El extrañamiento y los ciudadanos extrañados
EL EXTRAÑAMIENTO es una figura histórica de destierro, del territorio del Estado encontrable en las antiguas nóminas del castigo penal en nuestros códigos, pero que desapareció desde la implantación del régimen democrático. Sin embargo, al paso que vamos, a lo mejor es preciso reimplantarla dado el desarrollo de la causa contra los acusados de rebelión militar del 23-F. Extrañadísimos estamos los españoles, por ejemplo, del pacto del capó, suscrito, por lo que se ve, verbalmente en la noche del golpe fracasado y que ahora se quiere hacer valer ante el tribunal, no para procesar a todos los que tomaron el, Congreso por las armas, como parecía de rigor, sino para tratar de exculpar a algunos: los tenientes de la Guardia. Civil, por supuestos agravios comparativos respecto a los oficiales de igual graduación de la Acorazada. En esto de los agravios parece que alguien no está teniendo en cuenta que el honor y el sentimiento del pueblo español, salvajemente agredidos en la figura de sus representantes en Cortes, también pueden sentirse agraviados ante la sensación de que algo sigue sin funcionar en el juicio de Campamento. El pacto del capó, políticamente comprensible, en tanto que se trataba de liberar a unos rehenes secuestrados por el terror de las armas, es jurídicamente nulo, toda vez que fue hecho bajo coacción evidente. Esto lo entiende cualquiera. Por tanto, la insistencia en el tema por parte de abogados defensores y algunos testigos sólo puede tener el inadmisible objetivo de que se acepte como fuente de derecho lo que sólo fue fruto de la violencia. Aceptar el pacto del capó sería tanto como exculpar a los secuestradores del industrial Suñer por el simple hecho de que le dejaron en libertad después de pagar el rescate. Lo primero es liberar al rehén de la mejor de las maneras posibles. Lo segundo, perseguir, capturar y condenar a los culpables, y recuperar el rescate si es posible. Por lo demás, ni se puede ni se debe hablar de capitulación -evocando gestas bélicas sublimes frente a la patochada infumable del Congreso- cuando no existía un estado de guerra en este país, sino sólo una vulneración evidente y brutal de la legalidad.Este juicio, en el que ya a diario faltan tres o cuatro procesados, en el que el único expulsado de la sala ha sido un periodista que no alborotó, cuando tantos otros han alborotado sin sanción visible, y del que a veces se desprende la duda metafísica de si alguna vez existió un intento de golpe de Estado en este país, y si la noche del 23 de febrero fue farsa o realidad, este juicio -decimos- empieza a ser motivo de extrañamiento general, al que sólo el tedio de su duración logra poner sordina. De las declaraciones de varios ministros del Gobierno se desprende la sensación de que ha de ser el resultado de la vista lo que merezca o no la extrañeza final de la opinión pública. Se nos permitirá al menos señalar, sin incurrir en desacato, que nos ha parecido raro que se ponga en libertad provisional a un procesado en medio del desarrollo de la vista oral. Raro, decimos, por lo poco frecuente del suceso y porque, si es cierto que el acusado había cumplido gran parte de la pena que solicitaba el fiscal, de la medida parece desprenderse una presunción de que éste no ha de cambiar sus conclusiones al final de la vista y después de la prueba testifical. La atipicidad de la jurisdicción especial militar no permite comparaciones posibles con aquellos procesados por delitos comunes que cumplen a veces prisión preventiva por mayor número de tiempo del que son luego condenados. Pero todas estas cosas están contribuyendo a dar un aspecto exótico al juicio de Campamento, muy poco conveniente para la imagen de la justicia en general y para el devenir político español en particular. Y en este sentido no estaría de más que el Consejo General de la Abogacía, tan generoso en sus declaraciones para con los defensores de esta causa, hiciera también público algún comunicado que despeje las dudas sobre cuáles son los procedimientos y la imagen que de su profesión desean tener los abogados españoles, y si aquéllos y ésta coinciden con la que se despeña -más que desprenderse- de la actuación de la mayoría de la defensa en la vista del 23F.
