La mayoría de los ministros de Cultura no consumieron el 'presupuesto tercermundista' del departamento

Creado el 4 de julio de 1977, veinte días después de las primeras elecciones democráticas ganadas por Adolfo Suárez, el Ministerio de Cultura nació con la intención de "dar a la política cultural y social el instrumento adecuado para su futura expansión". Dicen, sin embargo, que el primer titular de este departamento, Pío Cabanillas, es tuvo a punto de dimitir cuando supo que el presupuesto del nuevo ministerio no superaba el de la empresa Hulleras del Norte (HUNOSA), es decir poco más de 19.000 millones de pesetas, de los que casi la mitad correspondían a Radiotelevisión Española. La cifra no superaba tampoco a la que aquel año dedicaba a sus actividades el Centro Pompidou de Paris, por poner un ejemplo en correspondencia con la inclinación hispana a imitar al ministerio fundado por Malraux.Pero si pequeño era el presupuesto, menor fue la diligencia de sus gestores en gastarlo. "El inconveniente del Ministerio de Cultura es que tiene poco dinero y que ade más no se lo gasta", señaló Javier Tusell al cesar en la Dirección General de Bellas Artes, en mayo de este año. Efectivamente, ni Pío Cabanillas ni sus sucesores Manuel Clavero y Ricardo de la Cierva consumieron el presupuesto anual destinado a Cultura, en tanto que sí lo logró Iñigo Cavero, y todo indica que también lo consumiria Soledad Becerril si llegase a cumplir el año de su mandato.

Los millones de pesetas que el Estado español ha dedicado a la cultura, a su promoción y al mantenimiento de su abundante burocracia y material sobre los que se sustenta esta ayuda apenas supone, en estos cuatro años, un 0,9% del total del presupuesto nacional, del que, por ejemplo, Defensa se lleva el 11,7%; servicios generales, el 1,3%, Educación, el 16,2%; Sanidad, el 1,4%, y las pensiones de la Seguridad Social, el 22,4%.

Si además de la cantidad asignada al departamento, utilizando en este caso un concepto restringido de cultura, descontamos lo que se destina a la juventud, al deporte y a los Medios de Comunicación Social del Estado, encontramos que estrictamente a Cultura sólo se asigna la mitad del presupuesto, es decir unos 15.000 millones de pesetas, cifra tercermundista. Por ello, los esfuerzos de los ministros -y las principales críticas de la oposición- se han centrado en aumentar el presupuesto cultural, que Soledad Becerril quisiera ver incrementado en un 50%, según su primer informe al Parlamento.

Cómo 'mover esta casa'

La actividad del ministerio -sus gastos corrientes y la eficacia o la ilusión que se pueda encontrar en su gestión- no puede entenderse tampoco sin aludir al origen de este departamento y a la procedencia de la mayoría de su personal, en su mayor parte antiguos trabajadores de los sindicatos verticales o de la Secretaría General del Movimiento. Todos los altos cargos que han pasado por Cultura y muchos de los que todavía permanecen allí coinciden en afirmar que es muy dificil "mover una casa" en la que no pocos de sus inquilinos, algunos con altas responsabilidades, tienen un concepto negativo de la cultura -en muchos casos, de odio y desprecio hacia todo lo que sea cultura: "Más deporte y menos latín", fue el eslogan preferido de José Solís-, de acuerdo con sus orígenes ideológicos y profesionales.Aunque la mayoría de los ministros llegaron a Cultura proclamando grandes intenciones y proyectos, la realidad del departamento ha sido bien distinta. Manuel Clavero declaraba, por ejemplo, que sus grandes preocupaciones eran RTVE y el Campeonato Mundial de Fútbol, a celebrar tres años más tarde, en tanto que Ricardo de la Cierva mostraba su interés por la suerte de la lengua española y, en general, de todo lo hispánico en Latinoamérica. Los dos duraron muy poco en el cargo (siete meses el primero, nueve el segundo), y los. dos cesaron o fueron destituidos, curiosamente, por motivos ajenos a su propia actividad, lo que dice bastante sobre la consideración que el Gobierno dedicaba a la cultura. En realidad, todos ellos llegaron al ministerio en base al equilibrio político dentro de UCD y por razones extraculturales, y lo abandonaron por iguales motivos. Así, Clavero dimitió por sus discrepancias con el proceso autonómico andaluz.

Por otra parte, el Ministerio de Cultura -que debiera ser el más imaginativo, el menos rutinario, de todos los ministerios-, ha sido utilizado por el Gobierno como obligado refugio de funcionarios y trabajadores de otros departamentos, y así, de los 15.749 funcionarios que tenía en 1978, antes de iniciar las transferencias a las comunidades autónomas, 3.285 procedían de los ministerios de Información y Turismo y Educación y Ciencia, 4.904 venían de la Secretaría General del Movimiento y el resto lo engrosaban contratados, eventuales y personal laboral de los sindicatos verticales, a los que se uniría una parte de los trabajadores de los periódicos del ex Movimiento suprimidos posteriormente. Por si fueran pocos, el ministro De la Cierva añadiría, en su breve etapa, la contratación de una generosa nómina de consejeros particulares, algunos con despacho en la sede del ministerio.

El '1 % cultural'

Desde el comienzo de su actividad, el Ministerio de Cultura se enfrentó con el de Hacienda por el proyecto del 1 % cultural, definitivamente abandonado a finales de 1979. La idea de Pío Cabanillas, que fue el primero que lo plantea, era la de sumar otros 4.000 millones a su exiguo presupuesto anual, poniendo en marcha la inversión en cultura del 1% de todas las inversiones públicas del Estado, logrando, por una parte, humanizar este tipo de obras mediante trabajos de orden artístico, decoración, ambientación, conservación del medio ambiente y preservación de la destrucción ecológica, y, por otra parte, la promoción de artistas plásticos, que ven obstaculizada su labor a través de los circuitos comerciales, sin posibles salidas al ejercicio de su profesión. Con el 1% cultural, España entraría a engrosar la nómina de los países occidentales que aplican desde hace tiempo esta medida: Alemania, Italia, Francia y la mayor parte de los países nórdicos. Sin embargo, Hacienda entendía que la crisis no permitía la aplicación de ese proyecto, que fue desechado cuantas veces se discutió en Consejo de Ministros. Aunque en noviembre de 1979 se llegó a constituir la comisión interprofesional que aplicaría ese 1% cultural, hoy nadie habla de resucitar la idea.Mejor suerte corrió otro de los proyectos iniciales del ministerio, el de Puntos de Información Cultura (PIC), que nació con la intención de "hacer llegar a todas las

capas de la sociedad española una información amplia y suficientemente contrastada sobre los diversos aspectos que configuran el legado cultural del Estado español". Ese 1levar la cultura a todos los lugares y a todos los grupos sociales" pasaba por almacenar o archivar información en ordenadores de gran capacidad y conectados con cada delegación provincial del ministerio, con la finalidad nada fácil de crear un banco de datos culturales en España con "información ágil, veraz y rápida", de acuerdo con el banco equivalente de Europa recomendado por el acta final de la Conferencia de Helsinki, de agosto de 1975.

El PIC permitirá a España conectar con ese banco europeo de datos culturales. La capacidad de almacenamiento del ordenador central español es de 3.990 millones de caracteres y, hasta hoy, la cobertura del PIC alcanza 32 provincias, de las que 17 inauguraron su sede en 1981 y el resto lo han hecho en 1982. Han usado de ese servicio hasta la fecha 33.514 personas y lo han consultado 73.393.

Patrimonio que se hunde

Casi una tercera parte del presupuesto de este ministerio lo consume la Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, que ejerce funciones de dirección, protección, inventario, restauración e incremento y difusión del patrimonio artístico, arqueológico, paleontológico y etnológico; de conservación, explotación e incremento de la riqueza documental; de conservación y difusión de la riqueza bibliográfica; el régimen jurídico de la protección a la propiedad artística, y el cuidado y fomento de los museos y exposiciones. Tantas competencias no pueden ser cubiertas, evidentemente, con esos 7.119,9 millones de pesetas invertidos este año en el sector, en un país que es además una primera potencia mundial en patrimonio histórico- artístico y tercermundista en la conservación y el incremento de esos bienes y de otros que, como las bibliotecas, tienen unos niveles de subdesarrollo.En estos años se ha actuado, sin embargo, con mayor agilidad en alguno de estos sectores, aunque sin lograr parar "el ataque sistemático y depredador ni la ruina física de una parte de los bienes del patrimonio artístico", en palabras del actual director general de Bellas Artes, Alfredo Pérez de Armiñán. Las catedrales que se caen, el robo de objetos artísticos en poder de la iglesia, la salida clandestina de España de obras de arte, la falta de seguridad en la mayoría de los museos, la ignorancia que tenemos sobre cuál es realmente el patrimonio artístico nacional son aspectos que no han sido solucionados en este tiempo, a pesar de que todos y cada uno de los ministros llegaron anunciando la inmediata promulgación de la ley del Patrimonio Artístico y Cultural. Igual suerte tuvo la proyectada ley de la Propiedad Intelectual.

En todo caso, de todas las dependencias del organigrama del Ministerio de Cultura ha sido la de Bellas Artes la que mayor actividad ha desarrollado, con grandes inversiones en museos -sólo en el Museo del Prado, 1.400 millones de pesetas en los dos últimos años-, la compra de obras de arte de notable valor, la declaración oficial casi semanal de monumentos o conjuntos artísticos, lainversión de centenares de millones de pesetas en reconstrucción de monumentos, la solución al problema de las cuevas de Altamir a, cerradas desde 1977, y el montaje de exposiciones antológicas en una política de exposiciones ciertamente llamativa y que culminó con la mayor muestra celebrada hasta ahora en España sobre El Greco y la llegada a Madrid, el 10 de septiembre de 1981 -tras 44 años de espera-, del cuadro Guernica de Pablo Picaso, con todos sus bocetos y dibujos, instalados poco después en el Casón del Buen Retiro. El acontecimiento Guernica coincidió con el centenario del nacimiento del gran artista malagueño y con la consiguiente exposición conmemorativa. Un año más tarde, el 10 de septiembre de 1982, un millón de personas habían acudido a ver el famoso cuadro.

Pero Bellas Artes no logró impulsar el necesario inventario del patrimonio, tampoco pudo hacer el cálculo de lo que debería invertirse en restauraciones en los próximos años para evitar deterioros irreparables en monumentos como las catedrales de León o Burgos, ni intentó solucionar la situación de subdesarrollo que vive España en bibliotecas. Calculado en dinero, se necesitaría una inversión aproximada de doscientos millones por provincia y año en los próximos cuatro años para dejar estos apartados en una situación aceptable, es decir, una cifra prohibitiva, de acuerdo con los presupuestos actuales.

El cine levanta cabeza

En España se exportan libros y revistas por valor de casi 31.924 millones de pesetas -cinco veces más de lo que se importa-, pero la mitad de la población tiene menos de seis libros; en casa y el 90% no ha pisado jamás una biblioteca. Frente a las 6.000 bibliotecarios que, según los cálculos de la Unesco, deberían existir aquí, sólo hay 186; frente a las 1.436 bibliotecas distrubuidas por la geografía nacional, en Italia existen 8.886. Tenemos ocho libros por cada cien habitantes en las; bibliotecas españolas, cifra inferior a la de Marruecos. En esas circunstancias, la crisis mundial del sector editorial ha afectado de una manera especial a España, donde la Administración no ha sabido ofrecer las respuestas adecuadas a un sector que es el cuarto del mundo en producción de libros, después de la Unión Soviética, Estados Unidos y Alemania Federal.Lo que sí se ha hecho es crear el Consejo General del Libro (1979) y redistribuir las funciones entre la Administración y los sectores del libro en un proceso que debió terminar con la aprobación de una ley que modificara la naturaleza y el régimen jurídico del Instituto Nacional del Libro Español (INLE). Dentro de la política de promoción del libro, las actuaciones más llamativas han sido las campañas de difusión de la lectura en distintos centros y la creación de varios premios literarios, entre los que hay que destacar el Miguel de Cervantes.

Todo eso con los 2.258,5 millones de pesetas de presupuesto que tiene este año la Dirección General de Promoción del Libro y de la Cinematografía. En este último sector, el cine, la política del ministerio enmendó los pasos iniciados con el decreto neoliberalizador de 1977, en el que se sancionaba la libre importación de películas y se suprimía la cuota de distribución y el establecimiento de la cuota de pantalla. Derogado y sustituido por una ley más en consonancia con las urgencias del cine español, la ley de marzo de 1980 sobre Regulación de Cuotas de Pantalla y Distribución Cinematográfica, la situación de la cinematografía nacional ha mejorado sensiblemente, habiendo producido el 38% más de largometrajes que en 1978. Una película, El crimen de Cuenca, de Pilar Miró, fue la más taquillera del pasado año, en un acontecimiento insólito en un país colonizado por las superproducciones norteamericanas, y protagonizó lamentables episodios con la censura residual.

En la misma línea de colaboración entre la Administración y la industria, aquélla puso en marcha una línea de crédito oficial y facilitó un concierto de producción con RTVE, además de completar y racionalizar el capítulo de subvenciones y ayudas al sector. Pero si ese relativo auge se ha hecho extensivo a sectores como la música y el teatro, donde existe en los últimos años un indudable relanzamiento, la actuación del ministerio ha sido muchas veces zigzagueante y caprichosa, por lo que no sorprenden declaraciones como las que hacía en enero de este año uno de los responsables máximos de la casa, el ya ex director general de Música y Teatro, Juan Antonio García Baquero. "Todos los temas de la música y de la cultura en este país están abandonados por los poderes públicos, y yo tengo que denunciar esto como funcionario y como ciudadano español, decía. Sectores como el teatro, el ballet y la música han sufrido especialmente esa situación, y así parece incomprensible que el grave problema de la Orquesta Nacional no haya sido resuelto hasta hace un mes, o que las órdenes y las contraórdenes hayan desbaratado no pocas inciativas del Centro Dramático Nacional -donde hubo dimisiones al poco de iniciar su andadura-, o del Ballet Nacional que inició Antonio Gades.

Mejor en las autonomías

Este panorama en tantos puntos desolador no se corresponde, sin embargo, con la realidad cultural del país, donde se han dado pasos de gigante en estos cuatro años a través de los ayuntamientos y de la actuación de las autonomías en marcha. No es un dato a despreciar que, por ejemplo, frente al 0,9%. nacional, la comunidad vasca dedica el 4% de su presupuesto a cultura, y que la Generalitat de Cataluña aumentó el suyo este año en un 80%. Sobre todo teniendo en cuenta que, según la Constitución y los propios estatutos de autonomía, en materia de cultura no hay una separación de competencías entre el Estado y las regiones, sino una concurrencia.El Ministerio de Cultura lleva muy avanzados los procesos de transferencia a los entes autónomos, que se culminarán 1983, y en función de ese proceso la ministra Soledad Becerril envió el pasado mes de junio a Presidencia del Gobierno un proyecto de reestructuración del ministerio para adecuarlo a sus nuevas funciones y de acuerdo con estos tres principios básicos: la concurrencia con los entes autónomos, no compartición; la función del Estado de ser un vehículo de comunicación entre las diferentes comunidades, y la intención de aumentar la presencia de la cultura española en el exterior.

Cultura ha transferido en su totalidad las competencias correspondientes a las comunidades vasca, catalana y gallega; y tiene consumadas o en fase de negociación gran parte de las que corresponden a las otras regiones. Sólo en lo que va de año, ha transferido funcionarios y personal por una cifra total de 1.111 personas, y competencias por valor de 4.212 millones de pesetas.