La sanidad y la Seguridad Social

SI EN el terreno de las grandes decisiones gubernamentales puede considerarse que esta legislatura quedará marcada históricamente por el ingreso de España en la OTAN, en el de los grandes escándalos, a nivel popular, mucha gente recordará 1981 no sólo como el año de Tejero, sino como el año de la colza. Los sucedido con el envenenamiento masivo por aceite no apto para el consumo de decenas de miles de personas, de las cuales han muerto ya más de trescientas y otros cuantos miles permanecen hospitalizadas bajo observación, sirvió para poner de relieve las deficiencias estructurales de la Administración española en numerosos departamentos. Agricultura, por su política de grasas; Comercio, con deficiente inspección e innegables, aun que indemostrables, connivencias sospechosas en la de terminación de algunas licencias de importación; Hacienda, en lo que se refiere a la Inspección de Aduanas, y los Ayuntamientos, en la ausencia de vigilancia de la venta callejera, pusieron al descubierto cómo puede burlarse toda una extensa red de controles establecidos so bre un producto superintervenido por el Estado, como es el aceite de oliva. Pero fue el Ministerio de Sanidad el que se ganó el protagonismo opinión de las responsabilidades colectivas, y no exclusivas del Gobierno de Calvo Sotelo, por semejante escándalo. Todas las miserias del sistema sanitario español, fruto de un gigantismo megalómano y despilfarrador creado en tiempos del franquismo, al aire de los caprichos de familiares y fieles del dictador, salieron a relucir en ocasión del asunto de la colza. También la falta de sensibilidad gubernamental ante un hecho que, de no mediar la amenaza golpista y la debilidad de las instituciones -tan seriamente dañadas por el 23-F-, hubiera determinado sin duda la caída del Gobierno. Las desconexiones entre los diversos equipos de investigación, el intento constante de diversos ministros de echar la culpa de lo sucedido a otros colegas suyos o a diferentes departamentos de los que ellos regían, las apariciones -todavía a estas alturas incomprensiblesdel ministro Sancho Rof en televisión, dando celebridad al supuesto bichito causante del síndrome, no hacían sino esconder la realidad de una infraestructura sanitaria plagada de problemas de concepción, entretejida de pluriempleos, absentismos, despilfarro del dinero público y falta de atención a las necesidades de los ciudadanos.

Los iniciales esfuerzos de un hombre de la talla de José Barea, llamado por el ministro Oliart para tratar de clarificar las cuentas de la Seguridad Social, lo mismo en el terreno de prestaciones sanitarias que en el de las prestaciones sociales, fracasaron ante los poderosos intereses que encontraron durante el Ministerio de Sancho Rof toda clase de amparos. La sola existencia de cuatro ministros diferentes en menos de cuatro años de legislatura, con el subsiguiente cambio de secretarios de Estado, nos habla de la imposibilidad de emprender de una manera mínimamente sólida la reforma sanitaria que la sociedad española necesita. Pero la constatación de que el más serio esfuerzo de estudio y entendimiento de los problemas, realizado en la brevísima etapa Oliart, fue prácticamente arrumbado por el subsiguiente equipo debe servir para explicar que la responsabilidad por la dejación y el caos tiene nombres y apellidos.

La politización de la reforma sanitaria a partir de la defensa corporativista de sectores de los profesionales de la medicina -amparados, incomprensiblemente, por el partido del Gobierno frente a los ensayos dignos de apoyo de la Diputación socialista de Madrid- empeoró las posibilidades de acción. El debati sobre el mal funcionamiento y las corrupciones existentes en el entramado de nuestra Seguridad Social fue hábilmente llevado por sectores próximos al partido de Fraga -y aún más a su derecha- a una discusión inexistente sobre el modelo sanitario que necesitaba este país. Cuando la denuncia, no sólo de la oposición, sino esencialmente de la opinión pública, era la falta de respeto y el mal funcionamiento del actual modelo sanitario existente. Con una red de hospitales nada despreciable y un esfuerzo de equípamiento elogiable en lo que a sanidad se refiere, el problema era y es la deficiente organización del sistema, fruto de los intereses cqrporativos y de las estructuras heredadas del anterior régimen.

En la reforma de la Seguridad Social, en el establecimiento de un sistema sanitario digno, que no sirva desde la Administración al lucro privado de determinados médicos, por alta que sea su ciencia o respetable su capacidad profesional, en la creación de nuevos puestos de trabajo para los más jóvenes egresados de las facultades de Medicina, que ven con desmayo cómo sus oportunidades son taponadas por lo más selecto de un colectivo politizado y nostálgico, está la clave de la devolución de servicios sociales que este Estado tiene pendiente con sus ciudadanos.

Los intentos de consensuar esta reforma, a través de la comisión que presidiera el ex vicepresidente económico Enrique Fuentes Quintana, fracasaron por la pretensión, nada oculta, de los dirigentes de la CEOE de privatizar una gran parte de la gestión de la Seguridad Social. Mientras tanto, el aumento del paro, con la consiguiente sanoa en el seguro de desempleo, y la subida de las prestaciones por jubilación y clases pasivas han ido contribuyendo a esquilmar las arcas de la Serguridad Social, que fueron entregadas por el franquismo a los Gobiernos de la UCD en un estado de absoluto caos contable y de imposible control económico.

La reforma de la Seguridad Social no es una cuestión ideológica si la decencia no es privativa de ninguna ideología. En esta como en las anteriores legislaturas, los hombres de UCD que intentaron llevarla a cabo se estrellaron contra una urdimbre de intereses y de presiones que resultaron más fuertes que el poder político. En el balance de su gestión es preciso incluir la contabilidad de tantas dificultades. Pero a la postre, la reforma sanitaria está ahí pendiente, lo mismo que el traspaso progresivo, pero rápido, del presupuesto de la Seguridad Social a los generales del Estado.