El premio
EL MINISTERIO de Hacienda afirma que merece la pena rellenar bien la declaración del impuesto general de la renta de las personas físicas. Otros mensajes de los organismos recaudadores recuerdan, en un tono mitad moralizante y mitad amenazante, la necesidad de que todos los españoles cumplamos con este deber colectivo. En nuestro país los deberes impositivos no han gozado a lo largo de la historia de una buena acogida de los ciudadanos, y últimamente, desde la llegada del sistema de libertades, sé ha registrado un serio avance en este capital terreno de la vida colectiva de un país desarrollado. Pero, a lo que parece, el Gobierno ha decidido con sus actos descarriar a los ciudadanos del camino del pago de sus impuestos y prefiere ofrecerles ejemplos que reblandezcan su conciencia fiscal y convertir en una subida al Gólgota el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.Así las cosas, en el último Consejo de Ministros se ha concedido la gran placa de la Telecomunicación al presidente de la Compañía Telefónica Nacional de España, Salvador Sánchez Terán, por su labor al frente de esta compañía privada durante muchos años (sic), si son fiables las manifestaciones del secretario de Estado para la información en la habitual conferencia de Prensa que se celebra tras las reuniones del Ejecutivo.
Sabemos que los criterios de tiempo y lugar son siempre relativos pero hasta ahora habíamos pensado que un año y medio -el diputado de UCD por Salamanca pasé a la presidencia de Telefónica el 21 de noviembre de 1980- no era lo que se suele llamar en la pomposa literatura oficial una dilatada etapa de servicios. Pero hay más. Parece mentira, o mejor, producto de una alucinación pasajera del Gobierno premiar la gestión del máximo responsable de la central de Ríos Rosas a las dos semanas escasas del atentado que colapsó las comunicaciones de todo el Estado.
El presidente del Gobierno y el ministro del Interior han reconocido en el Parlamento que el estratégico centro de comunicaciones no contaba con la protección suficiente, y el plan especial de seguridad del Mundial no se aplicó a esa central como en principio estaba previsto. Los empresarios, las entidades de crédito y los ciudadanos en general estamos padeciendo todavía las secuelas del salvaje atentado y nos desayunamos que se premia la gestión del máximo responsable de la Compañía Telefónica. Mientras tanto, los trabajadores y técnicos de la compañía con disponibilidad y dedicación dignas de elogio se esfuerzan por restablecer los servicios, sin que precisamente sus desvelos puedan llegar a merecer distinciones o prebendas. Eso sí, voluntariamente han prolongado sus turnos y suprimido las libranzas a fin de compensar con su esfuerzo los errores de quienes con gran generosidad remuneratoria ocupan los altos cargos de responsabilidad.
Esta es, sencillamente la lectura que se puede seguir de los hechos y que parece toda una falta de respeto para los contribuyentes españoles, en capilla de rellenar sus declaraciones de la renta, o una pesada broma del mal gusto. En definitiva, estas acciones no hacen sino restar credibilidad al Ejecutivo frente a los ciudadanos en general, que por muy dilatada que tengan su capacidad de comprensión no terminarán de entender el sentido de las condecoraciones oficiales del estado moderno. Las compañías de seguro, que tendrán que hacer frente a unos 3.000 millones de pesetas de siniestro, y los tenedores de matildes se encontrarán de pronto sometidos a la constelación del absurdo.
