Indignación en Andalucía por la muerte de un jornalero por disparos de la Guardia Civil

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Un dato no suficientemente contrastado en fuentes oficiales indica que la señora que denunció a los ladrones había conseguido arrancar el tubo de la gasolina de la moto que ambos conducían, conocido en la zona por el macarrón, y entregarlo a la Guardia Civil en el momento de presentar la denuncia. Sin embargo, en la motocicleta en la que viajaban las dos víctimas de los disparos, el tubo en cuestión estaba intacto. También rechazan los vecinos la imputación gubernativa de que el vehículo circulaba a velocidad superior a la normal, puntualizando varios testigos que iba a menos de 30 kilómetros por hora.

De acuerdo con los testigos presenciales, el guardia civil de servicio en la puerta del cuartel debió estimar que los jóvenes lebrijanos eran los rateros denunciados y salió en su persecución. Tras darles el alto y realizar un disparo al aire, volvió a disparar por tres veces con su pistola en dirección a los ocupantes de la moto, que no se habían detenido, hiriendo mortalmente por la espalda a Ignacio Montoya, que iba como paquete. La explicación más generalizada al hecho de que los jóvenes no se detuviesen es el temor a ser multados por viajar, contra la ley, en una motocicleta de 49 centímetros cúbicos.

Según pudo saber EL PAIS en fuentes solventes, el autor de los disparos fue el guardia civil Juan Macías Morante, propietario de un vehículo con matrícula de Bilbao. Se dio la circunstancia, por otra parte, de que, por ser hora de entrada en los colegios y de salida de autobuses en dirección a Jerez y Sevilla desde el bar Manolo, próximo al lugar del incidente, numerosos vecinos y escolares de Trebujena vivieron directamente los hechos.

Una vez perdido el control de la moto por su conductor, el autor de los disparos se acercó rápidamente al lugar donde se encontraban, en la calle de Moreno de Mora, y ordenó a un ciclista: "Tú, ocúpate de éste, que yo me llevo al otro al cuartel" y a continuación cogió al herido por la nuca y llevándole casi arrastras hasta que se percató de que también había sido alcanzado por las balas. El herido iba diciendo: "Nos han pegado dos tiros, y nosotros venimos del campo, de rebuscar". La forma en que el guardia civil le trató provocó indignación entre los vecinos que iban acudiendo, uno de los cuales llegó a decir al guardia: "¿Encima lo vas a llevar al cuartel?" y profirió un insulto. Más tarde, un teniente de la Guardia Civil, desplazado al pueblo, tuvo que retirarse a petición del alcalde, ante las constantes agresiones verbales de que fue objeto.

Ignacio Montoya falleció apenas un par de minutos después de caer de la moto, mientras el médico local estaba tratando de reanimarle. El juez de instrucción ordenó el traslado de su cadáver a Sanlúcar de Barrameda, donde a mediodía de ayer se le practicó la autopsia, después de que el forense solicitase, en previsión de futuras complicaciones, que el catedrático sevillano Luis Frontela realizase con él la operación. Ayer por la tarde se efectuó el entierro en medio de una impresionante manifestación de duelo, que finalizó al anochecer. Asistieron varios miles de personas de Lebrija y los pueblos colindantes, en particular Trebujena.

En el lugar en que murió Montoya, donde podían verse dos largos regueros de sangre, fueron depositadas ayer varias coronas de flores. Tanto en Trebujena como en Lebríja, los vecinos se concentraron desde primera hora de la mañana ante los respectivos ayuntamientos, siendo informados por los alcaldes de las últimas noticias en relación con el caso. En esta última población, amanecieron numerosas pintadas contra la Guardia Civil, mientras que las banderas nacional, andaluza y local estaban a media asta y luciendo crespones negros en los balcones del Ayuntamiento. Muchos jóvenes lebrijanos llevaban también claveles rojos atados con lazos negros en sus brazos.

Fuerte sanción

En relación con estos actos de protesta, hay que indicar que José María Sanz Pastor, gobernador civil de Sevilla -provincia a la que pertenece Lebrija- ha impuesto al alcalde una multa de 500.000 pesetas por colocar un crespón negro en la bandera nacional. Al propio tiempo advirtió que los comerciantes que cerrasen sus establecimientos serían sancionados con multas de 250.000 pesetas y apertura de expediente para posible cierre definitivo. El cierre voluntario fue, no obstante, total en Lebrija. Al conocer estas sanciones a través de una emisora de radio, el alcalde de Lebrija, Antonio Torres, denunció por los altavoces de la plaza: "El gobernador no quiere ni que expresemos el dolor por la muerte de nuestro compañero. Desde aquí, le digo que se calle y nos respete".

El gobernador de Sevilla decidió también remitir al ministerio fiscal, por si fuera constitutiva de delito, la moción aprobada por el Ayuntamiento lebrijano, a propuesta del propio alcalde, en la que el suceso es calificado de crimen y se exige la depuración "de todos los elementos fascistas que continúen actuando dentro de los cuerpos de seguridad del Estado". La moción fue aprobada unánimemente por los concejales del PAU-PTA, PSOE, PCA y UCD presentes en el pleno municipal.

Es de resaltar que el Ayuntamiento de Trebuiena, incluido en la provincia de Cádiz, también consideró un crimen el incidente y distribuyó entre los vecinos un llamamiento a la huelga general en el que se usa dicha calificación. El alcalde de esta localidad, Juan Oliveros, declaró a EL PAIS que había conversado telefónicamente con el gobernador civil de Cádiz para manifestarle su total desacuerdo con el contenido de la nota oficial facilitada el martes, sin que el representante del Gobierno en la provincia le advirtiese sobre la posibilidad de sanciones por su actitud. Por parte del Gobierno Civil de Cádiz no se ha facilitado ninguna información distinta a laya aludida nota oficial. Según Oliveros el gobernador le encareció sólo que en las manifestaciones de protesta no se produjese ninguna actitud de provocación hacia la Guardia Civil. Todos los efectivos de este cuerpo permanecieron durante la jornada de ayer en su cuartel.