_
_
_
_
_
Tribuna:TRIBUNA LIBRE
Tribuna
Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las tribunas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

El ejercicio de la arquitectura en la democracia

La arquitectura en la incipiente democracia en España no ofrece, por el momento, expectativas optimistas. Se argumentará, y es cierto, que el tiempo es aún escaso, pese a los cambios efectuados, pero las omisiones y algunos proyectos para el espacio público reclaman con urgencia una mirada menos superficial y más atenta para la orientación de la arquitectura de una sociedad en libertad.¿Qué ocurre con la arquitectura en España? ¿Por qué tanta indiferencia? ¿Qué sucede en la institución de los arquitectos? Tres cuestiones entre otras múltiples que enmarcan un problema y un debate como programa de Estado, problema y debate que necesitan de la atención del poder democrático para conseguir ordenar y encauzar los cambios que le son intrínsecos a un proceso tan decisivo como ha de ser la construcción del espacio arquitectónico, tanto público como privado.

La arquitectura y la ciencia urbana son instrumentos decisivos en la formalización del espacio para la comunidad; la gestión pública de la arquitectura no puede, ni debe, ser una responsabilidad asignada a la competencia de los arquitectos, sí realmente queremos edificar el espacio de una sociedad que desea otorgarse el derecho a la libertad y configurar los lugares para la convivencia.

Arquitectura sin cualidad

Es cierto, y parece que no son muchos los argumentos necesarios a esgrimir, que las estructuras productivas del espacio urbano en el país provienen de una arquitectura sin cualidad y sin atributos, que su dimensión física es un producto dependiente del lucro como principio y fin económico, que su cualidad ambiental es subsidiaria de una mediocridad formal enajenada. ¿Podría ser otra la arquitectura con premisas semejantes?.

Las relaciones entre la administración política de la ciudad y la cultura arquitectónico-urbanística patentizan de manera elocuente las contradicciones entre forma y contenido, entre los valores asignados al suelo como mercancía y el sentido del lugar. Esta malversación ha dado como resultado la anticiudad. El espacio como lugar de referencias, como ámbito de lo habitable, como hecho cultural, como reducto de lo necesario para vivir, no existe; estas generalizaciones críticas no son axiomas teóricos, sino constataciones cotidianas.

La democratización de un pueblo consiste primordialmente en recuperar su derecho a entender, resolver y hacerse cargo de sus problemas. Imaginar la nueva ciudad y hacerla comprensible es un reto y un programa para la acción política, porque el asalto a la razón urbana que sufrió el espacio de la ciudad con tan despiadada crueldad debe ser superado por una cultura urbana que permita entender y comprender la razón de ser de la arquitectura.

El político ha de tomar partido más allá de las consignas de sus agrupaciones ideológicas, por cuál modelo de ciudad, hacia qué arquitectura, ya que no puede seguir eludiendo la responsabilidad de sus decisiones en la construcción física del espacio. La arquitectura de la ciudad sigue siendo cosa de promotores, urbanistas y arquitectos, y precisamente la novedad política del sistema democrático es el poder conferir, a través de la imaginación y la libertad, soluciones más crealoras para las dificultades más urgentes, modificando las funciones, las formas y los modos de expresión. La democracia, sin la belleza que implica una estructura de orden, se transforma en un episodio que relata simulacros.

La indiferencia por la arquitectura nace de las propias instituciones del poder, indiferencia e ignorancia de la que es solidaria la insensibilidad por entender el espacio y disfrutarlo.

¿Podemos esperar de nuestros diputados que las leyes que formulan tiendan a introducir un concepto de espacio nuevo en el ámbito de una arquitectura de la democracia? ¿O la insensibilidad en la que estamos inmersos no les permitirá percibir el malestar de la ciudad? La indiferencia por la arquitectura es producto de la insensibilidad hacia el espacio de toda una colectividad, el hombre de nuestras ciudades vive la arquitectura de tal manera que a veces parece que su propia presencia fuera innecesaria.

Progreso sin ruptura

Si el modelo aceptado por la mayoría es la de ordenar un progreso sin rupturas, una de las características de este nuevo orden sería la de rescatar la arquitectura, demasiado prostituida por el mercantilismo industrial moderno, y situarla en el lugar que le corresponde, el de ser uno de los proyectos del trabajo del hombre destinado a crear lugares para la convivencía.

Al desarrollo de una culturización urbana y una sensibilización por entender el espacio, tanto del ciudadano como del político práctico, corresponde, en paralelo, un cambio radical en la estructura interna que rige la institución de los arquitectos. Estas corporaciones gremiales, colegios de arquitectos, han eludido, por razones diversas, su incorporación a la realidad social, política, económica y tecnológica del país.

La estrategia esbozada para mantener sus privilegios les ha impedido descubrir el papel innovador que el arquitecto tiene asignado en la construccion del espacio en las sociedades modernas. Su miopía histórica hace de estas instituciones, en origen democráticas, que sus programas no sean más que pura referencia a sus contingencias más inmediatas. ¿Tienen capacidad estas corporaciones gremiales para analizar y responder al nuevo modelo de nuestra sociedad en transición? ¿Es el lugar idóneo el estamento colegial para un debate cultural, laboral y pedagógico?

Dos grandes corrientes ideológicas surgen en el seno de la propia clase profesional de los arquitectos. Una, cuyos esfuerzos se dirigen a mantener los privilegios heredados, ignorando a otra, una nueva clase que solicita un cambio cualitativo en los fines y en los medios de la institución colegiada. Ambas requieren de la institución gremial un sitio para el debate y la superación de estos problemas, entre los que son evidentes algunas de las siguientes cuestiones: las demandas de las elites culturales intentando incorporar las tendencias y vanguardias, los nuevos métodos de enseñanza, el control de los macroestudios de arquitectura, las nuevas formas de contrato laboral dentro de la empresa, integración de otros profesionales, urbanistas, ingenieros, economistas, sociólogos, arqueólogos, historiadores..., ingreso en el Mercado Común Europeo, asimilación de un sector cada día más numeroso de un auténtico proletariado titulado, sin trabajo cualificado y desclasado dentro de una aparente igualdad profesional, y, por último, el verdadero conflicto que subyace en todas estas cuestiones generalizadas: la definición y defimitación del verdadero rol del arquitecto en la sociedad española actual.

Destino social

Porque a nadie se le oculta que no es la modificación de unos estatutos en la administración de los colegios profesionales, como no es un cambio más en los métodos pedagógicos de las escuelas donde está inscrito el conflicto, sino en el destino social que tiene que asumir el arquitecto como constructor de la realidad espacial.

La inoperatividad del arquitecto como profesional en el plano de la cultura de nuestro tiempo es algo evidente. La pérdida de su identidad profesional, su frustración intelectual, el haber ejercido su trabajo durante tanto tiempo como legalizador de la corrupción, y el percibir y gozar de unos privilegios basante singulares con respecto a otras competencias y conocimientos técnicos, en los que no decide, aunque garantice su responsabilidad, son aspectos manifiestos de la crisis de una profesión inmersa en los conflictos de sus propias contradicciones.

Tal vez desde una perspectiva que recupere elsentido moral y de conocimiento que el arquitecto debe asumir en la democracia estas organizaciones colegiales puedan extirpar los defectos de un profesionalismo mal entendido. Los colegios de arquitectos no pueden resolver problemas que desbordan la capacidad de personas concretas, pero en la situación actual pueden, ser lugares que permitan ayudar a realizar el necesario cambio de un modo más racional, tanto en sus aspectos corporativos como sociales.

Las contradicciones de la arquitectura no se resuelven mediante el exclusivo uso de la forma, sino transformando el espacio del hombre aun a riesgo del error, porque, como enseña la ciencia y la experiencia de la historia, en un proceso en evolución, como es el de la arquitectura en la democracia, la incidencia de errores de interpretación no altera tanto la evolución del proceso, cuando estos errores pueden ser elaborados en el discurso de la colectividad.

Antonio Fernández Alba es catedrático de Elementos de Composición en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid.

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
_

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_