El Gobierno tropieza en Coda con la televisión libre
Si en un ensayo de predecir el futuro hubiéramos buscado un lugar de España donde situar la aparición de la televisión privada como manifestación espontánea del uso de la técnica para expresar y difundir el pensamiento, no habríamos encontrado otro mejor que "esa ciudad inverosímil, sombría, torva e inmóvil como un susto en medio de un camino", en la cual concibió Ortega su famoso artículo "Baroja tropieza en Coria con la gramática".Mientras en el Parlamento, en la Prensa y en las tribunas ilustradas se debaten y examinan los argumentos a favor y en contra del monopolio estatal de la televisión, así como del derecho de los ciudadanos a crear emisoras de televisión y operar con ellas, he ahí que cuatro aficionados de Coria -un comerciante, una estudiante de BUP y dos técnicos en electrónica- nos ofrecen una admirable y sencilla lección práctica del asunto, montando una estación emisora de televisión en la trastienda de un comercio, con un costo inferior a medio millón de pesetas, y lanzando al aire programas informativos y culturales ante el asombro complacido del vecindario y el estupor de quienes creían que la televisión era un complicado negocio que requería grandes inversiones de capital y poco menos que la intervención de las multinacionales de la cosa. Tras el asombro, apenas saboreado, sobreviene la clausura de la emisora por orden gubernativa y, con la clausura, el escándalo correspondiente. ¿Pero cómo se atreve un Gobierno democrático a segar en flor una iniciativa que a nadie daña y, por el contrario, ha llevado la ilusión a una pequeña comunidad de 10.000 habitantes, que no tiene periódico ni emisora de radio y de repente se encuentra, como llovido del cielo, con el bien insospechado de una televisión propia? ¿No es algo así como matar un ruiseñor? ¿O como tratar de reprimir la primavera, porque ha llegado sin pedir permiso?
Veamos: es natural, y entra en las funciones de la autoridad, el clausurar una emisora de televisión que se ha instalado sin las licencias oportunas, del mismo modo que ha de impedirse la construcción ilegal de un edificio o la apertura sin licencia de un bar. El no hacerlo sería omisión culposa de la autoridad.
Pero el caso es que no se puede obtener permiso para instalar una emisora de televisión, por la sencilla razón de que no está legalmente previsto. Antes bien, a la oportunidad que hubo en la legislatura anterior de regular el establecimiento de la televisión privada, perdida por la indecisión del último Gobierno de UCD, ha seguido la actitud del actual Gobierno, claramente contraria a la apertura de la televisión a la iniciativa privada. Es decir, que mientras no cambie el criterio del Gobierno en ejercicio, queda prohibida la primavera en las ondas, y los desconsolados telespectadores de Coria habrán de esperar mejores tiempos. Y, ¿por qué?, nos preguntamos los ciudadanos, ávidos de conocer las profundas e importantes razones que, sin duda, han de sostener el propósito gubernamental. Y se nos dan razones que no convencen, por ejemplo: "El pueblo español desea una televisión pública y plural, al servicio de todos los ciudadanos". ¿Cuándo y dónde el pueblo español ha expresado ese deseo de una televisión pública? ¿Cuándo ha expresado su voluntad de que no se autorice la privada? ¿Y cómo piensa el Gobierno actual satisfacer la apetencia dicha de una televisión plural con la oferta presente de una televisión única: la estatal, regida por un consejo de administración controlado por el partido político mayoritario, y cuya insuficiencia informativa, baja calidad de entretenimiento y abuso del tiempo dedicado a la publicidad son ya un lugar común entre los españoles? ¿No le gusta al Gobierno el sistema británico, en el que, gracias a la concurrencia de la televisión pública con la privada, se ha mejorado notablemente la calidad de la primera, ganando, por consiguiente, toda la sociedad?
Argumentos insostenibles
También se alega el argumento de la escasez de las ondas y dificultades técnicas, cosa que hoy, superado ya por los avances científicos y el uso de la transmisión por satélite y por cable, nadie se atreve a sostener. En resumen, que el Gobierno no da razones, sino más bien pretextos, en vista de lo cual, la única razón válida que hallamos es la de que el Gobierno no quiere la televisión privada.
Y frente a ese no querer del Gobierno, aparecen los primeros brotes de la libertad en las ondas, como el de Coria, el de Mataró y el de Cardedeu, impulsados por la fuerza irresistible de los fenómenos naturales y del tiempo en que vivimos. Una vez que, merced a los adelantos de la tecnología, el uso múltiple de las ondas ya no es un problema, ¿qué otra razón existe para impedir a los ciudadanos el establecimiento y la explotación de emisoras de televisión? No olvidemos que la televisión es un mero instrumento para la comunicación, un simple medio o soporte como lo son el periódico, la radio, el cine o el libro. Lo que importa, a efectos de la legitimidad de su uso, es el contenido, es decir, la comunicación y la difusión del pensamiento, los contenidos informativos, las noticias y comentarios. Estamos, pues, dejando a un lado los medios o aparejos instrumentales, ante el fenómeno informativo en estado puro. Y conviene no olvidar que, en los regímenes democráticos, la información, entendida como acción organizada para dar la noticia de lo que acontece, es un bien apropiable con destino al mercado. Su materia prima es la noticia o conocimiento del suceso, que es un bien mostrenco, como el aire y como el sol, es decir, que pertenece a todos por no pertenecer a nadie. Se trata, pues, de una materia de la que nadie puede apropiarse en exclusiva, ni el Estado, ni el individuo, ni gremio alguno.
Crear cauces adecuados
La llegada del Gobierno socialista al poder ha despertado la esperanza no solamente en su electorado, sino en amplios sectores progresistas afincados en otros pagos, de que se gestión desenvolvería al máximo el contenido de las libertades previsto en la Constitución. La libertad de la que hablamos no es otra que la libertad de expresión, que, si bien no puede entenderse aisladamente, sino como una pieza que, articulada con las demás libertades, forma, engranadas unas con otras, un todo coherente y sistemático, sí cabe destacar su proximidad a la esencia del régimen democrático, por cuanto que éste tiene por fundamento la opinión pública.
A los Gobiernos democráticos corresponde crear cauces adecuados por donde puedan discurrir, sin salirse de madre, las corrientes de pensamiento y los deseos de la sociedad. Los Gobiernos democráticos han de considerar al ciudadano como la fuente y la justificación de su poder, y no como un menor de edad a quien hay que tutelar. Nuestro Gobierno debe teente que, si la televisión privada no se regula hoy, en un plazo no superior a tres años estará establecida por medio de los satélites artificiales que escaparán a su control. Y que ningún Gobierno ha merecido el respeto de la historia haciendo prevalecer la autoridad sobre la razón, y ninguno, hasta la fecha, ha tenido éxito en el desatentado intento de ponerle puertas al campo.
