Cara y cruz de la LAU / 2
Decíamos ayer que la universidad española requería, inexcusablemente, una ley básica ordenadora para el funcionamiento racional de su actividad, y que el proyecto de LAU, con todos sus defectos, podría haber llegado a cumplir esta misión. La autonomía no se lograría automáticamente, pero si hubiéramos ido acercándonos paulatinamente a ella. La retirada del proyecto de ley vuelve a dejar las cosas en la desastrosa situación en que se encontraban. Sin querer hacer una elegía de las virtudes de un proyecto frustrado, creo que es conveniente recordar los problemas que siguen planteados, y cómo la LAU podría haberlos resuelto con soluciones que no distarán mucho de las que se puedan tomar en el futuro, habiéndose perdido, eso sí, varios años.
Profesionalización de la universidad. Nadie duda de que él requisito fundamental para la calidad de una universidad se basa fundamentalmente en la calidad de sus profesores, los cuales, al margen de ser seleccionados en base a sus méritos y capacidad, tendrían que dedicarse exclusivamente, al menos la mayoría, a la universidad. El proyecto de LAU recogía este principio y consagraba de manera inequívoca tal exigencia, lo cual, quizá, sea la auténtica clave de lo que ha ocurrido. Hasta el punto incluso de que, aun admitiendo la existencia de profesores que no adoptaran la dedicación exclusiva, sólo podrían tener cargos académicos los que poseyesen este nivel de dedicación. Se profesionalizaría así la universidad, con la consecuente repercusión en la mejora de la enseñanza y de la investigación. Claro está que tal medida debería ir aconipañada de una mejora sustancial de los actuales sueldos para aquellos que sólo hagan de la universidad su medio de vida.Competitividad entre universidades. Para bien o para mal, el actual caos organizativo de la universidad en España ha logrado igualar a todas las universidades: todas funcionan igual de mal. Sin embargo, parece lógico que el estímulo de la competencia entre las diversas universidades de un país redunde en un nivel mayor de todas, y especialmente de algunas. En todos los países occidentales hay universidades que funcionan bien, regular y mal. Ello es una de las consecuencias de la autonomía y tiene una clari repercusión en el distinto valor social que se atribuye a los títulos, diplomas que conceden.
El proyecto de LAU entraba, en mi opinión, en esta mecánica, aunque fuese difícil de vislumbrar, y así la competitividad entre las universidades futuras haría también que se estableciera en España, como ocurre en todos los países civilizados, un ranking de calidad entre ellas. Por eso las universidades de campanario, que muchos consideran que favorecería la LAU, no tendrían mucho porvenir en España, siempre que fuese posible, como también reconocería el proyecto que sean los alumnos los que elijan la universidad que desean y no haya una inscripción obligatoria. Es más, se señalaba en el mismo que el Gobierno podría cerrar los establecimientos docentes que no contaran con un mínimo número de alumnos. De ahí que, en teoría -en la práctica, todo puede ocurrir en este país -, las universidades deberían cuidar al máximo la selección de su profesorado, a fin de alcanzar la reputación necesaria para que acuda el alumnado.
Modernización de la selección del profesorado. El viejo y sanguinario sistema español de las oposiciones, que en algún momento pudo ser útil y de valor, no responde ya hoy a criterios de objetividad y de nivel científico. No merece la pena poner ejemplos, pues todo el mundo conoce casos de arbitrariedades, en las que juegan intereses de escuelas, ejercicios caciquiles, odios personales o miopía científica por parte de los jueces de la oposición. Amén de la esterilidad misma que representan los años perdidos, en plena neurosis, para preparar los ejercicios de las oposiciones. Ciertamente que ningún sistema de reclutamiento es perfecto, pero el sistema que adoptaba la LAU introducía elementos de racionalidad al haber optado por el sistema dé la habilitación, al permitir la contratación de profesores que tengan acreditada su valía y al reducir las innumerables categorías de profesores existentes hoy. En este sentido, y como forma última de control, se podría establecer un recurso de enjuiciamiento de méritos para los casos en que se considere que una universidad ha operado con arbitrariedad para la selección del profesorado y que podría ser ejercido por el Consejo de Universidades. Por lo demás, el proyecto establecía también los criterios para cubrir periódicamente, mediante plazos, las vacantes que se vayan produciendo, lo cual es importante a la vista de lo que sucede hoy.
Flexibilización de la enseñanza. Uno de los males de nuestra universidad es que se encuentra petrificada en referencia a los planes de estudios. Es muy difícil crear hoy nuevas materias que surgen por imperativos de los tiempos, a causa de la centralización y omnipotencia que ejerce el Ministerio. Un mundo tecnificado y cambiante como es el que vivimos requiere una agilización y modernización de las materias que se deben enseñar.
Hasta ahora, eso era imposible o excepcionalmente difícil. Por el contrario, el proyecto de la LAU permitía que cada universidad, dentro de unos parámetros generales, flexibilizara la enseñanza de las materias y fuera adecuando, según sus deseos, los planes de estudio. Al mismo tiempo que posibilitaba que los alumnos, en función de la previsible variedad de ofertas, puedieran elegir, según sus méritos y la capacidad de cada universidad, el centro que desearan.
Y, en idéntica orientación, es loable, al menos en el papel, que se declarase que la biblioteca de cada universidad constituye la unidad básica para la enseñanza y la investigación, cuando precisamente la tendencia de todos estos últimos años ha sido la de crear universidades en el BOE sin contar previamente con profesores y con un mínimo indispensable e inicial de volúmenes.
También es de resaltar que el proyecto sentaba las pautas necesarias para la creación de institutos especializados, indispensables hoy para profundizar en materias de especial relevancia. Así, baste señalar como algunos de esos ejemplos la creación de un Instituto de Estudios Africanos, de un Instituto de Estudios Militares o de un Instituto de Derecho Parlamentario, materias todas ellas que deberían entrar en la universidad por diferentes razones.
Sin insistir en más temas, resulta curioso que de estas virtudes de la LAU nadie ha hablado y la mayoría de los opinantes, por el contrario, no insistían más que en sus sedicentes defectos. Baste citar, por ejemplo, el caso de la bochornosa carta de algunos catedráticos numerarios, la cual constituye más bien un exabrupto incontenido que una crítica responsable y constructiva sobre un proyecto que, por estar todavía en sede parlamentaria, podía haber sido corregido y mejorado. Resulta paradójico constatar que el posible valor de algunas de las críticas que exponen los catedráticos firmantes -muchos de los cuales han sido probablentente manipulados en su buena fe- carecen de legitimidad desde el momento en que, atacando reivindicaciones gremialistas, ellos mismos inciden en tal pecado. ¿Es que sólo son los catedráticos los únicos que velan por la pureza universitaria? ¿Por qué no han ampliado su denuncia con la firma de profesores agregados, adjuntos o ayudantes, que también desean una universidad mejor? ¿No será que ven en peligro su posición preeminente en una universidad que descansa todavía en los postulados jerárquicos del régimen anterior?
