado el juzgado de Navalcarnero, por pertenecer Somogaguas a dicho partido judicial. Meses después, no obstante, se nombró juez especial al titular de dicho juzgado, Luis Serrano de Pablos, para a los pocos meses hacer lo mismo con Luis Román, titular del número 14. El magistrado Jiménez Alfaro rechazó el mismo nobramiento al alegar relación de amistad con los Urquijo.

En opinión de jueces madrileños, consultados por EL PAÍS, el nombramiento de varios jueces especiales no deja de ser sorprendente, ya que cualquier juzgado -y, por supuesto, el de Navalcarnero- esta capacitado para dirigir una investigación como la realizada en torno a los asesinatos de los inarqueses de Urquijo.

El testamento de los marqueses

Manuel de la Sierra y Lourdes Urquijo habían hecho testamento ante un notario de Vitoria, según confirmó el hijo de ambos y actual marqués, quien señaló que "el monto total del mismo se situa en tomo a los 100 millones de pesetas, aunque no puedo confirmar la cifra con entera exactitud". Juan de la Sierra negó que no fueran respetadas las últimas voluntades de su padre, entre otras la de entregar cuatro millones de pesetas y una serie de objetos de valor que se encuentran en la finca de Somosaguas -entre ellos una talla de una virgen del siglo XIII- al Opus Dei, instituto al que pertenecía de forma activa la marquesa fallecida. El actual marqués señaló que la cifra correcta era de dos millones y que en el texto de dichas últimas voluntades se señalaba igualmente que la entrega a la Obra se haría una vez liquidado el testamento y siempre que la misma fuese posible. Negó también que en el despacho que su padre tenía en el banco de Urquijo estuviese depositada una colección de monedas de oro. "Si efectivamente había una colección de monedas de oro, nadie me las entregó. Este hecho es nuevo para mí, por lo que supongo que esas monedas no existieron", arguyó.

Este despacho fue objeto de varias preguntas del letrado de la defensa a los inspectores de policía, a los que se inquirió la razón por la cual no se había hecho ningún reconocimiento a esta estancia a pesar de que durante, al menos seis meses, había estado clausurada por la dirección de la entidad bancaria a la espera de la llegada de la policía. El defensor pretendía abrir una nueva, e inesperada hasta entonces línea de investigación, relativa a la amistad entre las víctimas y el actual embajador de Estados Unidos en España, Terence Todman, quien, por otra parte, fue una de las primeras personas en acudir a la finca de Somosaguas una vez se produjeron los fallecimientos.