Los fantasmas del pasado
El fracaso de las políticas económicas convencionales para hacer frente a la crisis económica internacional ha revitalizado la pugna entre los seguidores del liberalismo y los partidarios del intervencionismo estatal. La tendencia casi automática a aplicar medidas proteccionistas, cuando cunde la adversidad en las economías nacionales, provocó hace tres semanas una importante discusión en Davos (Suiza), donde los tres máximos responsables de las principales organizaciones económicas internacionales (OCDE, FMI y GATT) se dirigieron a quinientos empresarios y treinta ministros de países miembros para alertar sobre los, peligros que acechan al libre comercio y al sistema de pagos internacionales. La plena dejación. al juego libre del mercado o el recurso a una mayor intervención estatal a través de medidas defensivas fiscales, monetarias o ampliando la acción productiva del sector público son los dos extremos de la controversia que busca soluciones para remediar la crisis económica. En el debate que ofrece estas páginas, un neto defensor del mercado libre (Pedro Schwartz), un partidario de un "liberalismo modesto" (Luis Angel Rojo) y un colectivo que preconiza una intervención racional y democrática del Estado (Arturo López Muñoz) ofrecen con sus opiniones el reflejo de la polémica internacional que hoy suscita el diagnóstico y tratamiento de la depresión económica.Cuando más necesaria se hace la presencia de un sector público vigoroso y eficiente para afrontar la crisis económica de la España democrática, más arrecian los ataques a la intervención estatal y las proclamas neoliberales; 1981 ha sido a este respecto un año ciertamente ilustrativo. Pero desde posiciones que se fijen metas de progreso y avance histórico de la sociedad actual, no pueden combatirse las mistificaciones -a falta de inventos y aventuras- de los Silvestre Paradox del liberalismo español sin comenzar reconociendo el atractivo que puede tener en determinados sectores de opinión el mensaje liberal, en cuanto mensaje antiintervencionista. Sencillamente: por los excesos ineficientes largo tiempo mantenidos de la política económica intervencionista española. Una política económica -hay que constatarlo, si se contempla el tema con cierto alcance retrospectivo- tan simplista en su concepción general cuanto complicada en su instrumentación concreta, producto hasta cierto punto de una caótica mezcla de simplismo arbitrista y voluntarismo regeneracionista. Una política económica que casi siempre se ha justificado en la necesidad de evitar competencias estériles, pero que ha tenido en el miedo al mercado el elemento definidor más acusado. Una política económica, en fin, combinación de las actitudes defensivas empresariales y de las prácticas de una administración pública apegada por tradición a resortes y sistemas de funcionamiento propiamente corporativos.Las viejas prácticas y su continuidad
El intervencionismo económico en España ha tenido, en suma, y a lo largo de casi todo el siglo XX, una serie de rasgos dominantes que no pueden silenciarse. En un breve y apretado resumen podrían destacarse, al menos, cuatro características.
En primer lugar, ha sido un intervencionismo caracterizado por su intensidad y extensión. Por su amplitud, en una palabra. No hay prácticamente un sector de la economía española que quede al margen de una legislación tan copiosa como de difícil aplicación. Una práctica intervencionista que no ha sido tanto el resultado del avance del sector público en una economía moderna cuanto de su prolongación desordenada y arbitraria en una estructura industrial todavía frágil, que ha requerido regularmente del paternalismo tradicional del Estado.
Desde su consagración legal como instrumento básico de la política económica, con la dictadura de Primo de Rivera, el intervencionismo español no se presenta como el desarrollo de un sector público con objetivos racionalizadores, sino como una anticuada maquinaria que acude a satisfacer cuantas demandas solicita una industria incapaz de afrontar, especialmente en períodos de crisis económica, una creciente competencia.
La segunda característica es precisamente el alto grado de ineficacia de dicho intervencionismo. La amplitud del mismo tiene como efecto, en muchas ocasiones, generar una mayor rigidez de la estructura productiva. El corsé corporativista del que en tantas ocasiones se ha hablado con relación al capitalismo español, no es una metáfora gratuita. Con frecuencia, los niveles de protección que se conceden a un sector de intervención son neutralizados parcialmente por medidas similares de efectos contrarios. Todo ello, agravado por la ausencia de coordinación, que ha convertido la actuación del Estado en una práctica contradictoria que, tratando de promover beneficios, termina, sin embargo, por generar costes crecientes para todo el sistema.
En tercer lugar, la intervención estatal ha contribuido decisivamente a aumentar el grado de concentración y la proliferación de las prácticas monopolistas. Son muchas las disposiciones administrativas que han multiplicado la interposición de barreras de entrada a posibles nuevos competidores, creando reservas especiales o auténticos statu quo sectoriales, entre los cuales el establecido para el sector financiero ha sido referencia obligada para otras muchas actividades económicas.
Por último, ese intervencionismo económico que se practica en la economía española se caracteriza también por su falta de transparencia y su escaso control social, hasta e¡ punto que, sólo parcialmente, pueden valorarse sus resultados o cuantificarse sus efectos en términos coste / beneficios a nivel sectorial o espacial.
Más transparencia, más control social
¿Se comprende, a la vista de estos rasgos del intervencionismo económico en España, el atractivo que puede tener cualquier mensaje liberal, por simplificado, tópico y burdo que sea? Sobre todo si se oculta -como lo hacen quienes hoy predican el nuevo evangelio y, particularmente, los conversos- un dato fundamental: que el intervencionismo descrito no se ha practicado en la mayor parte de los casos contra o forzando la voluntad de los empresarios, o de muchos empresarios, sino como consecuencia precisamente de sus requerimientos al Estado. En esas constantes demandas impuestas por patronales y grupos de presión, y no tanto en una supuesta malevolencia o incompetencia de funcionarios, hay que buscar la explicación de por qué el intervencionismo practicado en España puede considerarse, con no poca razón, como una suerte de caricatura grotesca de lo que es la intervención del sector público en una economía capitalista contemporánea.
En cualquier caso, una lección sí debe extraerse de la contemplación del problema en su perspectiva histórica: la primera exigencia que hoy ha de plantearse todo aquel que sea partidario de una vigorosa y eficiente presencia del sector público en la economía española no es tanto su extensión, o el recurso a nuevas intervenciones o nacionalizaciones, cuanto la profunda reforma de su sentido y de sus modalidades. Se trata de articular una intervención pública que no sólo supere las limitaciones y deficiencias del mercado en la asignación de recursos, sino que también contribuya a eliminar todas aquellas prácticas que distorsionan aún más su funcionamiento en favor de determinados grupos de intereses y centros de poder económico. Esa intervención debe ser, ante todo, transparente y diáfana; contrastada y controlada pública y socialmente. Y dirigida fundamentalmente a:
1. Satisfacer con mayor eficiencia y generalidad los servicios públicos (seguridad social, educación, transportes, cultura y administración, etcétera).
2. Impulsar un esfuerzo permanente de investigación e innovación, con programas de desarrollo tecnológico que permitan hacer frente a la creciente concurrencia internacional.
3. Promover y concertar las reformas estructurales que requiere la modernización del sistema productivo para adaptarse a las alteraciones de precios y costes relativos y a los cambios registrados en la demanda.
4. Impulsar una política eficaz de desarrollo regional, en colaboración con los entes autonómicos, que permita reducir los fuertes desequilibrios territoriales que han caracterizado la industrialización española a lo largo del siglo XX.
Así pues, la reforma del sector público y de la intervención estatal no pasa tanto por la extensión de sus cometidos para multiplicar rigideces e ineficacias con nuevas nacionalizaciones, por ahora estériles, cuanto por afrontar con voluntad y decisión un control efectivo y social de la propiedad pública, y una racionalización y democratización de todas sus actuaciones, para que sea capaz de asumir con eficiencia las múltiples tareas que tiene encomendadas en una sociedad moderna.
Arturo López Muñoz es el seudónimo colectivo de J. L. García Delgado, Juan Muñoz y Santiago Roldán, catedráticos de Estructura e Instituciones Económicas.
