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Grandes discriminaciones del Gobierno en la utilización de fondos del empleo comunitario

La distribución de los fondos del empleo comunitario efectuada hasta el pasado mes de junio muestra una grave discriminación entre las provincias españolas. Los criterios manejados para el reparto de los 22.400 millones de pesetas destinados al empleo comunitario no parecen tener su base en la situación de paro de cada provincia. Mientras hay provincias afortunadas, otras, con índices de paro superiores, carecen de todo tipo de ayudas.

Entre las primeras destaca Baleares -de donde es diputado el actual ministro de Trabajo-, con once parados en el sector agrícola y que ha recibido veinte millones del empleo comunitario. El pasado 2 de abril, el Instituto Nacional de Empleo (INEM) hizo una transferencia a la provincia de Baleares por valor de veinte millones de pesetas, correspondiente a la partida 454 de los presupuestos de este instituto. La partida 454, con la denominación Desempleo Agrario-Empleo Comunitario, tiene un montante total de 22.400 millones de pesetas. Los fondos tienen como destino atender a las consecuencias del paro agrario. Baleares tenía un paro registrado en esa misma fecha de once trabajadores agrícolas.Fuentes del Ministerio de Trabajo aseguraron, por el contrario, que la partida 454 engloba dos conceptos que figuraron hasta el año pasado en los presupuestos: el empleo comunitario agrario y el empleo comunitario de carácter general. Y añadieron que en la transferencia de los veinte millones a Baleares no había influido la circunstancia de que el ministro fuera diputado por esta provincia, "máxime cuando Rodríguez Miranda, para evitar malos entendidos, mira con lupa todo lo relacionado con esta provincia".

Durante los cuatro primeros meses de 1982, han sido transferidos más de 11.500 millones de pesetas con destino al empleo comunitario. Todos ellos han salido de la partida 454. Las provincias a las que han ido destinados estos fondos son las de las regiones extremeña y andaluza, que han sido tradicionalmente las que han venido recibiendo este tipo de ayuda, y otras ocho provincias del resto de la geografía española.

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La distribución de los fondos del empleo comunitario no se realiza en base al número real de parados agrarios

Viene de la primera páginaLa provincia de Baleares, en el mes de abril, contaba con un total de 38.603 parados registrados, de los cuales sólo once correspondían al sector agrario. Fuentes del Ministerio de Trabajo justificaron la cuantía de la transferencia en base al alto número de parados del sector de hostelería. Según los datos del Avance Estadístico del INEM, del mes de abril, el número de parados del sector servicios se situaba, en aquella fecha, en 28.126 trabajadores.

Al mismo tiempo señalaron que, aunque la partida 454 lleva la denominación Desempleo Agrario-Empleo Comunitario, los fondos se destinan a mitigar cualquier tipo de paro. "No es extraño, por tanto, que se hayan transferido veinte millones a Baleares, que tiene estacionalmente unos índices de paro en hostelería muy importantes".

Las afirmaciones de las citadas fuentes contrastan, no obstante, con la situación de otras provincias españoles con índices de paro superiores y que no reciben por el contrario ni un duro de empleo comunitario. Las Palmas, con un paro en el sector hotelero de características muy similares y un número de parados total -43.577- superior a Baleares, no recibe ningún tipo de ayuda por este concepto, y Pontevedra, con 32.339 parados -de ellos, 1.303 en el sector agrario-, tampoco ha sido beneficiada por el empleo comunitario. Ello, sin citar Madrid, con 189.000 parados registrados que no ha recibido ninguna transferencia. Aunque, en este caso, el desempleo agrario no llega a los cuatrocientos parados.

Por otra parte, la argumentación de que en el empleo comunitario se daba cabida a otros parados de distintos sectores, parece contradecir el espíritu y la letra del Acuerdo Nacional sobre Empleo (ANE), suscrito entre Administración, patronal y sindicatos. En el citado texto, todo lo referente a empleo comunitario viene indiscutiblemente ligado a desempleo agrario y no se hace mención en ningún momento al paro de otros sectores, cuyas atenciones van por otras partidas presupuestarias del INEM.

Las transferencias del empleo comunitario se autorizan por la Dirección General del INEM, en base a las peticiones efectuadas por la Comisión Provincial de Empleo correspondiente, que está presidida por el gobernador civil y de la que forman parte representantes de la patronal y de los propios sindicatos. Fuentes del INEM señalaron que, dada la representatividad de las citadas comisiones, sus solicitudes obtienen por lo general la aprobación de la Dirección General del INEM.

Por otra parte, las mencionadas fuentes insistieron en la necesidad de proceder a una reforma urgente del actual sistema de empleo comunitario. Los criterios con que se adjudican los fondos carecen de un mínimo rigor. Según el listado de las transferencias efectuadas en 1982, no parece que el número de parados sea un factor determinante a la hora de enviar los fondos. Y en algunos casos, influye más la presión que puedan efectuar determinadas provincias que las necesidades reales de cada una.

Sevilla -que ha recibido, durante 1982, 2.487 millones de pesetas- tenía en el mes de abril un paro agrario registrado de 8.809. Badajoz, en la misma fecha, sumaba los 20.500, pero sólo había recibido en los cinco primeros meses del año poco más de 1.400 millones de pesetas. Otro agravio comparativo se da entre Cáceres, Cádiz. La primera de estas provincias registraba un paro agrario en el mes de abril de 4.376, frente a 3.437 parados en Cádiz. Sin embargo, Cádiz ha recibido casi mil millones de pesetas más que la provincia de Cáceres.

Agravios comparativos

Otras provincias, fuera de las regiones andaluzas y extremeñas, han tenido peor suerte. Albacete, con 2.140 parados del campo, ha obtenido treinta millones de pesetas del empleo comunitario. Ciudad Real, con 6.385 parados agrarios registrados percibió sólo 85 millones de pesetas; Murcia registraba en abril 1.954 parados en el campo y sólo ha recibido hasta ahora diez millones de pesetas. Sorprende, sin embargo, que a Zamora, con 119 desempleados agrarios, le hayan sido transferidos veinte millones, mientras que otras provincias españolas con índices de paro más altos no han recibido nada.

A los casos de Las Palmas y Pontevedra ya citados habría que sumar el de La Coruña, que tiene un paro registrado en el sector agrario de 1.571 personas y que no ha sido agraciada con la lotería del empleo comunitario.

En medios de la Administración admitieron la posibilidad de que en la distribución de los fondos del empleo comunitario esté influyendo el miedo al "estallido tradicional" de determinadas regiones, más que criterios de pura justicia distributiva. En este sentido, se comentó que, cuando se ha intentado realizar el censo agrario para distribuir los fondos del empleo comunitario, hubo zonas enteras que se negaron a realizar el censo, adoptando posturas de presión.

Pregunta de UGT

Fuentes de UGT, consultadas por este periódico señalaron ayer que el tema resultaba preocupante y que la central socialista había remitido una pregunta al INEM interesándose por los criterios que habían llevado a este organismo a conceder a Baleares veinte millones de pesetas, cuando el paro registrado en el sector agrario era de sólo once trabajadores.

En su pregunta, UGT señala que en 1981 no se remitieron fondos a esta provincia y que la evolución de su desempleo agrario había sido durante 1982 de ocho parados en enero, ocho en febrero, nueve en marzo y once en abril. Al mismo tiempo, indica que en ese mismo mes (abril) se transfirieron veinte millones de pesetas a Zamora y diez millones a Avila, cuando la primera provincia tenía un paro agrario registrado de 119 y Avila de 1.163.

UGT pregunta al INEM qué criterios se han seguido para transferir dichos fondos a Baleares y en base a qué indicadores de desempleo se transfirieron los veinte millones. También pregunta si los fondos se destinaron exclusivamente a desempleados agrarios, qué jornales se pagaron, cuántos días al mes, cuál fue el coste de las obras en caso de que se realizaran, y cuál fue, en este caso, el coste de los materiales.

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