El 'cambio' de la Seguridad Social
Con motivo de la última gran reforma de la Seguridad Sócial española (1963-1966), se tomó ya conciencia de que, al convertirse ésta en un servicio público y repercutirse sus costes sobre el consumo, el principal problema a resolver era el de organización de sus servicios para evitar un inútil incremento del gasto: "Su aparente estructura de reforma de un sistema capitalista -escribía el profesor Bayón- cederá ante el problema de organización de los servicios, quedando en primer término como valores de reforma social, y muy por delante de ella (de la Seguridad Social), el régimen tributario y el régimen salarial" (1).La evolución posterior de las instituciones de la Seguridad Social (ampliación subjetiva, complicación burocrática e incremento de las subvenciones estatales, sobre todo) ha venido a reforzar ese diagnóstico.
La crisis económica y la conciencia pública sobre su deficiente gestión -tan gravosa sobre "la ocupación, la renta y el empleo de los españoles", como advierte el último número de Papeles de Economía Española"-, es, por último, la más firme confirmación de que la organización de sus servicios es, de todos los actuales problemas de la Seguridad Social española, el único susceptible de tratamiento incondicionado e inmediato, además de ser el más urgente.
Nada de lo anterior se opone a la evidencia del problema estrictamente asistencial, al cual he hecho ya referencia en anterior colaboración publicada por este mismo diario: la limitación -grave en ocasiones (protección familiar, desempleo, asistencia sanitaria, pensiones ... )- del contenido o extensión de sus prestaciones. Pero la ampliación, e intensificación de la acción protectora de la Seguridad Social sólo tendrá cumplida legitimación para los sectores sociales afectados y en la opinión pública toda, cuando, pese al saneamiento de la gestión, puede probarse que la protección social requiere nuevos recursos (más sacrificios del contribuyente o afectación de parte de los recursos destinados actualmente a otros servicios públicos menos prioritarios).
En la citada reciente publicación (2) se ha expuesto el extenso catálogo de problemas que deben ser resueltos para renovar la Seguridad Social española, facilitando así (quizá más radicalmente: haciéndolo posible) el trascendental paso de su futura extensión a todos los españoles (artículo 41 de la Constitución).
A ella remito al lector que quiera conocer el respectivo contenido y las soluciones alternativas para cada uno de esos problemas. Mi propósito ahora, en esta colaboración, es simplemente el de ofrecer una primera reflexión sobre el orden de prioridades para abordar aquella renovación.
Enlazando con lo arriba dicho, habrá que concluir en que los problemas de más urgente solución son los previsibles en un servicio público de contenido asistencial, instalado en una situación de crisis económica duradera y generalizada: son problemas de racionalización institucional, técnica, financiera y administrativa.
La combinación satisfactoria de los principios de economicidad y de eficacia -sustantivos, por lo demás, en materia de organización y funcionamiento de cualquier servicio público-, habrá de facilitar después la mejora automática de la calidad de las prestaciones y, en breve plazo, la mejora respecto de su probada insuficietícia en intensidad y extensión protectoras. En otras palabras: un mejor uso de los cuantiosos recursos destinados por los españoles a las tareas de la protección social pública permitirá más y mejor asistencia de los necesitados.
La Seguridad Social no escapa, por tanto, al certero diagnóstico del nuevo presidente del Gobier-no: el cambio consiste en que la Seguridad Social funcione.
Los problemas de la economicidad
Resulta particularmente clara, en primer lugar, la necesida d del urgente saneamiento económico-financiero de la Seguridad Social: compatibilizando su desarollo con el propio crecimiento económico, revisando su insolidaria estructura y resolviendo su ineficacia recaudatoria, su perniciosa distribución de cargas y su negativa incidencia en el mercado de trabajo, al encarecer su coste y fomentar su sustitución por otros factores productivos.
De efectos negativos semejantes, aunque menos urgentes, son otros problemas cuya pendencia indefinida resultaría también antieconómica. Se trata de los piroblemas de mala ordenación de las prestaciones, de defectuosa organización y gestión de los servicios y de indiferencia o indefensión frente alfraude en la adquisición y conservación de los derechos (fraude del que -conviene subrayarlo- no son los beneficiarios los únicos responsables, sino también sus empresas y la propia Administración pública: gestora y directiva).
Los problemas de eficacia
Con la solución de los problemas que acoge cada, una de eas tres categorías quedaría resuelta -y no es poco- la absurda situación actual, en la que conviven, junto a multitud de casos de desprotección de necesidades, otros de sobreprotección o de doble y triple protección.
Los problemas de eficacia (calidad, extensión e intensidad de los servicios y prestaciones) son los que percibe más sensiblemente la sociedad española. Su solución será, desde luego, más fácil -en ocasiones se producirá de forma automática- en el ma rco de una acertada política de economías que asuma y resuelva el -fraude y el gasto superfluo.
Desde luego, los beneficios de una mejora cualitativa de la Segurídad Social (elevación de la calidad de los servicios) pueden obtenerse sin incrementos sensibles en su coste global. Y alcanzarían a todos los sectores de la sociedad española directamente implicados: usuarios de una parte (mejor información, participación y control efectivo en su funcionamiento, garantía de seguridad jurídica, gestión más humanizada, mayor tec'nicidad y puntualidad en la asistencia recibida); y empresas de otra (interesadas también en una participación real en los órganos de gobierno y control de las entidades gestoras, en un mejor reparto de las cargas, en la liberación de su, a veces, costosa y responsable carga de colaboradores o auxiliares de la burocracia gestora.
Los problemas de extensión y suficiencia
Por último, deben ser resueltos los problemas de extensión y suficiencia de las prestaciones, tanto en servicios como dinerarias: garantía de conservación del poder adquisitivo de las pensiones; aumento de las prestaciones familiares; flexibilización de la edad de jubilación a los parados; aumento de los servicios sociales complementarios; estímulo y fomento del nivel voluntario de previsión, y, por supuesto, universalización de su ámbito subjetivo. En ellos está la frontera temporal entre las políticas de revisión (o de racionalización) y de reforma; esta última, tal y como fue discutida en el pasado inmediato (comisión especial del ANE).
Conviene, para terminar, advertir contra cualquier juicio precipitado que valore como meramente administrativa o técnica la tarea de identificación y resolución de los problemas de economía y eficacia. En primer lugar, porque sólo ella permitirá mejoras de protección inmediatas. Pero, además, porque la trascendencia vital de un servicio público, como es la Seguridad Social (tanto desde una perspectiva individual, habida cuenta de su función de garantía de medios de vida, como comunitaria, supuesto su efecto favorable al equilibrio social y a la pervivencia del modelo de sociedad establecido), redunda en la categorización de esos defectos técnicos y gestores como graves problemas políticos; esto es, como obstáculos para la estabilidad e integración social, para la pacífica organización de la convivencia. En último extremo, la Seguridad Social actúa hoy, aquí y en todas partes, como el mejor instrumento de contención y control de los peores efectos sociales de la crisis económica. Si se suprime o se reduce, o simplemente no se racionaliza y mejora, se hará muy dificil mantener esa situación de crisis controlada.
